¿Y, A QUIÉN LE IMPORTA?

Por Jesús Álvarez Gutiérrez

Tal como temíamos, tanto los organismos públicos como los privados se han ajustado todos a la baja de la tasa de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto (PIB) no crecerá arriba del dos por ciento este año, es decir, pese a las reformas estructurales no alcanzaremos siquiera la tasa inercial de la última década y media. ¿Es importante esta noticia? Creo que sí. Significa que se posponen indefinidamente los sueños nacionales de elevar el salario, consolidar los sistemas de salud y seguridad universal, disminuir la desigualdad, erradicar el analfabetismo y la pobreza, y, en suma, garantizar los servicios básicos y los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Lo que sí ha crecido y mucho es la deuda pública. Representa ya la mitad del Producto Interno Bruto. Zedillo y Fox la dejaron cerca del 20%; con Calderón se disparó al 34% y ahora está llegando al 48.5%, por lo que calificadoras como Moody´s y Standards & Poor´s decidieron bajar de estable a negativa la perspectiva en el grado de inversión ganado por México con sus reformas. Es el resultado lógico de una baja recaudación fiscal (la carga recae casi exclusivamente sobre las clases medias) y un alto gasto público por concepto de pensiones, pago de intereses y gasto corriente. Pronto tendrán que anunciarse nuevos y dolorosos recortes al gasto para controlar el déficit, recortes que sin duda afectarán a la población más necesitada.
Y, ¿a quién le importa?
El Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 del Inegi –aunque con una metodología bastante más benigna que la de años anteriores– permite calcular qué tan pequeña es la franja de mexicanos que no es pobre ni sufre carencias: 29 millones, que representan el 24% de la población total. Tal vez ésta sea la mejor definición de clase media. Hay notables diferencias entre los estados: en Aguascalientes la proporción es del 33% (media nacional), contra el 44% en Nuevo León (el más alto), y el 6% en Guerrero (el más bajo).
El resto de la población, o sea la inmensa mayoría, sufre pobreza y es vulnerable por padecer una o varias carencias sociales: acceso insuficiente a la alimentación, a la vivienda, a los servicios básicos, a la salud, a la educación y a la seguridad social. El hambre es seguramente lo más grave. A nivel nacional, el 19% de los niños y jóvenes mexicanos padecen condiciones de “limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos tres meses”. En Guerrero llega al 33%. En Aguascalientes, al 16%.
Más de la mitad de los mexicanos sufren pobreza laboral, es decir, aunque trabajan y cuentan con un empleo formal, no les alcanza el sueldo para cubrir sus necesidades básicas. Cada día es mayor la proporción de mexicanos que ganan menos de uno y dos salarios mínimos, mientras que el salario mínimo sigue congelado porque el dogma dice que “no debe elevarse por decreto”.
Y, ¿a quién le importa?
Uno de los hallazgos más contundentes de los estudios recientes de la Fundación Espinosa Yglesias es que 50% de la población que nace pobre seguirá siendo tan pobre o más que sus padres, mientras que 80% de la población que nace rica seguirá siendo tan rica o más que sus padres. La esperanza de la movilidad social está en vías de desaparecer.
En el extremo inferior de la escala social se encuentran 28 millones de mexicanos que se reconocen a sí mismos como indígenas y afrodescendientes. Son quienes viven con mayor profundidad la pobreza y los rezagos sociales. Sufren discriminación y explotación laboral por su raza, su color y su lengua originaria. Agréguele la discriminación de género. Las mujeres indígenas laboran 74 horas a la semana, de las cuales 57 horas corresponden a trabajo doméstico no remunerado. Los hombres trabajan 59 horas semanales, de las cuales 12 horas corresponden a trabajo doméstico no remunerado.
Y, ¿a quién le importa?
El acucioso analista Mario Luis Fuentes nos deja las siguientes reflexiones: “¿Podemos continuar enviando recursos fiscales a los estados luego de los escandalosos casos de corrupción, desvío de recursos, dispendio y ostentación en prácticamente todos los ámbitos y espacios de los gobiernos locales? ¿Podemos seguir enviando recursos fiscales a los municipios cuando los estudios muestran que las cifras de marginación no han cambiado desde la década de los 90?”. Y finaliza: “No puede justificarse que la ortodoxia económica sea la única ruta posible y, menos aún, que la única opción que se tiene para mantener el equilibrio macroeconómico se encuentra en el recorte presupuestal y en mantener deprimidos los salarios”.
El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de salvar la inversión social utilizando como criterio único la defensa de los derechos humanos establecidos en los primeros artículos de la Constitución. De otra forma, “estaríamos condenando a millones de compatriotas a una vida precaria, no sólo en los próximos meses, sino quizá durante toda su existencia”.
Y, ¿a quién le importa?