Ya está en operación el organismo desconcentrado, denominado Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; los afectados serán asistidos por hechos delictivos y violación a sus derechos humanos, lo que permitirá la reparación integral.
Ello, por el anexo que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Se remitirán a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, las quejas que las víctimas presenten en contra del personal encargado de brindar el servicio de asesoría jurídica.
De acuerdo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, se debe proporcionar a las víctimas los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica de urgencia, y canalizarlos a la Secretaría General de Gobierno, a los servicios de asesoría jurídica gratuita.
La atención y protección de las víctimas estará a cargo de la Fiscalía y la Secretaría, que serán responsables de su aplicación; estas dependencias dispondrán de los recursos presupuestales asignados para tal fin, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.
Debe elaborarse y publicarse semestralmente el padrón de particulares en las áreas sicológicas, social, y de salud, que para efectos de atención inmediata sean contratados a favor de la víctima.
Se contará con el personal especializado en las áreas psicológica y social para el cumplimiento de las atribuciones que confiere la ley.
Las dependencias públicas estatales y municipales que puedan auxiliar en estos servicios, deberán hacerlo.
Cuando se otorgue protección a la víctima, la Fiscalía se subrogará los derechos a la reparación de los daños por el costo total de la protección otorgada en contra del obligado, o en su caso, de la compañía afianzadora o aseguradora, debiendo hacer los trámites inherentes ante la autoridad correspondiente, para la recuperación de los recursos erogados con cargo al Fondo.
En lo que resta del presente año, deberán realizarse las adecuaciones administrativas y reglamentarias necesarias, a fin de garantizar la operatividad de tales disposiciones citadas.