David Reynoso Rivera Río

A partir del próximo 30 de noviembre, nuestro máximo tribunal constitucional tendrá que renovar dos de sus once sillas ya que los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyen su encargo. A partir de 1995 la Suprema Corte de Justicia ha sufrido una serie de transformaciones y rotaciones que comenzaron con la reducción de ministros y día a día lo consolidan como un gran tribunal que dentro del marco de sus funciones ha sabido manejar con gran técnica jurídica decisiones de trascendencia nacional.
Los ministros que dejarán de vestir la toga son, sin lugar a dudas, grandes testigos del progreso en nuestro tribunal; consolidaron la garantía de derechos fundamentales como el honor, la imagen, la protección de los datos personales, la información pública gubernamental, la libertad de expresión, entre muchos otros que abonaron a ese gran paso que dio México con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011.
La sucesión, considero, definitivamente requerirá ministros de un perfil progresista, dado que los derechos humanos necesitan jueces constitucionales que permitan seguir ampliando el espectro de defensa de los particulares. De ahí que el próximo proceso para la renovación se encuentra a la puerta de la esquina y en la comunidad jurídica se espera con ansias las dos ternas que nuestro Presidente enviará al Senado a efectos de seleccionar el perfil idóneo.
A escasos días de vivir un intenso proceso, la especulación crece y temas como la equidad de género, la carrera o experiencia judicial y el raciocinio jurídico se deberán tomar en cuenta. Por el momento, algunos nombres suenan ya para ocupar dichos espacios dentro de los cuales destaca el del jurista Raúl Cervantes Andrade, quien se desempeñó hasta el mes de septiembre de 2014 como senador de la República.
Derivado de su paso como legislador, es que algunos juristas cuestionan su posible llegada a la Corte; sin embargo, considero importante señalar que si el mencionado personaje o cualquier otro, cumplen con los requisitos y es el perfil idóneo de juez constitucional que requiere nuestro país, no debería de ser esto un obstáculo para su nombramiento. Es de igual manera interesante, analizar cómo dentro de las últimas entrevistas que han desarrollado los hasta ahora ministros de la corte, especialmente Doña Olga Sánchez Cordero, destaca su conversación acerca de sus planes a futuro, en la cual menciona que posiblemente en 2018 le gustaría culminar su vida personal y profesional como senadora de la República. Imaginando un poco algunos escenarios, creo que esto podría significar un gran aporte a la cultura jurídica, teniendo aportaciones valiosas de un experto en temas legislativos al poder judicial y de igual manera teniendo a una experta en temas de constitucionalidad en el poder legislativo; sin embargo, aún no hay nada escrito y todo puede suceder, habrá que esperar y confiar en que los únicos beneficiados seamos nosotros, los mexicanos.

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