Fernando López Gutiérrez
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La actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) en el proceso iniciado a Arturo Escobar, uno de los dirigentes más conocidos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha generado opiniones positivas por parte de la ciudadanía. La decisión de solicitar una orden de aprehensión en contra de un subsecretario en funciones, con base en elementos sólidos que permiten identificar la realización de actos contrarios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales por parte de éste, es un hecho destacable para una dependencia que históricamente ha desempeñado de forma endeble sus funciones.

Ante la determinación que la FEPADE ha mostrado en la manera de abordar el caso de Escobar —totalmente extraña para la forma en que esta fiscalía ha abordado los asuntos de su competencia durante más de veinte años de existencia— se han esbozado diversas hipótesis. De todas, la más esperanzadora es la que plantea que el seguimiento y sanción de las faltas realizadas por el PVEM, durante el proceso electoral pasado, es la muestra de un cambio en la visión de las autoridades respecto al papel que dicha institución debe realizar para actuar en favor del cumplimiento de la normatividad electoral.

En el ámbito electoral, nada sería más alentador que observar que la FEPADE cumple cabalmente con sus funciones, ya que dicha situación generaría importantes incentivos para que los partidos respetaran y cumplieran las normas electorales de nuestro país. Sin embargo, existen pocos elementos para creer que el caso de Escobar es una muestra de lo anterior y conforme va avanzando el asunto se observa con mayor claridad su fondo político.

Sin que exista claridad respecto a los motivos que justifican el tratamiento del caso por parte de la FEPADE, los pronunciamientos que tanto el PVEM como el PRI han realizado descubren una oportunidad para que Arturo Escobar pueda sortear su difícil situación. El alegato en torno a la violación del debido proceso en la solicitud de la orden de aprehensión sería una alternativa factible, derivada de un error de la propia fiscalía, que podría anular la actuación de las autoridades.

Creer que esta posibilidad se mantiene de forma intencional y premeditada para abrir un espacio a la negociación política podría resultar exagerado; no obstante, la reacción que han mostrado los partidos políticos mencionados da pie a pensarlo, más aún cuando de manera sistemática, en la mayoría de los asuntos, han optado por defender y promover la no intervención en las investigaciones y actividades de las instancias de procuración e impartición de justicia.