Leticia Acuña Medina

Ya hay nueva Ley de Transparencia del Estado y sus Municipios; se contemplan multas superiores a los 100 mil pesos a los funcionarios de los dos niveles de gobierno, que oculten su gasto o nieguen la información solicitada sobre obras, programas específicos y demás acciones.

Se establecen los principios, bases generales y procedimientos, para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal.

En el capítulo de medidas de apremio, se establece que el Instituto de Transparencia, podrá percibir y en su caso imponer multas de 150 a 1,500 días de salario mínimo, es decir superiores a los 100 mil pesos al que incurra en opacidad; se contemplan amonestaciones privadas y públicas.

Se castigará la falta de respuesta a las solicitudes de información; actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

Incumplir los plazos de atención; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, sin causa legítima, la información que se encuentre bajo custodia de los sujetos obligados y sus servidores públicos; entregar información incompleta, incomprensible, en un formato no accesible.

No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia; declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información; realizar actos para intimidar a los solicitantes; clasificar como información reservada, sin dolo, sin que cumpla tales características, entre otras causas.

Se prevé que quienes actualmente se desempeñan como comisionados del ITEA, se les ratifique en el cargo del primero de enero al 31 de diciembre del 2017, con el propósito de que completen siete años de ejercicio.

Por tanto, a más tardar el 15 de octubre del 2017, la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, deberá emitir la convocatoria respectiva, a fin de designar a los nuevos comisionados, que deberán entrar en funciones el primero de enero del 2018, en el entendido de que un comisionado durará en su cargo, tres años; otro, cinco años y, un tercero, siete años.