Luis Muñoz Fernández.

Hace apenas dos semanas que la prestigiosa revista médica inglesa The Lancet publicó un informe extenso (más de 50 páginas, con 432 referencias) titulado “Salud pública y política internacional sobre las drogas” (http://press.thelancet.com/DrugsPolicy1.pdf). El informe llegó a mis manos gracias a la generosidad y bonhomía del doctor Patricio Santillán Doherty, Presidente del Colegio de Bioética A.C.

De entrada llamó mi atención que, siendo un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y la propia revista The Lancet, figure entre sus autores el doctor en Derecho Alejandro Madrazo Lajous, profesor de tiempo completo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, cuya sede se encuentra ni más ni menos que en Aguascalientes.

El informe parte de una premisa básica expresada en septiembre de 2015 durante una reunión de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Metas de un Desarrollo Sustentable para el 2030: “… la responsabilidad de los gobiernos es confiar en la mejor evidencia científica cuando se pretende llegar a ser un mejor género humano. En abril de 2016, estos mismos gobiernos considerarán que el control de las drogas ilícitas es un área de las políticas públicas plagada de controversias y de inconsistencias en el respeto a los derechos humanos, en la que la evidencia científica y el enfoque desde la salud pública han tenido un papel limitado”. Lo que refuerza más adelante cuando señala: “Los enfoques convencionales de la salud pública y la evidencia científica que deben ser parte del diseño de las políticas públicas sobre las drogas han sido marginados para hacer énfasis en la prohibición”.

Señala también que la mayoría de los países, cuya política sobre las drogas se enfoca en su prohibición, criminalizando incluso a los pequeños consumidores, está negando su responsabilidad en la grave situación que padecemos. Aunque estos países reconocen que con sus políticas provocan el florecimiento de un mercado negro sobre el que no tienen control, hacen poco para proteger a la gente de las drogas adulteradas que abundan en este tipo de mercados y de la violencia que ejercen los grupos del crimen organizado, recrudecida por la persecución policíaca.

México es uno de los países que más sufren los efectos de esta política prohibicionista y criminalizadora y el informe le dedica varios párrafos. Uno de los más llamativos es el que se refiere a lo que llama la nefasta decisión que tomó el Gobierno Federal a partir de 2006, iniciativa que todos conocemos como la “guerra contra las drogas”, a pesar de que su principal promotor, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se desdijese posteriormente, negando haber acuñado esa desafortunada expresión.

El caso es que el número de muertos por esta guerra en el estado de Chihuahua entre 2008 y 2010 redujo 5 años la esperanza de vida de sus habitantes masculinos. Según cifras oficiales, entre 2007 y 2014 fueron asesinadas en México 164 mil 365 personas y aunque no todos esos homicidios pueden atribuirse a la violencia derivada del combate al narcotráfico, una gran parte se debe a esa causa.

Estas cifras son propias de un país inmerso en una guerra, aunque no se reconozca oficialmente. Los hechos violentos de esta guerra no sólo ocurren en las calles, sino también dentro de las prisiones, en donde los detenidos son torturados con mayor frecuencia de lo que se reconoce. De acuerdo al doctor Alejandro Madrazo, los malos resultados de esta guerra han provocado que el gobierno asuma poderes especiales que han socavado los principios constitucionales y su responsabilidad de respetar los derechos humanos:

Los costos de la violencia que sufren los ciudadanos, incluyendo los costos en salud, son vastos y profundos. Las ejecuciones tienen el propósito de aterrorizar a la población. Vivir con el temor a la violencia extrema impide el funcionamiento normal de los servicios sociales y sanitarios, de la educación y de la participación cívica. La penetración de las organizaciones criminales en todos los aspectos de la vida social en México, Colombia y varios países centroamericanos lo corrompe todo, desde las elecciones y los servicios locales a los equipos deportivos y otras formas de entretenimiento.

La Comisión Johns Hopkins-The Lancet identificó que uno de los principales impactos de la actual política contra las drogas en relación a las enfermedades infectocontagiosas ha sido el uso excesivo del encarcelamiento como un recurso para controlar la adicción a las drogas. Con ello, entre los reclusos y detenidos ha aumentado sustancialmente la transmisión del VIH y el virus de la hepatitis C, a menudo acompañados de una tuberculosis que con frecuencia es resistente a los tratamientos convencionales. Además, en la mayoría de los recintos penitenciarios no se cuenta con medidas sanitarias adecuadas ni servicios como los programas de agujas y jeringas estériles o las terapias de sustitución de opioides.

Todo ello representa un grave problema de salud pública para el que la política actual no sólo ha sido un completo fracaso, sino que ha contribuido claramente a su empeoramiento. Ha llegado el momento de plantear un cambio radical. No podemos seguir por el mismo camino repitiendo el discurso de siempre. Repetimos la cita bíblica que se encuentra en las primeras páginas de El Cártel, la novela de Don Winslow, con la que no podemos estar más de acuerdo: “… ya es hora de despertar del sueño”(Romanos 13,11).

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