PISO PAREJO. Este jueves, en sesión plenaria del Congreso se aprobó tipificar la violencia política de género, como ayer mismo lo adelantó El Heraldo.
La modificación contempla esquemas de protección de los derechos electorales de la mujer, garantizando su plena participación en la vida política de la entidad, además de armonizar el marco legal local con lo dispuesto en lo federal.
Ya no podrá presionarse a las mujeres para que renuncien a sus cargos de elección, en aras de beneficiar a los hombres, ni podrán ser objeto de discriminación o acoso.
MIGRANTES. Por otro lado, se avaló el dictamen que formuló la Comisión de Asuntos Migratorios, mediante el cual desechan el veto que el anterior gobernador le había puesto al Decreto Número 432, tras argumentar que el parlamento local estaba impedido para legislar en torno al tema.
Con ello se da paso a la expedición de la Ley de Protección al Migrante para el Estado, ordenamiento que reconoce los derechos de los migrantes y sus familias, con base en lineamientos que pugnan por el bienestar de este sector social y se les brinde la atención integral necesaria.
Cabe mencionar que diez entidades federativas ya contemplan una ley que protege a este sector.
SEGUIRÁN PIDIENDO LA CARTA. En otro punto, se aprobó con 14 sufragios a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que emitieron de manera conjunta las Comisiones de Justicia y Vigilancia, con el cual se resuelve en sentido negativo la iniciativa que proponía dejar sin efecto el requisito para conseguir un empleo, la presentación de la Carta de No Antecedentes Penales. Por tanto, este requisito sigue siendo vigente.
EXPLICACIÓN. Finalmente, los legisladores acordaron, a solicitud de Iván Sánchez Nájera, solicitar la comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura, del director general de los Cecytea, José Roberto Rincón, con el propósito de que explique por qué se les está haciendo un descuento del 30% de la nómina quincenal a 35 maestros, toda vez que los profesores señalan que no se les ha brindado justificación alguna de la rebaja a su salario.
El representante popular también solicita la intervención de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que investigue dicha situación.