Fernando López Gutiérrez

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En las últimas semanas, el desempeño de Javier Duarte Ochoa como Gobernador del Estado de Veracruz ha sido motivo de críticas y declaraciones por parte de diversos personajes de la vida política nacional. A las expresiones de rechazo y descontento dirigidas desde los partidos de oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, se han sumado algunos cuestionamientos realizados por algunas figuras de su propio partido, el Revolucionario Institucional.

El llamado a la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz, realizado por el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, tuvo un impacto mediático de gran relevancia y reforzó la versión de que Duarte se retiraría de su cargo a 10 meses de que concluya su responsabilidad. Independientemente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, la postura que el PRI ha asumido ante las constantes quejas y la evidencia mostrada respecto a la gestión deficiente de la administración estatal, da cuenta de las posibilidades que existen de combatir la corrupción a nivel local cuando se antepone dicho principio al de la protección partidista. Cuando este partido, tradicionalmente enfocado a defender a sus líderes — presentes y futuros—, deja de interceder ciegamente por ellos es posible que se reconozcan a sí mismos como vulnerables y sientan una verdadera obligación de responder ante la ley por sus actos.

Muchos priístas reconocen la necesidad de un cambio al interior de su partido e identifican en la impunidad y la opacidad los mayores lastres que éste soporta en un entorno de desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía. No obstante, el arraigo de viejas prácticas, la disciplina partidaria, así como el funcionamiento de una estructura vertical y autoritaria, los hace mantener su crítica a un nivel personal, pocas veces expresada de manera pública, por temor a perder cualquier oportunidad de desarrollo político.

El abandono de la defensa a ultranza de políticos y funcionarios con enormes faltas en su historial y con una reputación deleznable sería, sin duda, una gran oportunidad para que el PRI recobrara credibilidad y pudiera presentarse — tal como ha sido su intención desde hace varios años— como un partido renovado. Esta situación es lejana a la más limitada de las expectativas sobre la transformación del PRI, pero su planteamiento, a manera de reflexión, puede servir como un llamado a los miembros jóvenes y honestos de dicha organización, para que observen una posibilidad de cambio en éste mediante dichas acciones. Por lo pronto, podemos celebrar el compromiso, por parte de los candidatos a gobernadores de todos los partidos en el Estado de Veracruz —incluido el del PRI—de investigar y, en su caso, sancionar las faltas de la actual administración con la esperanza de que cumplan su palabra.