La inversión y el crecimiento del empleo es de las mayores insignias del gobierno que encabeza el ingeniero José Carlos Lozano de la Torre, lo que supondría una evolución paralela en otras áreas igual de importantes e íntimamente relacionadas con la llegada de capitales, como son los servicios que aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por ley todas las empresas están obligadas a inscribir en el IMSS a sus trabajadores y éstos a sus dependientes, lo que hace un incremento muy intenso de asegurados; por citar una cifra, si al año se crean alrededor de 11 mil puestos de trabajo y sumado el número de familiares arroja una cifra cercana a los 50 mil nuevos registrados.

Lo anterior da una idea de las condiciones en que trabajan los dos hospitales generales, que con la misma capacidad que hace casi dos décadas lo cumplen hoy, lógicamente bajo condiciones difíciles ya que por más que se quisiera no existe las camas ni los quirófanos suficientes y tampoco el personal que atienda la demanda exponencial.

Para finales del año pasado se esperaba contar con el nuevo hospital (HGZ-3) en Jesús María, sin embargo de última hora la empresa que lo construía abandonó la obra y que se retomará en 2016, sin embargo de acuerdo con el proyecto de inversión que presentó Diego Martínez Parra, delegado estatal del Instituto, se concluirá un año después.

El costo total será de mil 156 millones 36 mil 764 pesos, de los cuales ya se ejercieron 360 millones 136 mil 91 pesos; para el año próximo se contempla 355 millones 253 mil 206 pesos y en 2017 serán 440 millones 647 mil 401 pesos, de manera que si se cumple de manera escrupulosa con los tiempos y radicación de los recursos será en 2018 cuando se inaugure.

Se comprende que son múltiples las exigencias de inversión que tiene el IMSS, lo que obliga a priorizar los lugares, sin embargo Aguascalientes lleva varios lustros de espera y cuando ha estado más cerca de lograrlo se difiere para atender emergencias nacionales como la reconstrucción de instalaciones afectadas por fenómenos naturales, principalmente ciclones y derrumbes.

En el papel se dispone la canalización del dinero y se esperaría que no surjan contratiempos, lo que por otra parte debe obligar a los actuales diputados federales que hagan la tarea que incumplieron los que terminaron en agosto pasado, de fungir como enlaces del gobierno ante la dirección general del IMSS y la Secretaría de Hacienda.

Tiene que ser una labor persistente para que arroje resultados y sin estridencias demuestren que hacen su mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo, que reconozcan que no basta con que se contemple el recurso en el Presupuesto de Egresos de la Federación sino que hay que estar muy cerca a la hora de aprobar el paquete económico de los dos siguientes años.

Por otra parte, definido el cronograma de inversión se abre un compás de espera para que se cumpla, en lo que deben estar comprometidos empresarios y líderes sindicales y cesar de exigir mejores servicios cuando saben de antemano que se trabaja con lo que hay.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), José Alfredo González González, asegura que el IMSS “es una de las instituciones más cerradas en cuanto a realizar cambios, no actúa con rapidez ante las necesidades del derechohabiente y su toma de decisiones es totalmente burocratizada”.

Sostiene que empieza a agravarse la situación del servicio, por lo que “mientras no se tomen medidas urgentes, tenemos que exigir que haya una respuesta rápida”, sin embargo él mismo se da la respuesta cuando afirma: “Desafortunadamente no cuenta con la capacidad para ofrecer una atención eficiente y oportuna”, por lo que “es urgente la subrogación de servicios”.

El dirigente cetemista reitera que las citas se tardan y en ocasiones se transfiere por meses, principalmente cuando se trata del área de especialidades, además cuando se envía al paciente a una clínica privada o laboratorio no se les paga oportunamente, lo que ha provocado negativa en varios lugares para recibirlos.

Es indudable que el máximo líder obrero está en su papel, sin embargo ocupa una posición privilegiada como para hacerse escuchar sin necesidad de recurrir a los medios, ya que desde hace varios años forma parte del Consejo Consultivo Delegacional del IMSS. Son miembros el delegado estatal y representantes de la Concamín, Concanaco, ISSEA, del Sindicato Ferrocarrilero y de la FTA-CTM, cuyo asiento titular lo ocupa José Alfredo González, de manera que en las reuniones que tienen lugar puede expresar lo que convenga a los intereses de sus representados.

De lo que no queda ninguna duda es que el tema del Seguro Social seguirá en las páginas de los diarios y espacios electrónicos porque esto da imagen pública.

FLUIDO POLÍTICO

Por más esfuerzos que hace la concesionaria de aguas para demostrar que hay un cambio de actitud y de mejora en el servicio, la “grilla” no va a soltar el tema, que indefectiblemente es de alto rendimiento político y no cuesta nada. Basta que alguien haga un señalamiento para que venga la cascada de denuncias, que con o sin sustento la mantiene contra las cuerdas.

En los recibos más recientes Proactiva-CAASA incluye un informe de las colonias que, asegura, reciben el líquido las 24 horas del día, como una prueba de que hay avances considerables en la atención, principalmente en las colonias populares.

Al mismo tiempo sigue el litigio en contra del acuerdo del Congreso del Estado para que proporcione un mínimo de 200 litros a los morosos, lo que a juicio de los propietarios les significa una pérdida y es una invitación para que más usuarios dejen de pagar.

En tanto se decide lo que procede, el regidor Refugio Muñoz afirmó que se vigilará que la compañía no vaya a incrementar las tarifas, aprovechándose de la depreciación del peso ante el dólar. “No vamos a permitir que esto sea una excusa que llegue a utilizar Proactiva Medio Ambiente CAASA para incrementar las tarifas del agua potable. Como está la situación económica del país, sería un duro golpe para el bolsillo de las familias”.

Otros miembros del Cabildo adelantaron que de su parte no habrá autorización alguna, ya que primero están los derechos de los aguascalentenses, aunque se guardan de mencionar que están en plena acción para convertirse en candidatos a diputados, por lo que el asunto del agua les viene como anillo al dedo para demostrar su apego al pueblo.

También los empresarios echaron su cuarto de espadas, al citar el presidente de los constructores, Antonio Robledo Sánchez, que CAASA en 20 años no ha invertido un peso en la renovación de la tubería del primer cuadro de la ciudad, que según aseveró “en algunos casos data del tiempos de la Colonia”, como fue el caso en la calle Victoria, en donde se cambió un tramo hace seis años y encontraron tubería de barro, lo que deja constancia que “no se ha cambiado la red, por ello existe un desabasto y constantes fugas”.

Por si fuera poco, el presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, Enrique Franco Muñoz, reveló que las quejas contra la concesionaria se han incrementado en un 100% en lo que va del año, respecto a las recibidas en el mismo período durante 2014, principalmente por cobros excesivos, la aplicación de tarifas distintas a los niveles establecidos y la no publicación de las tarifas en el Periódico Oficial del Estado, correspondiente al mes de la facturación, lo que contraviene el artículo 101 de la Ley de Agua del Estado.

En otros tiempos el principal argumento de los políticos – para atraerse la atención de los electores – era en contra de los comerciantes, calificándolos de “hambreadores” y de ser enemigos jurados de la economía popular, en cambio desde que apareció CAASA en escena ocupa el interés de los que prometen constreñir a la empresa, ofrecimiento que por cierto lleva 20 años.