Fernando López Gutiérrez

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La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, es un lamentable acontecimiento que se agrega a una larga lista de incidentes denunciados en dicha entidad durante los últimos años. La presunta participación de autoridades estatales en la comisión de delitos es una constante que ha generado indignación y temor en la ciudadanía, la cual ha pedido en forma reiterada la actuación de las autoridades federales.

Ante los recientes acontecimientos, instituciones del Gobierno de la República se han sumado a la labor que realiza la Fiscalía General del Estado de Veracruz con la intención de localizar a los desaparecidos y capturar a los responsables de estos hechos. Con el antecedente de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, se observa una respuesta más decidida por parte del gobierno federal, que debería incidir en la resolución del caso y en la localización de los desaparecidos.

La actuación de las autoridades en Tierra Blanca demuestra que se realizan esfuerzos para evitar que se repitan los errores cometidos en torno a la investigación de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa y sería imperdonable que no se esclarecieran los acontecimientos en las próximas semanas. No obstante, el mayor reto de las autoridades se encuentra en mostrar y desmantelar las relaciones de colaboración entre las agencias locales de seguridad y el crimen organizado, que resultan claras y han quedado al descubierto.

Con el deplorable historial de denuncias y acusaciones sobre crímenes que mantiene Veracruz en años recientes, queda de manifiesto la existencia de fallas estructurales en el desempeño de las instancias de seguridad, que difícilmente se explicarían sin la responsabilidad por parte de funcionarios de los gobiernos municipales y del gobierno estatal.

En este sentido, si la autoridad federal tiene realmente la voluntad de resolver los problemas de seguridad y justicia en Veracruz, necesita actuar con una sólida determinación y llegar hasta el fondo del caos que predomina en dicha entidad. La ciudadanía reclama respuestas claras y convincentes, si estas no son ofrecidas se mantendrá la percepción de que en dicho estado se pretenden ocultar condiciones y complicidades tan terribles como las de Ayotzinapa.