Fernando López Gutiérrez

ferlog14@gmail.com

@ferlog14

Uber es una empresa que basa su funcionamiento en la utilización de una aplicación tecnológica que, por medio de un teléfono móvil, permite poner en contacto a personas y chóferes en las ciudades, tomando en cuenta su ubicación, para otorgar servicios de transporte con cargo a una tarjeta de crédito. Debido al control y supervisión que Uber mantiene en la realización de los viajes, le es posible otorgar certidumbre sobre las tarifas y las condiciones de atención, comodidad y seguridad de sus clientes.

Actualmente, en nuestro país esta empresa opera en Monterrey, Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México, lugares en los cuales ha tenido que hacer frente a las protestas de los taxistas organizados y a las opiniones de algunos grupos y personas que consideran que su operación se encuentra al margen de la ley, debido a que no existe una norma específica a la cual se sujeten sus actividades. De manera particular, en la Ciudad de México la discusión sobre el ingreso y la expansión de Uber en el mercado ha generado un amplio debate en el que autoridades, especialistas, los grupos interesados y la sociedad en general han expresado argumentos a favor y en contra.

Se observa que, ante la alternativa de los taxis en la vía pública y en los sitios, los usuarios de Uber se encuentran ampliamente satisfechos por los servicios que reciben; sin embargo, las organizaciones de taxistas y ciertos funcionarios han expresado que dicha empresa compite de manera desleal al no tener que cumplir con las mismas obligaciones que quienes prestan servicios de transporte público. En este contexto, un aspecto básico que debe analizarse es el relacionado con la justificación que existe para que las autoridades regulen el servicio de transporte en automóvil.

Cuando se habla de restringir la posibilidad de contratar el servicio de un chofer de Uber surge la pregunta de si las autoridades tienen la facultad de hacerlo. Desde la visión de muchos de los que contratan el servicio se trata de la realización de un acuerdo entre dos privados: uno que ofrece “prestarle” su coche y llevar a otro que paga lo justo por dicho préstamo. Lo anterior, con la salvedad de que Uber garantiza la seguridad, el cobro y la atención del usuario.

En teoría, el modelo tradicional de servicio de taxi ofrece condiciones similares, con la diferencia que el que debe garantizar los elementos de satisfacción anteriores es el Estado. En el fondo, nos encontramos ante un problema de competencia profundo en el que la empresa siempre tendrá mayores elementos e incentivos de cumplir de forma óptima con sus objetivos, mientras que las autoridades se verán limitadas. No obstante, las autoridades tienen la última palabra.