Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 20-Jun .- Un juez federal suspendió en forma provisional cualquier orden de captura, arraigo, cateo o de intervención de comunicaciones contra Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de visitar con una identidad falsa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Penal del Altiplano.
Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito de Sinaloa, concedió dos suspensiones provisionales a la legisladora, una contra un posible mandato de captura y otra contra cualquier medida cautelar, según los amparos 50 y 521/2016 presentados por Sánchez.
Rubén Tamayo Viveros, abogado de la diputada, dijo que con la protección de dichas suspensiones su defendida se presentará este martes ante el Congreso de Sinaloa, justo cuando se tiene previsto tratar su desafuero en la orden del día.
“Nosotros consideramos que la Cámara de Diputados se excedió al declarar procedente el juicio de procedencia, porque si ellos no son quienes le dieron el fuero ¿cómo se lo van a quitar?
“Creemos que el expediente debe ser devuelto por el Congreso de Sinaloa a la Cámara de Diputados, porque esta última no tiene facultades para quitarle el fuero a mi clienta. Si se lo devuelven, deberán dictar otro dictamen”, dijo el litigante.
Si el Legislativo sinaloense optara este martes por completar el desafuero, Sánchez López no sería aprehendida, ya que la PGR apenas estaría autorizada para solicitar su captura ante un juez federal, quien tendría 10 días para resolver la consignación.
La defensa tramitó y obtuvo la suspensión de cualquier orden de localización y presentación de la PGR porque, independientemente de que no existiera un mandato judicial, la dependencia sí podía retenerla con un mandamiento ministerial.
La PGR imputa a la legisladora haber utilizado una credencial de elector a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez para ingresar al Penal del Altiplano y visitar a Joaquín Guzmán, el 4 de septiembre de 2014.
El pliego de consignación de la Procuraduría la acusa de uso de documento falso, un delito que tampoco es grave y que con un amparo puede permitirle a la legisladora suspender una eventual orden de aprehensión
Por lo pronto, el próximo miércoles el juez Jara determinará si suspende o no en forma definitiva cualquier orden de aprehensión, cateo, arraigo e intervención de comunicación telefónica, así como orden de localización o presentación emitidas en su contra.
En el caso del amparo contra un mandato judicial de captura, el juzgador fijó el pago de una garantía de 10 mil pesos para que continúe vigente la suspensión que la protege.
De no existir ninguna orden de captura o de medida cautelar contra Sánchez López, el juez negará las suspensiones definitivas y, eventualmente, sus amparos serán desechados.