Luis Muñoz Fernández

Del 19 al 21 de abril de 2016 se celebrará la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) para tratar lo que se ha denominado “el problema mundial de las drogas”, que representa un grave desafío global para el que la ONU pretende definir sus políticas basándose en dos pilares: el respeto a los derechos humanos y las mejores evidencias científicas. En este sentido, es bueno recordar lo señalado por el doctor Ruy Pérez Tamayo (Historia de la ciencia en México, 2010):

Uno de los elementos que permiten distinguir a los países desarrollados, que proporcionan niveles razonables de calidad de vida a sus ciudadanos, de aquellos que todavía se encuentran en distintas etapas de desarrollo (incluyendo a los países más primitivos), en los que existen grandes desniveles sociales y económicos, es la contribución que hacen la ciencia y la tecnología a los mecanismos de satisfacción de las diferentes necesidades de la sociedad.

La última UNGASS sobre las drogas que se celebró en 1998 bajo el lema “¡Podemos lograr un mundo libre de drogas!” promovió políticas de control basadas en la eliminación o prohibición el uso, posesión, producción y tráfico de todas las drogas ilegales, políticas que fueron asumidas por muchos de los países miembros. Hoy sabemos que ese enfoque es erróneo. Ya lo dijo Kofi Annan,  el anterior Secretario General de la ONU: “Las drogas han destruido a muchos seres humanos, pero las políticas equivocadas han destruido a muchos más”.

La Comisión Johns Hopkins-The Lancet, a la que se hizo referencia en la primera parte de este escrito, ha expresado su honda preocupación por el hecho de que hasta ahora las políticas sobre este tema a menudo se han basado en ideas sobre el uso y la dependencia de las drogas que carecen de sustento científico y que equiparan todo uso de las drogas con su abuso. Por fortuna, el informe 2015 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos deja muy claro que “el uso de las drogas ni es un problema médico ni conduce necesariamente a la dependencia”.

La Comisión expone la paradoja de las actuales políticas contra las drogas, que aparentemente representan la necesidad de proteger la seguridad y la salud públicas y que, sin embargo, “han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, a las enfermedades (hepatitis C, sida, tuberculosis etc.), a la discriminación (tanto sexual como racial), a los desplazamientos forzosos, a la injusticia y al socavamiento del derecho a la salud […]  Las políticas prohibicionistas o muy represivas no son la forma menos dañina de enfrentar el problema de las drogas, su objetivo no está bien definido o no es realista, sus intervenciones no son proporcionales al problema, desestabilizan a las sociedades democráticas y las personas dañadas por ellas no pueden acceder a recursos que mitiguen estos daños. Se ha exagerado el flagelo de las drogas y el daño que ocasionan para justificar las medidas que se han tomado”.

De cara a la UNGASS que está a punto de celebrarse, el informe de la Comisión Johns-Hopkins-The Lancet propone a la Asamblea las siguientes recomendaciones:

Despenalizar a los pequeños transgresores por el consumo, posesión y venta a pequeña escala, lo que incluye apoyo social y sanitario para aquellos que lo requieran, eliminando el encarcelamiento con todos los daños físicos y psicológicos que ocasiona.

Reducir los daños relacionados con la persecución policíaca, en especial los ocasionados por el uso de fuerzas militares y paramilitares que exacerban los hechos violentos. La policía debe desistir de todo aquello que ocasione daño a la salud, como el decomiso de jeringas. Se deben tomar medidas para evitar la violencia sexual asociada al narcotráfico.

Que los sistemas de salud y las políticas tengan como centro las medidas para reducir los daños relacionados con el consumo de drogas, medidas compatibles con los principios de la salud pública que no incluyan como objetivo la abstinencia, ya que es una medida poco realista. El sentido fiscal, la buena práctica de la salud pública y el compromiso con los derechos humanos deben ser el pilar de esta nueva política sobre las drogas.

Invertir en el tratamiento de la infección por VIH, la hepatitis C, la tuberculosis y la dependencia de las drogas, eliminando todos los abusos físicos y psicológicos en contra de los adictos. Debe invertirse en el desarrollo de programas de tratamiento sustitutivo para los adictos a los opiáceos y a otras drogas, así como en la formación de profesionales sanitarios que los lleven a cabo.

Garantizar el acceso a los medicamentos controlados, eliminando las restricciones legales para que puedan ser usados por los profesionales de la salud. Esto es de especial relevancia en lo que se refiere a medicamentos para el dolor como los opiáceos.

Formular políticas que no sean lesivas para las mujeres, ofreciendo alternativas al encarcelamiento cuando han cometido infracciones menores. Este énfasis sobre las mujeres beneficia a las familias e impide la ruptura del tejido social que provoca el encarcelamiento injustificado de tantas mujeres.

Ofrecer alternativas económicas a quienes cultivan coca, amapola o mariguana y a quienes producen metanfetaminas, de modo que puedan salir de la pobreza y ganarse la vida con otros medios.

Mejorar la gobernanza de la ONU en la política sobre las drogas, aprovechando la experiencia en salud pública de la Organización Mundial de la Salud para que asesore a los organismos reguladores. El enfoque desde la salud pública es de suma importancia.

Incluir los indicadores sanitarios, el respeto a los derechos humanos y los índices de desarrollo a la hora de medir los alcances de las políticas sobre las drogas.

Mejorar y ampliar la investigación sobre las drogas y sus políticas para evaluar de una manera cada vez más rigurosa y objetiva estos temas, evitando los sesgos ideológicos (la satanización), para conocer mejor el impacto real de estas políticas en la salud y el bienestar.

Adoptar un enfoque científico al implementar los mercados regulados, como los que se han ensayado ya en algunos estados de la Unión Americana y en países como Uruguay. Aunque no todos los países pueden seguir su ejemplo en este momento, la evaluación de estas experiencias permitirá ir caminando en esa dirección.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Johns Hopkins-The Lancet conminan a los profesionales de la salud a que se informen y participen en los debates de las políticas sobre las drogas. Con las evidencias científicas que ya tenemos y que no podemos ignorar, el enfoque prohibicionista que tanto daño sigue ocasionando ya no tiene justificación alguna.

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