Es práctica común en el medio político utilizar palabras vituperables, que buscan rebajar la condición de la persona y poner en duda su calidad moral, para ello se aprovechan del cargo o función que ostentan, con la seguridad que de lo dicho algo quede en la memoria de los ciudadanos.

Ejemplos de ello se encuentran principalmente en los partidos políticos, en el Congreso, los cabildos, entre algunos empresarios y en aquellos que se dicen líderes de opinión, que a la menor provocación le endilgan a sus “enemigos” toda clase de adjetivos, trátese de autoridades federales, estatales y municipales, ministros eclesiásticos o grupos sociales que piensan diferente.

El caso más reciente lo escenificó la presidenta estatal del PRI, Norma Esparza Herrera, quien adjetivó de “vacilada” el trabajo que desempeñan los tres magistrados de la Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial del Estado. (El Heraldo, 5/X-2016).

El motivo de su enojo fue la multa que le impuso la SAE al alcalde Juan Antonio Martín del Campo, de 73,040 pesos, al acreditarle que violó la ley electoral en los comicios locales del pasado 5 de junio, ya que desde su punto de vista existe una “diferencia abismal” entre lo que hacen los tribunales federales, que “trabajan de una manera profesional”, y el actuar del SAE que labora “con un libro de magia, chistes, cuentos y vaciladas en la mano”.

Además de considerar que seguramente la multa “será pagada con los mismos recursos del erario público, ni siquiera de su bolsa”, le pareció mínima la sanción económica, por lo que “tendrá sin cuidado a cualquier otro funcionario público y provocará un total desorden en Aguascalientes, al no cumplir y respetar las leyes electorales pasándolas por el arco del triunfo, con el total consentimiento y complicidad de lo que se supone deben impartir justicia y respetar las leyes”.

De lo expresado por la lideresa priísta cabe subrayar, en primer lugar, que las sanciones no son un invento ni chistes o cuentos de quien las imparte. Existen procedimientos escritos y que ella, como ex senadora, debe conocer, que se aplican de acuerdo a la situación correspondiente, sea en el tema electoral, penal, fiscal, administrativo, etc., por lo tanto, los castigos deben ajustarse a lo que ahí se indica. Lo único que cambia es el criterio que considera el juzgador, que puede beneficiar o perjudicar al comprometido, pero tiene que explicar las razones que tuvo para llegar a las conclusiones.  De ninguna manera puede obrar con ligereza, venganza, capricho o para favorecer a una de las partes, además que de presentarse una contra demanda hay niveles superiores que avalan lo acordado o bien dictaminar que se reponga el proceso.

Un segundo elemento, y tal vez el más importante, es que se olvida que la SAE debió de haber terminado su función en materia electoral desde octubre del año pasado, cuando se inició el año electoral 2015-2016 y en su lugar haberse creado el Tribunal Electoral, pero por esas cuestiones que sólo ellos saben en la Cámara de Senadores se les olvidó nombrar a los tres magistrados que lo integrarían, constituyéndose en el único estado en el país que carece de este organismo.

Lo anterior motivó que la SAE continuara al frente de un trabajo que no le corresponde y que además sus integrantes no son expertos en materia electoral sino administrativa, por lo que tuvieron que entrarle a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

Por consiguiente, el Senado fue el que no respetó la ley y dejó correr el tiempo, al grado que en ningún momento recibieron en la SAE nombramiento alguno como Tribunal Electoral, el que tienen corresponde a la Sala Administrativa y fue extendido por el Poder Judicial del Estado, del cual forman parte.

De lo manifestado se reitera que en lugar de que la directiva del tricolor elevara su queja ante la Sala Superior del TEPJF, en la búsqueda de un correctivo mayor al presidente municipal, se fue por el camino más fácil, que fue evidenciar una labor que podrá no ser del agrado pero es lo que está dictado, de acuerdo a los cargos que hubo en contra del edil.

Lo vivido es apenas una parte de lo que le espera a la sociedad, porque en cuanto se conozca el veredicto del máximo tribunal electoral sobre la elección de gobernador, se dejará escuchar toda clase de epítetos de quienes resulten derrotados.

SIN APOYO

Cada vez que una familia tiene la desgracia de quedar en la calle porque explotó el cilindro de gas, por un incendio, que un vehículo pesado chocó contra la vivienda o una tormenta acabó con su patrimonio, sobresale el espíritu samaritano de la sociedad, que con alguna ayuda busca mitigar el dolor que sufre.

Son de las actitudes que más ennoblecen, en función que por regla general se tiende la mano a una persona desconocida pero que en ese momento se convierte en alguien urgido de respaldo para que trate de recuperar el orden en su vida.

Para enfrentar este tipo de realidades hace falta crear un Fondo Estatal para Desastres Naturales, que opere con recursos estatales y municipales y con un comité técnico que se encargue de definir quién debe recibir el apoyo y vigilar su avance y resultado.

Lo que existe es el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que es prácticamente desconocido en Aguascalientes, al destinarse casi todos sus recursos a las zonas costeras que son afectadas por los huracanes o en lugares donde se originan temblores.

Lo que hay aquí periódicamente son explosiones de cilindros de gas o que por una veladora o un corto circuito se provocó un incendio en una vivienda, incluso que la corriente anegó la casa y dejó inservibles todos los enseres, que para algunos pueden ser hechos mínimos comparados a los efectos que dejan ciclones y terremotos, sin embargo para las familias que pasan por ese trago amargo es una auténtica tragedia al perder todas sus pertenencias y en ocasiones el lugar queda inhabitable.

Si se tiene un Fondo Estatal para atender esos problemas permitiría que los perjudicados tuvieran un respaldo mayor y con una respuesta más rápida. Francia tiene una amplia experiencia en ese sentido, al disponer una inspección inmediata sobre los daños sufridos y enseguida, en cuestión de días, hace la entrega del auxilio económico.

Aunque los actuales miembros del Congreso del Estado están a punto de concluir su gestión, podrían dejar una iniciativa a sus sucesores, o que éstos tengan entre sus primeras encomiendas la creación del citado Fondo, de manera que pueda incluirse la partida necesaria en el paquete económico estatal 2017, que debe quedar aprobado en diciembre.

INTUÍAN ALGO EXTRAÑO

“Piensa mal y acertarás”, dice el adagio y vaya que esta vez resultó cierto. En la sesión que efectuó el Instituto Estatal Electoral (IEE) el pasado 29 de septiembre, los representantes del PRI y del PAN exigieron una explicación del porqué en las dos últimas dos semanas se había incrementado la presencia de funcionarios distritales y municipales en la bodega donde se almacenan los paquetes electorales utilizados el pasado 5 de junio, a lo que el presidente del Instituto, Luis Fernando Landeros Ortiz, negó que pudieran abrirse dichos paquetes, inclusive aseguró que lo firmado en actas no puede tener alteraciones, sin embargo lo descrito ayer en la columna de Escalpelo señala que sí se abrieron el 26 del mismo mes, pero fue sólo “para extraer cualquier documento distinto a las boletas electorales”, según el oficio de la presidencia del IEE que dirigió a los citados funcionarios, con lo que necesariamente tuvieron que violarse los sellos, lo que incrementa las dudas sobre lo que realmente buscaban o qué movimientos hicieron.