Al fijarse los días 14, 21 y 28 de noviembre para la primera de las tres evaluaciones a que tienen derecho para determinar su permanencia en el servicio, los profesores de educación básica cuentan con el tiempo necesario para prepararse y que en la fecha inicial cumplan el requisito, al cual deberán someterse cada cuatro años.

Se encargará de los exámenes el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), de manera conjunta con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y éste, a su vez, proporcionará las herramientas para llevar a cabo el programa.

Es importante que los preceptores tengan presente lo que señala la Ley General del Servicio Profesional Docente sobre el particular. El Artículo 52 establece que la evaluación será obligatoria y el INEE determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y los evaluadores serán evaluados y certificados por el mismo instituto.

El 53 subraya que cuando se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, “el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la autoridad educativa o el organismo descentralizado determinen, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente”.

Asimismo, quien reciba una calificación de insuficiencia “tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses” después de la primera evaluación y que deberá ser antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. En caso de que en la segunda evaluación salga otra vez con insuficiente, “se incorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses”, y si por tercera vez no alcanza un resultado suficiente “se dará por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad de la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”.

La Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, expedida el 11 de marzo de 2014, copió en el Artículo 129, Capítulo IX, los planteamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al igual que los demás preceptos.

En función de lo comentado se infiere que difícilmente habrá un profesor o profesora que pierda su trabajo, ya que si por alguna causa no responde satisfactoriamente la primera evaluación, tendrá una segunda y aún una tercera. Por los estudios que cursaron y la experiencia que han adquirido en las aulas poseen los elementos teóricos y prácticos para superar ese escollo, que por otra parte es una muestra fehaciente de que la Reforma Educativa tiene el carácter laboral y no de impulsar la educación a nuevos estadios.

Se le exige al docente que demuestre tener conocimientos y capacidad para ocupar un lugar en el sistema educativo, pero se ignora si los que expidieron las leyes conocen las necesidades, exigencias y precisiones de la educación y de quienes trabajan en todo el sector. Tampoco se sabe si los que están al frente de la Secretaría de Educación Pública, de sus organismos descentralizados y de los institutos o secretarías estatales de educación, tienen la sapiencia requerida para ocupar el cargo, ya que sus nombramientos son de carácter político o administrativo, que obviamente no los obtuvieron en un examen de oposición.

Lo que cabe por ahora es que los pedagogos participen en la evaluación a que se convoca y esperar a que en un futuro todo el personal de confianza y sindicalizado pase por la misma aduana, para que entonces sí se pueda afirmar que en la educación hay democracia plena.

DENUNCIAS ENDEBLES

Los empresarios exigen que las acusaciones que hacen los políticos sobre presuntos actos de corrupción y faltos de transparencia sean aclarados debidamente y que quien haga la imputación sea el primero en aportar las pruebas para proceder, ya que no se vale lanzar el lodo y quedarse como que la Virgen le habla.

Son tantos los casos que se han ventilado en los medios de comunicación, que da la sensación de vivir en un país sumido en el fango, con una deshonra que rebasa las fronteras y lo que es peor, que se haga muy poco por aclarar las cosas.

En cambio, cuando se trata de ellos, de los hombres de empresa que revelan un presunto hecho delictivo y no le dan seguimiento, es porque carecía de elementos y sólo buscaban los reflectores para estar en los medios.

El 18 de mayo pasado, Francisco Ruiz López, presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes, perteneciente a la Coparmex, declaró que hay un fraude por 500 millones de pesos en obras del Hospital General de Zona Número 3 (HGZ-3), lo que ha motivado la suspensión de los trabajos y el natural atraso de un programa que como es sabido, urge tener listo a la mayor brevedad.

Aseguró que la empresa constructora recibió el dinero, pero no los ejerció, por lo que pidió claridad, ya que la demora genera más problemas en la atención que reciben los trabajadores.

Al día siguiente la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó que hubiera fraude alguno, que si la obra está detenida es por la revisión a los avances, señaló el director jurídico, Carlos Alberto Ramírez Vela.

Afirmó que el IMSS no otorga anticipos para obras y las partidas que entrega son por trabajos terminados, como lo disponen la norma federal y la interna, además deben auditarse periódicamente para comprobar evolución y calidad y que el contratista cumpla en tiempo y forma con lo pactado.

Han pasado seis días sin que el dirigente de la Coparmex ponga sobre la mesa los elementos probatorios, haciéndoles segunda a los políticos y candidatos a un cargo de elección popular que atribuyen “milagritos” a los demás y cuando se les pide evidencias se atrincheran en que lo escucharon “por ahí”.

HERENCIA SIN LÍMITES

Cada gobernante que ha tenido Aguascalientes sembró algo para que el estado continúe creciendo, lo que se puede apreciar en sus distintas manifestaciones, sea de obras y servicios y en la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación, por lo que a 18 meses de que concluya la administración que encabeza el ingeniero José Carlos Lozano de la Torre, puede afirmarse que su principal legado será la fundación de empresas locales, nacionales e internacionales y por consiguiente, el incremento del empleo.

“Yo creo que vamos a dejar un Aguascalientes que va a seguir creciendo”, dijo convencido, al referirse a la próxima presencia de la planta de Mercedes Benz y de Infiniti, lo que ni duda cabe, puesto que son compañías mundiales que al igual que Nissan, llegan para echar raíces.

Lo que falta ahora es impulsar un programa de mejoramiento del salario, puesto que al igual que otras partes de la República, hay un nivel muy bajo en comparación con las plantas matrices, por lo tanto, es conveniente abocarse a ese tema y hacer ver a los empleadores que así como elogian la mano de obra calificada de los aguascalentenses, es justo que se muestre en el ingreso de sus trabajadores.

Está claro que no es una tarea fácil, porque tratándose de ese tipo de erogaciones pocos patrones están dispuestos a hacerlo, sin embargo, podría realizarse las gestiones y con argumentos sólidos sensibilizarlos. De alcanzarlo sería el punto final de su sexenio.