En un país democrático todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones, por ende no puede haber privilegios ni salvedades, sin embargo existen a partir que las leyes permiten dispensas y prohibiciones, según sea el caso.

A raíz de dos sucesos que han levantado ámpula a nivel nacional se infiere que falta mucho por hacer. Un caso fue en Aguascalientes con la anulación de la elección a diputados federales en el Distrito 01 y otro en Colima, aboliéndose el resultado de los comicios para gobernador.

En ambos se aplicó la guillotina bajo el supuesto de que hubo intervención de funcionarios gubernamentales, pero no se tomó en cuenta el daño causado a los candidatos ganadores que sin culpa alguna vieron esfumarse lo obtenido en las urnas y se convierte en un chasco para los ciudadanos, que aquel 7 de junio definieron su voto.

En el caso de Aguascalientes la culpa se cargó a titulares de dependencias estatales que el día de los comicios acompañaron a los candidatos priístas a emitir su sufragio, lo que según la óptica panista influyó en el resultado, mientras que en Colima fueron los mismos argumentos imputándose la responsabilidad al secretario de Desarrollo Social estatal, que le pidió a uno de sus subordinados actuar a favor del abanderado tricolor.

Mucha tinta ha corrido sobre la necesidad de reformar las leyes electorales para dejar al “mercado libre” el voto, esto es, que todo aquel que tenga credencial de elector y sin importar si ostenta o no un cargo público, puede participar abiertamente en las campañas. No hacerlo, como ocurre actualmente, es coartar el derecho que tienen los empleados gubernamentales de manifestar sus preferencia políticas.

En tanto que a los gobernantes y sus subalternos se les prohíbe terminantemente hacerlo, otros que también cobran en la nómina oficial, como son los senadores, diputados federales y estatales y los regidores, no sólo participan abiertamente en los actos de campaña sino que el día de las elecciones se convierten en celosos vigilantes de lo que hacen sus adversarios. Viajan de extremo a extremo del país con gastos pagados del erario y sin recato alguno hacer proselitismo partidista.

La gran pregunta es que si el salario (o “dieta” en el caso de los legisladores) sale de la misma bolsa ¿Porqué a unos les impide la ley expresar sus sentimientos políticos y otros tienen manga ancha para hacer lo que les pega en gana?.

Si tanto se anhela que México cruce la línea y se acerque a los países avanzados es tiempo de acabar con el esquema tercermundista. Los hilos de la comunicación permiten apreciar lo que se hace en otras partes, particularmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y España, entre otros, es el caso de este último en que el presidente Mariano Rajoy preside el partido en el gobierno (Partido Popular) y actualmente está metido en las campañas con actos masivos en toda la península. Ninguno de sus adversarios se queja de esa dualidad y tampoco reprocha que sus ministros hablen de política partidista o asistan a los actos de los candidatos.

Es tiempo de acabar con un esquema que no debió aplicarse y si acaso, en las circunstancias presentes, castigar a quien cometa la falta pero no eliminar un proceso que además del desgaste que significa también obliga a gastar millones de pesos para repetirlo. El o los candidatos no tienen la culpa de que alguien viole la ley, por lo que debería respetarse el resultado.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 2, establece que su manejo reglamenta las normas relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y la integración de los organismos electorales.

En lugar de reducir lo que disponía el antiguo Código Electoral (Cofipe), compuesto de 413 artículos y 6 transitorios, el LGIPE contiene 493 y 10 transitorios, algunos tan restrictivos que hace sujetos de responsabilidades por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en esta ley a los partidos políticos; las agrupaciones políticas; los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular; los ciudadanos o cualquier persona física o moral; los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales; las autoridades o los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público; los extranjeros, los concesionarios de radio o televisión; las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido; las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación y registro de partidos políticos; los ministros del culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley. (Art. 442).

En resumidas cuentas nadie se escapa de estar bajo la lupa de la autoridad electoral, que sigue el viejo esquema del estado rígido, el cual privilegia el castigo como norma y no admite que los tiempos que corren exigen cambios sustanciales en la forma de hacer política y dejar que el ciudadano conozca, reflexione y emita un voto razonado, lejos de las interferencias inflexibles que hoy se aplican.

QUIEREN TODO EL PASTEL

La cercanía del “buen fin” pone nuevamente sobre la mesa la demanda de los comerciantes establecidos para que las autoridades federales y municipales prohíban la presencia del comercio informal, que cada quien en su ámbito los combata y evite que les hagan sombra, con lo que suponen elevarán sus ventas.

Inclusive, van más allá al exigir que los negocios que se anuncien como parte del citado programa exhiban en los escaparates la copia del documento que lo acredita, ya que en años anteriores hubo varios que se “colgaron” del mismo obteniendo ganancias mayores al anunciar descuentos que en realidad no lo fueron, con lo que denigraron un procedimiento que debería favorecer por igual a vendedores y consumidores.

La lucha contra la venta callejera y que ellos califican de “oportunista” al incrementarse en temporada alta, no es nueva. Periódicamente directivos de la Cámara de Comercio hacen declaraciones pidiendo el retiro de los informales, sin embargo los años pasan y cada vez es mayor el número en la zona centro de la ciudad, principalmente en las calles Juárez, Allende, Rivero y Gutiérrez, Morelos y en torno a los mercados Terán, Morelos, Juárez y Reforma.

Denuncian también la “venta en garaje”, que no es otra cosa que hacerlo a las puertas de las viviendas e inclusive al interior, lo que se ha vuelto práctica común en casi todas las colonias, ofreciendo productos que al no pagar impuestos aseguran que su precio sea inferior del que sí lo hace.

Se quejan que los agentes federales actúan una o dos veces para el decomiso de piratería, lo que ni “cosquillas” les hace a los distribuidores que surten casi de inmediato a los detallistas, mientras que el personal municipal le basta con que paguen el derecho de piso para no molestarlos, o ni siquiera se dan por enterados de los negocios en casas aunque los artículos estén a la vista.

Se muestran reacios en aceptar que durante la actual administración se ha reducido el número de permisos para trabajar en la vía pública, porque basta con hacer un recorrido para comprobar que cada vez es más reducido el espacio que hay para los peatones, lo que afecta directamente a las tiendas ya que los clientes prefieren pasar rápidamente de largo o de plano no cruzar por esas calles o zonas peatonales para evitarse molestias.