Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

El Secretario de Educación ha insistido, en los últimos días, que “los 3 mil 360 docentes que se negaron a presentar la Evaluación del Desempeño Docente en 2015 serán separados del servicio educativo a partir del primero de marzo” de 2016 y que no hay vuelta atrás en la decisión que se ha tomado al respecto, porque así lo dispone la Ley.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su página electrónica, fueron 13 mil 664 los docentes de educación básica que no acudieron al llamado para presentar la evaluación. De éstos, 11 mil 100 son de cuatro estados: 991 de Chiapas, 2 mil 125 de Guerrero, 4 mil 510 de Michoacán y 3 mil 474 de Oaxaca. De los otros 28 estados restantes son 2 mil 564 docentes de educación básica y 796 de educación media superior que no acudieron a la evaluación; los cuales suman los 3 mil 360 que maneja el Secretario de Educación.
Lo que el señor Secretario no aclara, con objetividad, es ¿en qué estados sí hubo rotunda negación para presentar la evaluación y en cuáles hubo una serie de factores que impidieron a los maestros presentarla? Los 11 mil 100 maestros de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, sí se negaron a ser evaluados. En cambio, la inmensa mayoría de los 3 mil 360 docentes, de los 28 estados restantes, enfrentaron diversos factores que limitaron o impidieron su evaluación; algunos de estos factores imputables a las autoridades centrales y locales, y otros, ciertamente, propios de la situación de cada maestra y maestro. Ejemplos: las autoridades centrales enviaron a cada docente, vía correo electrónico personal, un comunicado mediante el cual se le daba a conocer que era elegido para la evaluación y para ello se le proporcionaba la contraseña para poder entrar a la plataforma de la evaluación docente, en los calendarios establecidos; sin embargo, ni las autoridades centrales, ni las locales, checaron si a todos los seleccionados les había llegado el comunicado y si era correcta la contraseña. Lo cierto es que a miles de maestros no les llegó el comunicado, por detalles del correo, y a otros les llegó mal la contraseña, y sin contraseña no se podía ingresar a la famosa plataforma. Como los maestros ya tenían información verbal a través de los directores de escuela de que serían evaluados, pero al no contar con el comunicado oficial electrónico, ni la contraseña; para estos docentes fue un calvario al darse a la tarea de tocar una y otra puerta, llamar a diversos números telefónicos y consultar a través de correos centrales y locales, con el fin de corroborar si efectivamente serían evaluados y/o para corregir sus respectivas contraseñas. Muchos (sin poder precisar el número) no tuvieron respuesta y otros sí la tuvieron pero cuando faltaban dos o tres días para que concluyeran los procesos de la evaluación, por lo que ya no pudieron hacer gran cosa, toda vez que las primeras fases ya estaban cerradas. En otro orden de cosas, cientos y cientos de maestros que sí recibieron el comunicado y la contraseña, en tiempo y en forma, estaban de licencia médica por enfermedades prologadas y muchas maestras estaban en vías de recibir su licencia por gravidez; otras y otros más tenían la prejubilación en proceso y varias otras incidencias que impedían presentar la evaluación en las fechas establecidas. Todos estos maestros, con apoyo jurídico del sindicato y con justificantes legales, levantaron actas dando sus razones de por qué no podían presentar la evaluación, y se enviaron las mismas a las autoridades competentes, comprometiéndose a presentarla en otra oportunidad cuando estuvieran en condiciones. No se niega que pudieron darse casos en los que conscientemente hubo la negativa para presentar la evaluación, pero la inmensa mayoría de los 3 mil 360 docentes tienen un sustento legal que justifica su inasistencia a la evaluación. En tal virtud, por elemental justicia, estos casos tendrán que ser revisados responsablemente, antes de un dictamen sumario y visceral.
Pareciera irónico que a los que sí se niegan a ser evaluados, graciosamente se les darán más oportunidades para presentarla. Incluso, existe la posibilidad que éstos tendrán nuevamente el privilegio de que les paguen viáticos, hospedaje en hoteles de cinco estrellas, traslado en avionetas, taxis o autobuses y otras prebendas con tal de que acudan, por favor, a la evaluación. Mientras las maestras y los maestros del resto del país buscarán las formas de cómo resolver sus problemas para acudir a las evaluaciones, y en caso de que no puedan presentarse a los exámenes, por causas de fuerza mayor, corren el riesgo de ser cesados de manera tajante y sin escucharlos. La anterior descripción de hechos, da idea que en la evaluación del desempeño docente hay un trato desigual entre las maestras y los maestros por parte de las autoridades. ¿Y el sindicato?