La Sala Regional Monterrey determinó que el alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo realizó propaganda gubernamental durante el pasado periodo de campaña en forma indebida, mediante la publicación de notas en medios de comunicación, por lo cual ordenó a la Sala Administrativa Electoral Local sancionar esta infracción.

Al resolver el recurso de revisión constitucional, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional contra la sentencia de la Sala Electoral Local que resolvió inexistencia de violación electoral, este órgano revocó la resolución emitida y ordenó emitir una nueva, que tenga por acreditada la transgresión a la prohibición de que autoridades hagan promoción de logros de gobierno, comprobando al momento de revisar el contenido de las notas.

Los efectos del resolutivo indican que los magistrados de la Sala Local deben emitir un nuevo fallo en el término de tres días después de ser notificados, en la que acrediten la infracción de los artículos 41 y 248 del Código Electoral Local por parte de Juan Antonio Martín del Campo, se califique la gravedad de la falta, y se individualice la sanción conducente.

La resolución deriva del Procedimiento Especial Sancionador que el PRI presentó bajo el argumento de que el funcionario realizó promoción personalizada con el fin de favorecer al Partido Acción Nacional, lo cual fue desestimado por la Sala Monterrey.

Sin embargo, al analizar la información contenida en las notas, al dar la razón al quejoso sobre el hecho que la Sala Local no valoró las pruebas presentadas, se encontró que hubo violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

En la misma sesión, la Sala Monterrey revocó la resolución de la Sala Administrativa Electoral de Aguascalientes, por la que se impuso una sanción económica al Partido Revolucionario Institucional de 182 mil pesos por la difusión de publicidad del candidato de la presidencia municipal de Aguascalientes, en la que no figuran los partidos de la coalición que lo postulan.

El resolutivo ordena que la sala local valore de nueva cuenta la capacidad económica del infractor y emita una nueva sanción en contra del Revolucionario Institucional en un plazo de diez días, a la notificación de la resolución de la Sala Monterrey.