Cada quien defiende su posición como si en ello le fuera la vida, por lo que nadie da ni pide cuartel. Todos creen tener la razón y esto provoca que se profundice la división entre los ciudadanos, al estar a favor una parte que se anule la elección de gobernador y otros que se deje las cosas como están.

Los panistas se escudan en que los votantes ya decidieron y los priístas no lo niegan, pero aducen que fue con violaciones a la ley electoral, por lo que el Tribunal Electoral federal será el que dicte la última palabra, que podría ser en septiembre o a principios de octubre.

Mientras se llega a la definición continúan las declaraciones de ambos bandos, dentro de las estrategias que tienen para mantener la atención en sus faros, y como entremés está la interrogante que si Martín Orozco conserva o no el fuero constitucional, lo que es motivo de controversia, toda vez que el ingeniero Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo estatal del Instituto Nacional Electoral (INE) asegura que MOS tiene a salvo sus derechos políticos, en virtud que actualmente es senador con licencia y esto le permite conservar el fuero, por lo que no hay impedimento alguno para que llegado el momento rinda protesta como gobernador constitucional.

Por su parte, el abogado constitucionalista Arturo Orenday González sostiene que hay dos criterios, uno que se pierde el fuero al entrar en funciones el suplente, que en este caso es Jesús Santana, y otro que conserva el fuero, sin embargo, detalla, el fuero es para la función, no para la persona, es algo que no se puede desdoblar para dos personas. Indicó que lo que no está a discusión es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, por lo que en tanto no exista una sentencia del juez, Orozco conserva sus derechos personales o garantías individuales en el sentido que más beneficie a la persona.

Lo que había sido un asunto de toma y daca entre los dirigentes locales se tornó en una cuestión nacional, luego de que en su mensaje como nuevo líder del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza se comprometió a defender de manera jurídica el caso Aguascalientes.

Dijo: “Defenderemos puntualmente ante los tribunales la elección de gobernador de nuestra compañera Lorena Martínez”, lo que le dio mayores bríos al priísmo local y que la propia candidata redoblara el acercamiento con la militancia, pidiéndole que se mantenga unida y atenta a los acontecimientos al estar segura que serán favorables a la causa tricolor.

Como parte de las tareas que se ha propuesto el PRI con miras a una factible elección extraordinaria, Rafael Bentata Morcillo, abogado especial asignado por el Comité Ejecutivo Nacional para Aguascalientes, informó que se recurrirá la resolución del Consejo General del INE sobre el rebase de gastos de campaña de Orozco Sandoval y que el Instituto Nacional Electoral desechó al considerar que no resultan concluyentes, de lo cual “el INE no tiene la última palabra en estos casos, por eso vamos a recurrir la resolución”, para ello adelantó que mañana es el último día para turnar los escritos pertinentes ante las instancias que correspondan.

En cuanto al juicio de revocación del triunfo de MOS, Bentata Morcillo subrayó que existen todos los elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analice y valore las pruebas que hay y dictamine a favor de la demanda que presentó el PRI, principalmente la intromisión del Ayuntamiento de Aguascalientes que, dijo, en pleno proceso electoral repartió 25 millones de despensas, sin publicar ni el padrón de beneficiarios ni reglas de operación, lo que “se traduce en un delito grave de carácter electoral que tiene que ser sancionado por las autoridades competentes”.

En este sube y baja postelectoral, el presidente del comité estatal del PAN, Paulo Martínez, expresó que la exención a favor de Martín Orozco “es la anticipación del fin que tendrá la impugnación interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional a los resultados electorales” y fiel a su estilo acusó al PRI de pretender confundir a la población con señalamientos mediáticos que carecen de sustento.

Mientras los abogados de ambas partes buscan hasta por debajo de las piedras elementos para atacar o defender, Orozco Sandoval continúa su gira triunfal, reuniéndose con sus correligionarios e incluso con figuras de sus adversarios, que es el caso de José Alfredo González González, representante del Sector Obrero ante el Comité Estatal del PRI. El compromiso de MOS fue respetar la vida sindical y que juntos contribuyan a escribir una nueva historia que beneficie a los trabajadores, además quedó el compromiso de sostener otro encuentro al que asistan dirigentes de los sindicatos más representativos de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

José Alfredo González aprovechó para solicitar a Martín Orozco hacer ajustes para hacer aún más eficiente la Junta de Conciliación y Arbitraje y analizar la reforma de justicia cotidiana que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en abril del presente año, producto del mensaje a la Nación del 27 de noviembre de 2014, en el cual se comprometió a promover los cambios constitucionales necesarios para que, entre otros aspectos, exista justicia para el trabajador “al que no le pagan su salario”, por lo que tiene que haber el apoyo suficiente que permita recuperar lo que en derecho le pertenece.

SENSACIÓN IMPRECISA

Una noticia puede tener los matices que quiera el que la difunde y quien la recibe, lo que motiva estar atentos a lo que se comenta o se lee, que sería el caso de los titulares en los medios del miércoles y jueves, dando a conocer la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador José Carlos Lozano de la Torre.

Con un mínimo de bases podría suponerse que el mandatario cometió algo indebido y por eso fue objeto de esta recomendación, sin embargo se le hizo llegar el escrito como jefe del Poder Ejecutivo del Estado por “violaciones a los derechos a la protección de la salud e integridad personal de una mujer en el Centro de Salud Norias de Ojocaliente y el Hospital de la Mujer”.

Los que presuntamente cometieron esas faltas fueron empleados pertenecientes a la Secretaría de Salud (ISSEA), no el mandatario, pero que al ser esta dependencia parte de la estructura gubernamental el superior máximo es el mandatario, quien debe dictar las instrucciones para que se determine si hubo un grado de responsabilidad en los que intervinieron en ese caso.

Es algo similar como cuando se propaga que el gobierno mexicano es objeto de un proceso internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que no significa que el Presidente de la República sea el que haya cometido las infracciones sino que fueron individuos que trabajan para la Federación, o en una administración estatal o municipal, sólo que se encausa hacia el gobernante para que se encargue de darle el curso debido.

Como primer paso el ingeniero Lozano de la Torre dijo que cumplirá en todas sus partes la recomendación de la CNDH y la conclusión se dará a conocer en el Sistema Estatal de Salud del Estado, en tanto el secretario de Salud, José Francisco Esparza Parada, informó que las indicaciones del Gobernador se acatarán, aunque adelantó que los médicos del Hospital de la Mujer no actuaron con negligencia, sino que la demandante omitió datos y los galenos actuaron en consecuencia, además que hay una capacitación permanente a todo el personal del ISSEA, tan es así que tan a lo largo del año están previstos 117 cursos, seminarios y congresos dirigidos al área médica y administrativa, en los que participan empleados de los hospitales generales y de especialización, las tres jurisdicciones sanitarias, oficinas centrales y unidades de apoyo.

ALGUIEN MIENTE

La amenaza de paro de labores está latente en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, luego de que los policías no tienen la certeza que les repondrán el descuento que sufrieron en su pago quincenal, que fue de 500 hasta mil 200 pesos.

El alcalde Juan Antonio Martín del Campo lo atribuyó a un error de computadora, comprometiéndose a que se reintegraría la cantidad descontada, sin embargo en una reunión con una enviada de recursos humanos se les notificó a los uniformados que se les estaba pagando de más, por lo que no sólo esta vez sino que habrá más reajustes.

Lo anterior ha encendido los ánimos ya que en lugar de solucionar el problema reciben amenazas de sus superiores, de que habrá despidos a quien siga protestando, lo que de ser así sería el mayor atropello que pueda haber puesto que un salario devengado es irrenunciable.

Es de esperarse que Martín del Campo valore bien lo que tenga pensado hacer, que si su administración está próxima a concluir no la ensucie por un derecho consagrado en el Artículo 123 Constitucional, violentando los derechos humanos de sus subordinados.

DÍAS DUROS PARA EPN

Seguramente que el presidente Enrique Peña Nieto quisiera decir lo que piensa, pero prefiere la prudencia para explicar la actitud de su gobierno ante la postura de aquellos que no conocen los límites de la moderación y han tomado a México como blanco de su verborrea política.

En respuesta al compromiso del candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, de que si gana las elecciones de noviembre próximo ordenará la construcción de un muro entre ambos países y cuyo costo deberá sufragar México, Peña Nieto rechazó toda posibilidad de que el gobierno mexicano pague esa obra, y negó categóricamente que el país expulse a inmigrantes connacionales hacia Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena CNN, el mandatario afirmó ser respetuoso del proceso electivo interno de EUA, pero al mismo tiempo refutó las afirmaciones de Trump que repite desde el inicio de su campaña el año pasado, en el sentido de que el gobierno de México está forzando la salida de mexicanos hacia Estados Unidos: “Esto no es cierto. Lo niego categóricamente. Lo que es cierto es que ambos gobiernos están trabajando juntos, tienen una estrecha coordinación para combatir (el contrabandeo de personas)”.

También refutó la “generalización” que se hace de que los mexicanos son traficantes de drogas, criminales o violadores, por el contrario, existe una dinámica entre ambos países como lo demuestra el hecho de que más de un millón de personas cruzan legalmente la frontera entre ambos países todos los días y que más de 370 mil camiones y autos van y vienen por la intensidad del comercio. Es una muestra de que la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos se construyen a partir de la prosperidad de sus países vecinos.

Dijo que después de que conozca el resultado electoral y sea que triunfe Hillary Clinton o Donald Trump, le gustaría construir mejores condiciones de desarrollo y más bienestar para su pueblo: “Mi posición es muy clara. Somos muy respetuosos con quien sea electo que quiera construir una relación constructiva y positiva con México”, apuntó.

Mientras que el presidente Peña y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, reiteran que no es factible la construcción del muro, el Partido Republicano incluyó en la plataforma electoral esa obra.

Uno de los primeros actos en la Convención Nacional Republicana, que tendrá lugar a partir de mañana en Cleveland, Ohio, será someter la agenda a votación final, misma que debe ser aprobada por la mayoría de los 2 mil 472 delegados del partido, en la que se considera al valla fronteriza que presuntamente impedirá el paso de indocumentados.

Además pende la amenaza de Trump, que de llegar a la Casa Blanca expulsará a todos los que carezcan de papeles migratorios y en el caso de los mexicanos son aproximadamente 12 millones, lo  que desde ahora obliga al gobierno mexicano a replantear una estrategia para enfrentar esa eventualidad, ya que de concretarse dañaría las relaciones entre las dos naciones y causaría un impacto en la economía y el comercio bilateral.

Por ahora lo que se hace es reforzar la presencia del Ejército en la frontera, al inaugurar EPN un cuartel militar en Piedras Negras, Coahuila, instalaciones que acogen al 12 Regimiento de Caballería Motorizado, que con una inversión de 285 millones de pesos permitirá atender los municipios con alto índice de violencia, principalmente Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Nava, Villa Unión y Piedras Negras.

Las Fuerzas Armadas tendrán una mayor capacidad de despliegue territorial, en una administración que ha construido 9 cuarteles, dos de los cuales están en Coahuila y que con este que acaba de abrirse permitirá que sus 700 elementos enfrenten y reduzca la presencia de los delincuentes, en apoyo a la fuerzas de seguridad del estado.

GOLPE DE TIMÓN

A lo largo de su mandato, el presidente Peña Nieto ha respetado el ámbito de los 32 estados y a lo único que ha llegado es pedirle a los gobernadores que sean más dinámicos en materia de seguridad, que no esperen a que la Federación les resuelva sus problemas y apliquen las medidas necesarias para combatir y erradicar la delincuencia organizada y del fuero común.

Por lo anterior algunos de los mandatarios supusieron que nadie se interpondría en su camino a la hora de aplicar medidas a la vieja usanza, lo que llevó a un divorcio manifiesto con la sociedad que se reflejó en las elecciones del pasado 5 de junio, en que se perdieron las gubernaturas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

Hasta ahí todo era normal puesto que en una democracia se gana o se pierde, pero lo que vino después fue lo que colmó el vaso, al pretender los actuales Ejecutivos cubrirse las espaldas con la designación de funcionarios afines, que se encargarían de conocer, investigar y en su caso llevar a juicio a quienes, presumiblemente, utilizan fondos públicos de manera irregular.

Por instrucciones presidenciales, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana  Roo y Chihuahua, lo que frena las medidas anticorrupción que habían adoptado y que podrían beneficiar a los actuales mandatarios, próximos a entregar el cargo.

Tras la determinación, el gobernante veracruzano Javier Duarte de Ochoa, dio marcha atrás en su decisión de nombrar un fiscal y tres magistrados anticorrupción, en tanto Roberto Borge, de Quintana Roo, afirmó que no ha promovido la creación de algún sistema anticorrupción.

En el caso de Chihuahua, se presentó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, propuesta por el titular del Ejecutivo, César Duarte, por haberse adelantado a la publicación de la legislación que le dé sustento al Sistema Nacional Anticorrupción.

En los tres casos los integrantes de cada congreso señalaron que acatarán lo que determine la Corte, lo que significa que ninguno de los gobernadores dejará quienes les cubran las espaldas, por lo que en cualquier momento tendrán que responder ante los tribunales de las acusaciones que pesan en su contra.

FUERA LOS CORRUPTOS

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) combatirá a los gobiernos deshonestos, no sólo aquellos emanados de sus filas, sino de otros partidos, dijo en su mensaje el nuevo dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza.

“Es inaceptable tapar el sol con un dedo: debemos reaccionar. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución”, señaló ante el Consejo Político Nacional que lo eligió como su presidente hasta agosto de 2019.

De esta manera ratifica el señalamiento que hizo la secretaria general Carolina Monroy, en funciones de presidenta interina, al citar que el PRI no tiene porqué solapar o cobijar a los militantes en funciones públicas que cometan un delito, trátese de quien se trate, lo que en ese momento se consideró que iba dirigido a los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua y una advertencia para otros que estén o puedan caer en esa condición.

Como siempre ocurre cuando un partido nacional elige a su dirigente, hubo muestras de apoyo y los clásicos detractores, sin embargo la nominación a favor de Ochoa Reza se ajusta a lo que disponen los estatutos, particularmente en lo que se refiere a su militancia, a la que se puso en duda por considerar que se reafilió en 2014, hecho que seguramente es cierto pero no significa que fue porque estaba fuera del partido sino que participó en la campaña que llevó a cabo el PRI en todo el país para ratificar la militancia de sus miembros, algo que antes hizo el PAN y otros organismos. De ninguna manera es una nueva afiliación sino la confirmación de quienes han sido parte del organismo y se aprovechó para incorporar a nuevos integrantes.

En el discurso precisó que el priísmo será exigente para señalar y promover castigo de los actos de corrupción que se cometan interna y externamente: “Sea ese el caso de gobernadores en funciones, de los ex gobernadores, candidatos electos o candidatos en competencia. Vigilaremos a los otros partidos por igual”.

En lo que será su gestión, Enrique Ochoa delineó que la estrategia del partido es obligar al gobierno federal a rendirle cuentas a los priístas, al considerar que la política de comunicación social ha fallado, lo que se hará “con pleno respeto a las leyes electorales vigentes en nuestro país, propongo que el gobierno le rinda cuentas al partido para que juntos sirvamos mejor a la sociedad. Propongo que los compañeros de gobierno asistan a reuniones de trabajo en los estados, con la estructura del partido”, por lo que habrá una especie de pasarela del gabinete presidencial que recorrerá el país.

Se plantea así, explicó el líder, debido a que “la falta de comunicación entre gobierno y partido nos aleja de la sociedad y le facilita el camino a nuestros adversarios políticos. Ellos critican al gobierno y nosotros en ocasiones no hemos dado la batalla”.

Se termina así la “sana distancia” entre gobierno y partido que impuso desde el primer día el ex presidente Ernesto Zedillo, pero que en las dos administraciones panistas no fue así al sucederse las reuniones entre los mandatarios y dirigentes de Acción Nacional y que miembros de sus gabinetes ocuparan lugares preferentes partidistas.

AMBIGUO OFRECIMIENTO

Luego de que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aceptó “hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, hacerla más pertinente y mucho más útil a los maestros de México”, el presidente Enrique Peña aclaró que “de ninguna manera” los acuerdos establecidos entre la SEP y el SNTE, ni los diálogos de la Secretaría de Gobernación con la CNTE, “significan darle marcha atrás a la reforma educativa”.

Sostuvo que “no significa siquiera hacer cambio legal o hacer alguna modificación a lo que hoy nos manda la ley”, no obstante, recordó que la reforma educativa tiene un marco de eventual revisión con el propósito de que sea de eficiente aplicación y sirva al objetivo de mejorar la educación que reciben los niños y jóvenes.

Los acuerdos que tenga o pueda tener el gobierno con el SNTE y la CNTE “no serán para darle marcha atrás a la reforma educativa o alterar su propósito”, consecuentemente “la reforma educativa se mantiene inalterada”, puntualizó el mandatario.

Aurelio Nuño, al dar a conocer los resultados de la negociación con el SNTE sobre los 12 puntos planteados por esa organización, reconoció que “la reforma educativa ha generado expectativas, preocupaciones, incertidumbres y sin duda, también enojo”.

Dentro de los asuntos tratados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el titular de la SEP destacó una hoja de ruta basada en 10 puntos a revisar de la evaluación docente y mejorar su implementación. Iniciará por rediseñar la evaluación de ingreso y desempeño en el Servicio Profesional Docente a más tardar el 30 de agosto, y en los próximos días se presentará el nuevo modelo educativo, acordándose además respetar el programa de pagos de Carrera Magisterial.

El plan contiene básicamente mejorar la evaluación y que incluye la contextualización del examen, sus instrumentos, como son guías académicas, simulador de las pruebas, la acreditación de los evaluadores, las bases de datos, las plataformas electrónicas para abatir las evidencias de enseñanza y los procesos de aplicación, calificaciones del mismo y publicación de resultados, así como mejorar la comunicación y la coordinación interinstitucional con los maestros.

Como se estila en estos casos, Aurelio Nuño dijo que “con pleno respeto a la Constitución y a las leyes educativas, es decir, con pleno respeto a la reforma educativa (…) hemos acordado, y la SEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, hacerla más pertinente y mucho más útil a los maestros de México”.