Todas las reformas que se hacen a las leyes deben servir para elevar las condiciones de vida de la sociedad, algo que deberían tener en mente los diputados locales y que no asumieron a la hora de aprobar por unanimidad los recientes cambios a la Ley del ISSSSPEA.

Presuntamente actuaron en defensa del Fondo de Retiro de los trabajadores al servicio del estado y de los municipios, al aumentar de 36 a 72 meses el cálculo del sueldo promedio con el que se van a retirar y con ello “se cierra el paso a los abusos” que afirman, se cometían.

La ley estipulaba que el trabajador recibía de pensión lo que se promediaba de los últimos tres años en servicio, lo que según los diputados, en este lapso había jefes de área que autorizaban un incremento en el salario para que fuera mayor la pensión, por lo en aras de terminar con esta situación se incrementó a seis años con lo que suponen es más que suficiente para que no exista ningún ardid.

Si se mira fríamente el dictamen aprobado podría decirse que los diputados se cubrieron de gloria y que sus nombres bien merecen un lugar especial en la historia del parlamentarismo aguascalentenses, al ser celosos vigilantes de los recursos públicos, sin embargo lo que les faltó, y mucho, fue haber investigado en qué condiciones sobreviven cientos de pensionados del gobierno del estado y los municipios, con asignaciones mensuales que en ocasiones no rebasan dos salarios mínimos.

La razón para que se presente este problema se debe a que la pensión que reciben se calcula en función del salario base, no considerándose sobresueldo, bonos, vacaciones, aguinaldo y las demás prestaciones que obtenían, sólo lo que era su sueldo, que en términos claros es hasta 40% menos del total y que, naturalmente, lejos de ser un premio por los años que sirvió en el sector público se convierte en un calvario, ya que de pronto se reduce drásticamente su ingreso.

A lo anterior se debe que se recurriera, más que a un engaño como lo califican los legisladores, a una defensa de sí mismos y de su familia, pidiendo el favor de que les incrementaran el salario para de alguna manera recibir un poco más de pensión.

Hay casos dramáticos de empleados que eran parte importante en una dependencia y en correspondencia tenían un sobresueldo, pero cuando pasaron a retiro recibieron la mitad del monto global, con lo que se vieron obligados a restringir sus gastos al grado que ingresaron a las filas de la pobreza.

En un informe al ISSSSPEA, de julio de 2011, se destaca que la pensión promedio mensual es de 3,244.22 pesos y la pensión mínima de 75.30 pesos, en tanto la pensión máxima de 74,631.22 pesos, sin especificar cuántos están en cada situación de los 2,626 pensionados.

El documento aprobado por la actual Legislatura establece que la finalidad es evitar que los servidores públicos relacionados con el área de recursos humanos, con la nómina y demás áreas administrativas, “modifiquen de manera injustificada el sueldo base de cotización de algún servidor público”, proporcionándose medidas para impedir dichos movimientos.

Hacerlo fue de lo más sencillo para los diputados, porque son aves de paso que sólo les importa el período que estarán en el Congreso, donde tienen una serie de canonjías, particularmente lo que reciben de “dieta” mensual que es de 53,000 pesos, ocho veces más que el ingreso actual de la mayoría de los trabajadores, además de otros ingresos y la dotación de un automóvil a precio de agencia, que se les descuenta en cómodas mensualidades en los tres años que dura su ejercicio, por lo que difícilmente pueden ponerse en los zapatos de los burócratas en general.

Hace tiempo un grupo de trabajadores solicitaron a su sindicato (SUTEMA) que tramitara una modificación a la ley para que se incluyera para el retiro el monto global de lo que perciben y no sólo el salario base, pero como siempre ha ocurrido, el dirigente lejos de atender la justa demanda los consideró como “revoltosos” y dejó en el cesto de la basura la demanda.

Es indudable que en el ISSSSPEA pueden vanagloriarse de tener finanzas sanas y con proyección a 50 o 100 años, lo que es entendible, porque con las pensiones que paga a la mayoría de los ex trabajadores siempre podrá tener superávit.

Es incuestionable que hay de reformas a reformas, entre ellas las de orden federal aprobadas en los últimos tres años y que empiezan a dar resultados positivos como la reducción en los precios de gasolinas y electricidad, pero a nivel local hay un retroceso, al menos en lo que se refiere a los empleados del sector público.

REFORMA ELECTORAL

El senador Miguel Romo Medina señaló que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado está dispuesto a razonar una posible reforma electoral, en la búsqueda de igualar las condiciones en futuras elecciones y para que cualquier espacio se de en condiciones de igualdad para todos los partidos políticos y los candidatos en las contiendas proselitistas.

El vicecoordinador de los senadores priístas destacó que de concretarse el consenso entre todas las fuerzas políticas, la reforma “no tendrá dedicatoria para ninguno de los aspirantes”, puesto que lo que se pretende es establecer una justa distribución y repartición de tiempos y mensajes, que es el espíritu que debe tener.

Romo Medina subrayó que la actual legislación electoral por naturaleza es dinámica, pero no puede ser permanente e inamovible, sino adecuarla cuantas veces sea necesario para que regule con mayor justicia y equidad.

Recordó que con la última reforma electoral, que entró en vigor en 2015 y se aplicó en las elecciones federales de junio, se encontraron diversos aspectos que requieren de modificación, adecuación y perfeccionamiento, por consiguiente, “todas las modificaciones en la materia buscan que todos los que participan en una elección, desde los partidos políticos, candidatos, precandidatos, organismos electorales y los tribunales, finalmente mantengan un equilibrio y eso lleve justamente a una condición de igualdad y de participación para todos”, puntualizó.

PARA CONSUMO INTERNO

Cada final de año, una vez que se conoce el porcentaje de aumento a los salarios mínimos, de inmediato empiezan las rabietas de los líderes sindicales exigiendo la inmediata desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), lo que tendría un gramo de sinceridad si en verdad fueran defensores de los intereses de los trabajadores, pero lo que hacen es para darse baños de pureza al callar que en dicha Comisión los representantes del sector obrero aprueban los incrementos, de manera que a ellos tendrían que dirigir, en primer lugar, sus reclamos. Estos son (por si lo ignoran o lo han olvidado): José Luis Carazo Preciado, secretario de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y vocero de todas las agrupaciones sindicales; Abel Domínguez Rivero, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores y Campesinos (CTC) y miembros de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) y de la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicana (Conasim) y Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT), entre otros. Como siempre sucede, se hacen declaraciones “atronadoras” para ocupar lugares destacados en los medios y demostrar a sus compañeros que se preocupan por ellos. Lo cierto es que hay una manifiesta deslealtad hacia ellos.