Las asociaciones civiles que pretenden convertirse en partidos políticos locales no están teniendo respuesta de la ciudadanía para lograr su cometido; la falta del quórum mínimo para la celebración de asambleas constitutivas es el común denominador, independientemente del convocante.
Al respecto, el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, explicó que una vez que se ha confirmado en tribunales la procedencia del interés por transitar hacia partidos políticos locales de algunas asociaciones civiles, éstas han reanudado su trabajo en esa meta.
Así, convocan a asambleas para constituirse a nivel distrital con la afiliación de un mínimo de militantes, que la ley prevé en el 0.26% del padrón de una demarcación específica, pero al no reunir esa cantidad de personas, no hay avance.
Esta meta la deben cumplir de manera paulatina en doce de los 18 distritos locales que marca la geografía política de la entidad y para ello tienen como término un año, sin embargo, por las impugnaciones en que se vieron involucradas, ya pasaron seis meses para cumplir ese requisito.

QUE YA LOS INSTALEN. Por otro lado, el presidente del IEE hizo votos para que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado puedan determinar a la brevedad la asignación de recursos para la instalación del Tribunal Local Electoral, una vez que hay certeza de la legalidad en los nombramientos de los magistrados que lo integran.
En ese sentido, consideró que el paso urge, en términos de que cualquier pendiente en el cumplimiento de una norma lleva inherente el carácter de urgente. Aclaró, sin embargo, que la sentencia de la Sala Superior de confirmar la validez de las designaciones, puesta en tela de juicio por un particular y un partido político, no cambia la situación del TLE, cuya instalación depende del análisis y asignación presupuestal.
En ese sentido, indicó que el tema es serio y no se debe tomar a la ligera, pues se trata por un lado de disminuir partidas en sectores sensibles, pero por otro garantizar la función de una instancia jurisdiccional que pueda cumplir su trabajo a cabalidad.