En ocasiones anteriores, ya hemos abordado diversos aspectos sobre la situación actual que se vive en Venezuela; sin embargo, llama la atención cómo es que recientemente el Parlamento de Venezuela (cuya mayoría corresponde a la oposición del Chavismo) acordó iniciar una especie de juicio político sui generis contra el actual presidente Nicolás Maduro, para determinar si existe responsabilidad por romper el orden constitucional.
Se intenta argumentar que existe un rompimiento, ya que Maduro ha logrado que se decrete la suspensión del referéndum revocatorio a su presidencia. Derivado de ello es que la Asamblea Nacional (Poder Legislativo Venezolano) acordó “votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro y preparar el inicio al estudio de responsabilidad penal, política y abandono del cargo”, subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre la “situación constitucional de la presidencia”.
El juicio político o impeachment ha estado de moda en los últimos meses, tal y como lo pudimos constatar en Brasil hace unas cuantas semanas con la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Para el caso actual, es importante mencionar que dicha figura no se encuentra regulada en la Constitución venezolana; sin embargo, existe la figura de abandono del cargo, misma que me permitiré explicar brevemente al igual que la responsabilidad política que se le intenta fincar a Nicolás Maduro.
El artículo 233 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional puede declarar la falta absoluta del presidente de la República en su cargo. Esto llevaría a su destitución, para luego ceder el cargo temporalmente al presidente de la Asamblea Nacional y se llamarían a elecciones. Para algunos venezolanos, el mandatario nacional ha irrespetado el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución al no hacer cumplir lo establecido en las leyes. De igual manera, intentan calificar de abandono el hecho de no garantizar a los venezolanos la estabilidad de sus Derechos Humanos.
Por otra parte, la responsabilidad política se le intenta fincar a través de un procedimiento establecido dentro de su propio texto Constitucional. La Asamblea Nacional tiene una facultad de ejercer una especie de control para encontrar y sancionar cualquier irregularidad o falta en los deberes de la autoridad; mediante investigaciones e interpelación a cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. La responsabilidad política puede tener entre muchos otros efectos, la destitución.
Para poder proceder, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento: La Asamblea Nacional, debe conformar una comisión de legisladores que realice las averiguaciones, para que se elaboren los documentos respectivos, mismos que serán debatidos y sometidos a votación durante la sesión parlamentaria correspondiente; una vez aprobados los documentos, estos deberán ser remitidos al Consejo Moral para su ratificación de los delitos. Una vez ratificados, el Consejo deberá solicitar el enjuiciamiento del servidor ante el Tribunal Superior de Justicia, quien fungirá como última instancia y decidirá tanto el sentido como el contenido de la sentencia.
Mencionado lo anterior, ya usted podrá entender con mayor claridad qué es lo que está sucediendo en Venezuela y qué es lo que sucederá hasta en tanto no se celebre la sesión de la Asamblea Nacional el próximo martes, misma en la que comparecerá aparentemente el presidente Maduro. Contextualizando un poco más, el conflicto político explotó ante un país que sufre una severa crisis económica, con grave escasez y una inflación aterradora, donde los principales puntos son el “derecho al voto, la libertad de los presos políticos, la atención a la crisis humanitaria y el respeto a la autonomía de poderes.
Solidaridad para nuestros hermanos venezolanos, esperemos venga lo mejor.

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