Todo asunto que sea de interés general será parte de las campañas políticas y con mayor razón cuando tienen que ver con la vida diaria, como es el agua entubada, la atención a la salud, educación, pobreza, marginación, economía, derechos humanos y seguridad, entre otros, por lo que quiérase o no serán de los más escuchados en los próximos dos meses.

Los candidatos a distintos cargos de elección popular los incluirán en su agenda en aras de plantear una solución a los ciudadanos, como parte de su plataforma de campaña y dentro del plan de trabajo para los próximos seis o tres años, según sea el caso.

De lo descrito todos son materia de atención común y de ellos sobresale el de seguridad, que ocupa en estos momentos uno de los primeros lugares entre los aguascalentenses, al sufrir el embate del hampa del fuero común, que lo mismo se roba una batería, un cilindro de gas o una televisión, que un automóvil, asalta pequeños supermercados, tiendas de abarrote y todo tipo de negocios.

Por lo tanto es obligación de los aspirantes a la gubernatura, alcaldías y diputaciones decirle a la sociedad qué harán para combatir este flagelo, que impacta grandemente el patrimonio personal, familiar y empresarial.

Hay quien pide que “saquen el tema de seguridad de las campañas”, pero ¿qué respuesta tiene para el que le robaron su automóvil o lo asaltaron en su casa o negocio?, ¿qué puede decir ante el avance de la rapacidad que tan sólo el pasado final de semana se robó más de 25 vehículos?,  o ¿qué le puede contestar al hombre que con lágrimas pidió ante los micrófonos de una radiodifusora que le regresaran su camioneta de modelo atrasado que le servía para vender en las colonias frutas y legumbres?

Es una cuestión que deberían resolver las actuales autoridades, pero pasan las semanas y los meses y no lo hacen, por consiguiente, el pueblo mira con esperanzas que quienes lleguen en su lugar sí cumplan esa obligación y dentro de sus primeras acciones pongan en marcha un programa integral que permita recuperar la confianza en los gobernantes.

La declaración que hizo a mediados de este mes el consejero de Coparmex, José Ángel González, incomodaron en las altas esferas, sin embargo a dos semanas de su pronunciamiento los hechos le dan la razón. Dijo que “es preocupante ver que los cuerpos de seguridad pública no han podido frenar el avance de los delincuentes y que el tema está más vinculado a la falta de estrategias y protocolos que a la falta de recursos para atender el tema de seguridad”.

Sostuvo que en los últimos años la Federación ha destinado los recursos suficientes para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, por lo que hoy se observa en las calles que los policías cuentan con patrullas decorosas y el armamento y capacitación adecuados para atender cualquier eventualidad, debiendo combatir en iguales o mejores circunstancias al hampa organizada y del fuero común, además se cuenta con dos helicópteros.

Pese a todo, reiteró, “los niveles de inseguridad desde hace mucho rebasaron al sistema de seguridad pública y los ciudadanos y organismos tenemos la obligación de colaborar con las autoridades para atender aquellos problemas que aquejan a la sociedad”.

Aunque son más evidentes los hechos que ocurren en la ciudad capital, es algo que ocurre prácticamente en todo el estado, sólo que por la proximidad con los medios de comunicación pueden hacer público los problemas, pero preocupa por igual en los otros diez municipios, de ahí que se requiere tener un objetivo integral y no esperar a que sigan cayendo las hojas del calendario sino que se aplique la solución que corresponda.

REVISTA VEHICULAR

Con bombo y platillos se anuncia el arranque de la revisión al transporte público, que periódicamente se cumple para determinar si las unidades están aptas para estar en servicio, luego viene el informe de los vehículos que quedaron fuera de circulación hasta que atiendan las fallas detectadas.

Conocer lo anterior haría conjeturar que Aguascalientes tiene a nivel nacional uno de los mejores parques vehiculares de servicio público, puesto que es una inspección habitual, pero en los hechos no es así, como lo demuestran los autobuses, que, de 34 concesiones de suburbanos, 25 no cumplen lo dispuesto por el Código Urbano.

Y de 695 unidades de los “urbanos”, 240 están fuera de la legalidad, esto es, la tercera parte y en el mismo porcentaje están los taxis, con 1,339 que ya rebasaron su etapa útil o tienen problemas que no han sido subsanados.

De todas las modalidades el de los urbanos registra mayor presencia en la vida colectiva, al ser el que transporta un promedio de 300 mil personas por día, por lo que su forma de operar y las deficiencias están a la vista y esto obliga a preguntar ¿a qué se debe que no exista poder alguno que los obligue a corregir las irregularidades? Durante años los panistas lo achacaban a que los concesionarios eran protegidos por los gobiernos priístas, pero luego este partido estuvo doce años en el gobierno y nada cambió. Por más de medio siglo se ha escuchado el reclamo de los usuarios sin que exista una autoridad que los escuche y al menos en los meses que le resta a este sexenio difícilmente va a haber una salida.

Lo que hay en estos momentos es el clásico “estira y afloja” entre autoridades y camioneros por el aumento a la tarifa. Se lo autorizan, les dicen, si mejoran el equipo rodante y el servicio en general, pero ellos responden que si no hay aumento no habrá mejora, mientras tanto el público tiene que  seguir soportando lo que ofrecen y que utilizan porque no tiene otra opción.

El hecho de ser un grupo único el que se encarga de brindar la atención en la ciudad y parte de los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo les da oportunidad de mantener las condiciones que vayan de acuerdo a sus intereses, lo que una vez más deja en claro que cuando no hay competencia se puede trabajar sin temor alguno.

En su defensa, los transportistas afirman que la ganancia es mínima por lo que no están en posibilidades de adquirir nuevos carros con esta tarifa, sin embargo es la tonada que utilizan cada vez que les recuerdan que deben renovarlos. Si realmente no fuera negocio hace años que lo habrían dejado, pero siguen ahí porque es redituable, aún con el actual cobro, de manera que algo se tiene hacer para empujar un cambio que favorezca al público.

PUEDE IRSE

Antorcha Campesina (AC) puede irse cuando lo estime conveniente, le reviró el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego que su dirigente Aquiles Córdova amenazó con abandonar las filas tricolores y apoyar a candidatos de otros partidos en las elecciones de 2018, e inclusive aseguró que tiene la fuerza suficiente para convertirse en un partido. Los argumentos de Córdova son que el PRI “siempre nos han tratado como arrimados, como apestados. Siempre ha estado presente una fracción que nunca nos ha digerido”. La respuesta no se hizo esperar, Carolina Monroy, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que el tricolor respeta las expresiones del fundador y líder de AC, en tanto el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota, destacó que Antorcha está en su derecho, “pero indudablemente tiene espacio y cabida en el PRI, en donde siempre ha estado”. En la CNOP, la secretaria general Cristina Díaz, afirmó que “es una decisión de ellos, es una decisión de su dirigente”, exhortando a AC a que permanezca en las filas priístas. Aunque es una organización afiliada al PRI, Antorcha Campesina se ha manejado de manera independiente, tan es así que en sus actos y los comunicados rara vez hace mención de ello.