La revisión que se practicó a los 696 camiones urbanos arrojó que 218 están fuera de la normatividad y sin embargo siguen operando, gracias al acuerdo de autoridades y concesionarios para gestionar créditos propicios que permitan llevar a cabo la renovación.

Al mismo tiempo ambas partes dialogaron sobre el aumento a la tarifa, al considerar los camioneros que sólo así podrán comprometerse al préstamo, de lo cual no hubo respuesta inmediata aunque el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Juan Carlos Rodríguez García, reconoció la validez de la exigencia.

Esta actitud conciliadora del funcionario no ha sido la misma con los taxistas, a los que en cada revisión se les fija un plazo para que solucionen los problemas que tengan sus unidades, y si ya se cumplió la vida útil de las mismas tienen un término para adquirir nuevas, en caso contrario las retira del servicio. Al mismo tiempo, ante la demanda que les autoricen elevar el cobro se les ha contestado que si no están satisfechos pueden renunciar a la concesión, porque el gobierno no admitirá presiones de ninguna naturaleza.

Aunque urbaneros y taxistas no han logrado el objetivo de tener mayores ingresos, es patente el trato preferente que recibe la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), si se tiene en cuenta que desde hace varios años la verificación arroja más de 200 carros obsoletos o en mal estado y siguen circulando “hasta que truenen”, lo que significa un peligro no sólo para el operador y los pasajeros sino para los demás automovilistas y peatones.

Se evidencia la disparidad de criterios a la hora de interpretar la ley, ya que los taxis son retirados del servicio hasta que estén en óptimas condiciones o se tenga un vehículo nuevo, vigilancia que ejerce personal de esa dependencia, lo contrario sucede con los urbanos cuyas condiciones mecánicas y de interiores están a la vista sin que alguien se atreva a suspenderlos.

En este juego de fuerzas los autobuseros salen ganando, porque si los llegan a sacar de circulación el gobierno no tiene capacidad para suplir a los 218 vehículos, ni aún recurriendo al transporte de personal que en una emergencia podría ser una salida, pero sólo por unas horas o cuando mucho uno o dos días, pero no por un período prolongado ya que esto afectaría a las empresas que los tienen contratados.

En este sentido la ley se vuelve laxa y que bien les acomoda a los concesionarios para hacer como que reparan los vehículos, cuando lo único es tenerlos con lo indispensable para que estén en funciones.

Hace menos de dos semanas que concluyó la revisión y al informar de los resultados Rodríguez García indicó que el 29 de septiembre se reunió con la directiva de ATUSA y los dueños de las 218 unidades “para hacer los señalamientos a cada uno respecto de su situación”. Se habló de un proyecto que se trabaja con el Fondo Progreso y Nacional Financiera para obtener el respaldo económico que asegure la substitución del parque vehicular, que sería algo particular para Aguascalientes en virtud que no existe otro igual a nivel nacional y que deberá tener el visto bueno del gobierno del estado, que podría fungir como deudor solidario.

La cuestión es que no se fijó un plazo, lo único que mencionó Juan Carlos Rodríguez fue que “el plan podría tardar algunas semanas más en aterrizar”, debido a que tiene que pasar por los comités de aprobación de los fondos a los que se pretende acceder para obtener los recursos necesarios.

Mientras tanto seguirá madurándose el aumento a la tarifa, que actualmente es de 6 pesos, mismo que podría autorizarse en cualquier momento con el argumento que se requiere para que vaya acorde con la inversión que se proyecta hacer, pero como ha sucedido tantas veces una vez que lo tengan todo se reducirá a las promesas de siempre, de que “muy pronto” habrá un servicio de primera, eficiente y de acuerdo a la mejora de la ciudad, a sabiendas que en el tiempo que le queda a la administración estatal podrán “torear” las exigencias que les hagan, en detrimento, claro está, de 300 mil personas que diariamente utilizan este medio.

FRENO A LOS ABUSOS

De los últimos convenios que ha firmado la procuradora federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, el que llevó a cabo con la Federación de Colegios de Arquitectos para ejercer una vigilancia muy estrecha en torno a las empresas constructoras es sin duda uno de los más importantes, socialmente hablando, al poder obligarlas a que cumplan las especificaciones de los contratos correspondientes.

Con ello hay una instancia que actuará cuando el adquiriente de un bien inmueble considera que la calidad pactada no es la que recibió, tanto en la construcción como vicios ocultos o fallas estructurales, entre otras, por lo que ante la denuncia que presente en la Profeco se enviarán expertos para que comprueben la imputación y proceder de acuerdo a lo que en derecho proceda.

Sobre el particular hay múltiples casos de familias aguascalentenses – y seguramente en todo el país – que por años han tenido que soportar esas fallas y vicios ocultos, ya que las constructoras se negaron en su momento a asumir su responsabilidad y cuando se les llevó a juicio resulta que cambiaron de nombre o simplemente desaparecieron, inclusive se tuvo que legislar para acabar con la añeja costumbre de construir en terrenos con fisuras geológicas que han hecho inhabitable viviendas o negocios.

Con ese acuerdo Lorena Martínez pone a disposición de los consumidores a peritos y abogados que trabajan para la Profeco, que además de obligar a los constructores incumplidos a que atiendan lo contractual quedarán exhibidos ante la sociedad.

ESFUERZO SIN PRECEDENTE

En un afán de acelerar la atención a los pacientes programados para un trasplante renal, la delegación estatal del Seguro Social tiene un convenio con hospitales hermanos, lo que asegura que en tiempo y forma sean intervenidos y los que están en espera de un donante reciban los servicios de diálisis y hemodiálisis.

Mientras que entre 2011 y 2014 se realizaron un promedio anual de 40 de estas cirugías, para 2015 serán por lo menos 50, de las cuales 36 ya están debidamente protocolizadas, aumento que ha sido posible gracias a los acuerdos establecidos con los centros médicos Siglo XXI y La Raza, del Distrito Federal y con el Hospital General de Zona Número 50 (HGZ-50) de San Luis Potosí, lo que garantiza la agilidad de la atención a los derechohabientes de Aguascalientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aplica hasta 70 mil servicios de diálisis y hemodiálisis a los enfermos que están a la espera de un donante, a fin de que tengan un soporte de vida en tanto llega el momento del trasplante.

Ese tipo de arreglos con hospitales de la misma institución le da agilidad a la atención que reciben los pacientes renales de esta entidad y al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de vida, al evitar que se alargue la espera de la intervención, al mismo tiempo el costo se reduce significativamente si tuviera que hacerse en clínicas privadas, con lo que se aplica la política de ofrecer mayor calidad sin gastar más.