En una competencia de agilidad mental la delincuencia va dos pasos adelante a las corporaciones policíacas, situación que da como resultado los robos en cualquier parte del estado y sin importar que sea a plena luz del día, quedándole como única tarea a los uniformados presentar el “parte” de los hechos.

Mientras que los policías se dedican a fichar – ilegalmente – a los motociclistas, el hampa hace de las suyas, lo que provoca que los aguascalentenses empiecen a mostrar signos de temor, de angustia y recelo, porque si en el hogar no se está seguro menos en la vía pública.

El tan comentado “mando único” ha servido sólo como desfile de patrullas y uniformados camuflados y fuertemente armados, que circulan por las calles de los centros urbanos y por carreteras y caminos alimentadores, lo que lejos de inhibir a los transgresores les permite actuar a sus anchas, ya que saben que no es patrullaje continuo.

En la zona centro de la ciudad de Aguascalientes hay policías en bicicletas, más conocidos como “chabelos”,  mismos que por regla general circulan por las banquetas y plazas, lo que supondría una tranquilidad para los comerciantes y consumidores, pero los robos en las tiendas y asaltos a transeúntes no cesan, aunque luego de que ocurre un acto acuden en “bola” para saludar a los compañeros y de paso enterarse de las últimas.

Amas de casa, trabajadores, estudiantes, detallistas y repartidores de mercancía son los más perjudicados, sin que se logre poner un alto a este problema que lleva varios años, lo cual contradice las declaraciones que hacen las autoridades, de que Aguascalientes es la ciudad y estado con menos hechos delictivos, que como promoción es bueno pero que le pregunten a los habitantes cómo califican la seguridad y se encontrará con narraciones de experiencias personales o familiares que demuestran lo contrario.

En lugar de estar ideando qué hacer para pasar a la historia, como eso de fotografiar a los tripulantes de motocicletas bajo el argumento que este tipo de máquinas son las que utilizan los asaltantes de cuentahabientes, podrían tomar un curso policíaco por correspondencia, porque está comprobado que este tipo de ladrones también van en automotores y esto obliga a cuestionar si también se va a fichar a 400,000 automovilistas y camioneros.

Si los vecinos se organizan para detener a los ladrones y se les ocurre darle algunos coscorrones, los policías amenazan con arrestarlos por agresión y lesiones, situación que los pone entre la espada y la pared, ya que no tienen apoyo de las secretarías de seguridad y si actúan en defensa propia enfrentarían un proceso judicial.

De manera paralela la impunidad (palabra tan de moda), campea en este clima de inseguridad, toda vez que los bandidos que se dejan atrapar tienen a su favor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal y otras legislaciones que les ayuda a obtener su libertad en un tiempo relativo, inclusive aún cuando sean señalados como autores del latrocinio, porque si no es en el momento preciso que ocurre no pueden detenerlos y menos si no les encuentran los objetos hurtados.

Si en otros tiempos se utilizaba a menores de edad para que se introdujeran a los domicilios, hoy se facilita más, puesto que todo tipo de delitos que cometen se califica como mínimo y sólo que sean de extrema gravedad quedarán encerrados, pero con una penalidad minúscula.

Precisamente, en función de lo que establece la nueva Ley de Justicia Penal federal, que entró en vigor en junio, ningún menor podrá enfrentar penas de internamiento que excedan los cinco años, por lo que en seis casos ya han obtenido su libertad y otros seis están en trámite.

Este beneficio es para las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 14 y menos de 18 años, el juez de la causa podrá imponer el cumplimiento de medidas de sanción no privativas de la libertad y privativas de la libertad de forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y la duración conjunta de las mismas se ajuste a un período no mayor de cinco años, explicó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez.

Bajo esas condiciones, la citada ley subraya que niños y adolescentes que cometan delitos graves, como homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, entre otros, tendrán una pena máxima de cinco años.

Ni para dónde voltear, porque ni el famoso Chapulín Colorado podría defender a la sociedad, por una parte hay una policía con serias limitaciones y la advertencia que no deben sobrepasarse con los que entran a los domicilios a robar o tratan de llevarse un vehículo y tampoco con aquellos que despojan a las señoras y estudiantes de unos cuantos pesos, y por otra la justicia penal demasiado flexible, al grado que más se tardan los residentes en aprehender a un facineroso que en obtener su libertad y hasta lo tome a chunga, paseándose por el mismo lugar para que vean que con él no pueden.

KRAMER CONTRA KRAMER

Si lo dijo Francisco Fragoso Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, es porque tiene los elementos suficientes para “quemar” a despachos jurídicos, al denunciar que varios de ellos no se conforman con los cobros extrajudiciales sino que falsifican documentos, se hacen pasar por autoridades judiciales, amenazan a los deudores y aplican cobros parciales que no enteran a sus contratantes

Lo anterior raya en el gangsterismo, a las que inclusive recurren instituciones comerciales y bancos, porque aún cuando está reglamentado que sólo puede haber llamadas telefónicas de 7 a 22 horas, dejan el mensaje en el sistema computarizado por lo que se reciben después de las diez de la noche y en plena madrugada, con el propósito de causar terror en el comprometido para obligarlo a que pague.

Los profesionales del derecho que se alquilan para los bancos y tiendas departamentales realizan tareas de recuperación de la cartera vencida sin importar que sea una violación a la ley, por lo que hacen llamadas telefónicas o a los móviles con sentido amenazante, lo que sucede varias veces sin importar el daño emocional que cause. Cuando no logran su objetivo emplean la táctica de hacerse pasar por autoridades judiciales, llegando a la falsificación de documentos para obtener una ganancia mayor, o quedarse con los abonos y que al no quedar incluidos en la cuenta total, el adeudo no decrece y por el contrario continúa aumentando por los intereses.

Aunque la ley prohíbe que el cobro se haga a niños y personas mayores lo hacen, “se sigue usando a niños y mayores de edad para hostigar a los deudores, porque acuden en horarios en los que los titulares de las deudas están fuera de casa, probablemente trabajando, entonces les tocan a los niños y a los abuelos recibir las amenazas, generando trastornos psicológicos a quien ni las debe pero sí la teme”, apuntó.

Además de que el presidente del Colegio de Abogados ofreció brindar asesoría y orientación legal a quienes pasan por ese escenario, la Fiscalía estatal debería abrir una investigación de oficio para determinar quienes actúan al margen de la legalidad, toda vez que cometen el delito de usurpación de funciones y, amenazas, entre otros.

 

LAS VELILLAS DEL INAH

Como siempre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llega después del aguacero preguntando quién es el responsable de los daños que sufrió el patrimonio social. A raíz de los trabajos de reparación que se hace en la balaustrada del Jardín de San Marcos investigó si fue en apego a la ley, encontrando que los obreros no lo realizaron con la exactitud que dispone la norma. La gran pregunta es porqué no actuó antes y no hasta que ya estaban en marcha las labores, o más aún, cuál es la razón que no tenga personal que vigile el proceso desde su inicio y hasta la conclusión. Tal parece que en esa oficina les gusta bailar las calmadas, ya que aún presente el caso de un ex delegado estatal, quien hace cuatro años advirtió que estaba a punto de caerse parte del frontispicio del templo de San Marcos debido al “enorme” peso del reloj, pero hasta la fecha nada ha pasado, aunque el ex funcionario logró sus fines de llamar la atención.