En la cercanía del registro de candidatos a los cargos de elección popular que estarán en juego el 5 de junio, se escuchará en Aguascalientes toda clase de compromisos y juramentos, principalmente que en sus actos en campaña y como funcionarios públicos se apegarán al marco jurídico y si no “que el pueblo se los demande”.

Será una especie de “gancho” en la búsqueda de atraer el apoyo colectivo y que tengan confianza en ellos, que los miren como personas honestas, apegadas a la familia, que son buenos patrones o trabajadores, que hacen deporte y les gusta escuchar música exquisita y leer los clásicos. Es una etiqueta que mostrarán en cualquier lugar y a todas horas para dejar constancia que los recursos públicos estarán en buenas manos.

Para fortalecer sus testimonios pondrán por delante el cumplimiento del “mandato” ciudadano (tres de tres), el cual determina que candidatos y funcionarios deben presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, lo que una vez cumplido merecen una estrellita en la frente que relucirá a donde vayan y en donde estén.

Aunque no es obligatorio que lo hagan, como candidatos pueden concretarlo, pero esto no significa que ya estén a salvo de ser observados para que cumplan la sentencia de don Benito Juárez, que en la medianía deben vivir los funcionarios públicos.

Los promotores de esa idea tiene el propósito de combatir la corrupción y darle claridad de cómo llegan y cómo se van los servidores públicos, esto es, acabar con lo que antaño se conocía como la “comalada” de nuevos ricos, que en sólo seis o tres años se llevaban lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Algo que según el Banco de México y el Banco Mundial equivale actualmente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el Inegi calcula en un monto de 347 mil millones de pesos al año, detalla la iniciativa ciudadana de ley general de responsabilidades administrativas.

Lo cierto es que sin excepción alguna todos los habitantes de este país están obligados a respetar el precepto jurídico, tal como lo señaló la semana pasada la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios: “Cumplir la ley no es un acto de valentía, sino de ética pública”.

Más claro no puede ser, por lo que independientemente que los aspirantes a gobernar el estado y los once ayuntamientos y hacerse de las 27 diputaciones obedezcan la “ley tres de tres”, deben conducirse siempre con estricta ligazón a las disposiciones legales.

De la misma manera se requiere que los grupos o individuos que tienen relación directa o indirecta con las dependencias públicas observen la misma conducta, teniendo en cuenta que hasta ahora todo se enfoca a los empleados públicos a los que se les exige que sean honorables en todos sus actos, pero hay quienes desde afuera han amasado fortunas entregando “moches”, sobornos, igualas o como se le quiera llamar y aunque existe la presunción de lo que hacen y cómo lo han logrado, poco se habla de ello. El castigo debe ser parejo para el que recibe y el que da, puesto que en ambos casos es una deshonestidad, sólo que a unos se les exhibe y a otros los lisonjean por su facilidad de incrementar la fortuna.

Una forma de acabar con estas situaciones es que todo aquel que haga negocios con una esfera de gobierno, sea federal, estatal o municipal, también observe la citada ley ciudadana, lo que permitiría vigilar que cualquier trato que lleve a cabo sea limpiamente.

JUGUETEO ELECTORAL

Para evitar las críticas por inacción, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) vigilará estrechamente que el voto de los aguascalentenses que radican en el extranjero sea el número de registrados para este proceso, evitando con ello que se “infle” la lista y beneficie a algún candidato o partido.

Loable que se preocupe el INE por lo que ocurra aquí el 5 de junio, sólo que todo su esfuerzo se enfocará a que los 35 ciudadanos inscritos hasta el sábado pasado tengan vigente ese derecho, con lo que evitará “cachirules” que pueda afectar el resultado final de los comicios, a los que se convocará a poco más de 800,000 ciudadanos.

Luego del “oso” que hizo en Chiapas, al haber actuado hasta que el mal estaba hecho, debido al número de apuntados que jamás salieron del estado pero su lugar de residencia apareció en lugares tan distantes como Irak, Croacia, Liberia, Suiza, Eslovaquia y lógicamente Estados Unidos, el INE trata de que no vuelva a ocurrir.

El consejero electoral Enrique Andrade anunció que además de Aguascalientes se vigilará Zacatecas y Oaxaca, por lo que el INE asumirá esa función que deberían cumplir los organismos políticos locales, asumiéndose como 100% responsables “de las personas que están registradas en el exterior, que sí vivan en el exterior”.

Es evidente que ha fracasado el programa de atraer el voto de quienes por razones de trabajo, de estudio o familiar se encuentran fuera de México y las razones pueden ser diversas, pero la de mayor peso la tienen los indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, que difícilmente van a informar dónde están y menos su domicilio, lo cual serviría al INE para comprobar la veracidad de los datos.

Con las arremetidas de las autoridades migratorias del vecino país y las amenazas de algunos candidatos presidenciales, de que en la próxima administración habrá mayor esfuerzo para detectar, aprehender y expulsar a los paisanos, no quieren exponerse que la información que envíen al Instituto Electoral pueda caer en manos de la temida “migra”, así se asegure que toda la información es confidencial.

AVALAN INFORMALIDAD

De todo lo que se ha escrito y hablado sobre los taxis ejecutivos Uber llama la atención la confirmación de Francisco Ruiz López, presidente de la Coparmex, que este servicio se afilió a nivel central a la Confederación Patronal de la República Mexicana, por lo que “encontrará total respaldo del empresariado” de Aguascalientes.

Como se ha señalado, Uber tiene origen y base en San Francisco, California, y ha encontrado resistencia en casi todos los países donde ha incursionado por la simple razón que primero se instala y ofrece su aplicación y después tramita el permiso ante las autoridades del lugar.

Lo anterior es, llanamente, meterse a la fuerza y luego pedir autorización, que en otros términos pero muy similares es lo que hace el comercio informal y de lo que se ha quejado reiteradamente la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Arropar en esas condiciones a ese tipo de empresas es darle alas a otras extranjeras que tengan proyectos análogos, porque ahora ya no importa si alguno de los tres niveles de gobierno no acepta su presencia, basta que exhiban la adhesión a Coparmex para empezar a trabajar, puesto que ya pagaron el “derecho de piso”.

Por otra parte se desconoce si aún funciona la Comisión del Transporte del Congreso del Estado, que por cierto en pasadas legislaturas fue un auténtico “petardo”, pero si ya la descontinuaron otra podría interesarse en la iniciativa que se presentó en Jalisco, con la que se pretende crear un padrón de dueños y de vehículos de Uber. Se plantea que deben inscribirse en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, que necesitarán de permiso de la Secretaría de Movilidad para operar y renovar anualmente, las unidades deberán contar con seguro de amplia cobertura, los vehículos no podrán tener antigüedad mayor a cuatro años y tendrán prohibido ofrecer servicio en la vía pública y cobrar en efectivo.