Uber en Aguascalientes y las nuevas interrogantes jurídicas

David Reynoso Rivera Río

En la actualidad, los medios de comunicación digital y los diversos fenómenos que los acompañan han cambiado por completo la manera de interactuar en la sociedad que nos sorprende día a día a pasos agigantados. Prueba fehaciente de ello la observamos con la existencia de portales en internet y aplicaciones móviles que nos permiten hacer ciertas compras u ordenar comida a nuestra casa; en materia de alojamiento contamos con sitios como Airbnb; en el sector financiero una serie de interfaces virtuales que en algunos países comienzan a abrir paso para la obtención de financiamientos diversos a través de lendingtree o lending club.
Con motivo de lo anterior, no se puede dejar pasar el tema que se encuentra en boga dentro de la sociedad aguascalentense en cuanto a la movilidad y transportación llamada UBER. En ocasiones anteriores me había permitido hacer breves comentarios al respecto; sin embargo, para efectos de lograr una mejor comprensión en el tema será preciso que explique sucintamente el funcionamiento de dicha aplicación para teléfonos móviles. La aplicación móvil se descarga de manera gratuita para las principales plataformas de sistemas operativos, de manera que cualquier persona (previo registro e introducción de ciertos datos financieros como tarjeta de débito o crédito) pueda acceder vía GPS al conductor Uber en activo más cercano y solicite un viaje hasta su destino.
Uber comenzó a operar en nuestro país desde el año 2013 en la ahora denominada Ciudad de México para después expandirse en el 2014 en las ciudades de Guadalajara, León y Tijuana; posteriormente en 2015 incursionó en Toluca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Monterrey y finalmente hace un par de días se anunció la llegada de Uber a nuestro Aguascalientes, Hermosillo, Mexicali, San Luis Potosí y Mérida.
En el plano ideal, el funcionamiento de dicha plataforma tiene como primera premisa que Uber no contrata conductores ni posee una flota de automóviles; sino que cuenta con que sus “socios” conductores hagan el trabajo. Dichos colaboradores deben afiliarse a la plataforma enviando una solicitud y superar un proceso de autorización para formar parte de la flota en el que se requieren ciertos documentos tales como licencia, registro y seguro del vehículo; sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones se adquieren los vehículos por parte de los socios y estos a su vez le solicitan a un chofer realice el trabajo de conductor a cambio de otorgarle un porcentaje de las ganancias.
Dicho lo anterior y como es costumbre en un par de mis textos, me corresponde abrir el debate y dejar sobre la mesa el tema de estas nuevas plataformas que evidentemente requerirán tanto realizar adecuaciones normativas como afrontar situaciones por parte de consumidores y autoridades.
Considero que no se trata únicamente de categóricamente afirmar o negar la existencia de estas plataformas, sino de que se comprenda la magnitud de los retos que implica la innovación tecnológica en cuestiones de autoempleo o acerca de las condiciones laborales y regímenes a los que podrían estar sujetos estos conductores que reciben un porcentaje, cuestiones de convivencia en regímenes de competencia y mercados diferenciados en cuanto a servicios de transporte público, cuestiones en beneficio de consumidores y la generación de oportunidades económicas.
Esto apenas comienza y los retos legislativos son grandes, por lo que se avecinan tareas complejas en el Congreso de la Unión o en los diversos congresos estatales. Razón por la cual INSISTO y REITERO que deberán existir legisladores capaces de entrar de lleno a los grandes temas y lograr ponderar todos los factores a efecto de lograr conducir a las mejores decisiones.

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