José Luis Gómez Serrano
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La razón por la que los taxis de Uber pueden ser llamados piratas es exactamente la misma por la que la mariguana es una sustancia prohibida y en cambio el tabaco y el alcohol no lo son: la ley así lo dice, al menos en el caso de Aguascalientes, según nuestros funcionarios de la Secretaría de Gobierno. No es que la ley sea precisamente sabia y haya mirado en el porvenir que nuestra nación estará más fregada y más azotada por la violencia que lo que está ahora si se autoriza el uso de la mariguana, simplemente la ley está así porque los legisladores: 1) en su gran mayoría son improvisados que no conocen lo que es hacer una ley, 2) están sujetos a enormes presiones, tanto nacionales como externas, para dejar la mariguana como sustancia ilegal, 3) las leyes no importan mucho a los legisladores, lo que les interesa es amarrar el siguiente hueso. Nuestras leyes no son precisamente sabias, como lo muestra el parchadero que ha sufrido nuestra Constitución y la necesidad que observa el país de contratar cada seis años una nueva hornada de legisladores que deshagan los entuertos de la anterior legislatura.

Yo uso taxis cuando voy al DF, porque prefiero subirme a uno de ellos que manejar en esa ciudad. Antes utilizaba los tomados en la calle, los del hotel, o los que me llamaban en las oficinas de mis clientes al terminar la jornada. Los de la calle son vehículos chicos, en general no están en muy buenas condiciones –cuando me subo a uno de ellos pienso en los ruidos del motor o de la suspensión que voy a detectar-, el conductor puede ser amable o estar ensimismado en sus pensamientos, y no son muy baratos. Los de los sitios son taxis mejores, considerablemente más caros. Los del hotel pertenecen a unos caballeros que hacen su jornada estacionados frente a la entrada, platicando mientras esperan el pasaje y cobrando el triple que los de la calle, en coches de hace diez o doce años. En general manejan bien todos los taxistas que me han tocado conductores, salvo uno que fue a dar la vuelta hasta Peralvillo para dejarme en la Glorieta de Colón, y otro que tomó una serie de atajos, se metió en contra, se pasó varios altos e insultó a todos los que se le cruzaban, parecía judicial de la época de Díaz Ordaz y cobró cuatro veces lo que me cobra uno de la calle. “Es que yo soy de sitio, jefe”, me explicó con ese tonito de la Merced que usualmente me agrada, pero en esa ocasión me molestó. Cobró más o menos lo que cobran los taxis del aeropuerto, para que usted me entienda.

En cambio, todas las experiencias de Uber han sido satisfactorias, uniformemente satisfactorias. Es claro que la empresa se toma en serio su trabajo, instruye a sus conductores y les da reglas estandarizadas para su comportamiento: siempre son amables, siempre ofrecen una botellita de agua, dan a elegir la ruta, platican con discreción –es decir, esperan a que uno saque algún tema -, sus coches son modernos, huelen a limpio y la mayoría tienen asientos de cuero, creo que todos tienen aire acondicionado y le preguntan a uno si quiere o no quiere aire, así de caliente o un poco más fresco. Es sumamente fácil conseguir uno, ya que usualmente hay varios en la vecindad del punto de partida, la aplicación de Uber en el teléfono indica un estimado del tiempo de llegada (para recogerlo a uno y para llegar al destino), sigue en el mapa el movimiento del taxi y le da a uno la oportunidad de regañar al chofer si dio un rodeo para llegar a donde tenía que ir. El precio que yo he pagado es comparable al de un taxi tomado en la calle. Fiscalmente, oh maravilla de maravillas, Uber da facturas, y en cambio lo reto a usted a que consiga factura de cualquier otro taxi de la Ciudad de México.

En estas condiciones yo me pregunto qué puede perder la ciudadanía si se deja operar a Uber: buenos vehículos, servicio amable y eficiente, precio razonable; como diría Tere Martínez Mercado: ¿cuál es el bien jurídico que va a romperse si se les deja entrar?

Por otro lado, hay una pregunta pertinente al comparar el servicio normal de taxis con Uber. Cobran lo mismo en un lado y en otro, y el servicio y los vehículos son incomparablemente superiores en uno que en otro: ¿Por qué esa diferencia tan grande en calidad, teniendo precios semejantes? A los conductores de Uber que les he preguntado, me responden uniformemente: decidieron invertir dinero y comprar su propio taxi, otros estaban jubilados y sin trabajo y decidieron utilizar su coche personal para ser conductores, otros forman parte de un negocio familiar que tiene varias camionetas al servicio de Uber. Es decir, con lo que se cobra por el servicio normal, al taxista de Uber le alcanza para pagar su coche y obtener un sustento, y en cambio el taxista oficial, la mayoría de las veces “nada más lo trabaja”, lo que significa que cada día tiene que entregar una cantidad fija al dueño y el taxista se queda con lo que sobra. Creo la explicación más simple es que el dinero del taxi de Uber se distribuye entre dos: el chofer y la empresa, y en cambio el dinero del taxi común y corriente se distribuye entre muchos: el taxista, el dueño, el líder de la agrupación, el líder de la coalición, el abogado de la coalición, etc., hasta llegar a algún funcionario que tiene en sus facultades la de autorizar o no aquellos taxis. Claro que ese funcionario va a protestar si entra Uber, es como si ingresara competencia desleal para “su” negocio.

No creo que se vaya a romper ningún bien jurídico autorizando a Uber, sino le va a salir un agujero en el bolsillo a uno que otro funcionario.