El periodo vacacional que comenzó esta semana en las escuelas, podría ser un respiro para las autoridades y el SNTE, luego de las protestas que llevaron a cabo diversos grupos opositores a la Reforma Educativa, y de jubilados que reclaman el pago de alcances económicos.

Eso es, al menos, la ruta lógica, ya que se impone hacer un alto en el camino, sin embargo, a como están las cosas, en lugar de tomar un descanso es aprovechado para fortalecer los equipos y estar en condiciones de realizar nuevas acciones a partir de la segunda quincena de agosto.

De lo que más se comenta es sobre las razones que hay para que sólo al personal en servicio se le exija presentar evaluaciones que determinen conservar su trabajo, y en el mismo sentido se haga a los aspirantes que deben pasar una serie de exámenes para ser considerados en la lista de espera.

La inconformidad se reavivó por las palabras de Sylvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) durante su visita a Aguascalientes, al señalar que en el sistema educativo nacional nadie se escapa de ser evaluado, incluidos los funcionarios, pero cuyos resultados no se dan a conocer, lo que en términos claros es un actitud parcial, ya que si los profesores que salen “no aptos” son exhibidos, no hay una razón para que se oculte la información de la calificación que reciben los que están al frente de la SEP y de las secretarías e institutos estatales.

Consideran que no hay piso parejo y esto se presta para suponer que en realidad no se califica los conocimientos ni el desempeño de los titulares de las dependencias educativas, inverso a lo que ocurre en los organismos policiacos, donde no hay excepción alguna, ya que desde el titular hasta el elemento de última categoría deben presentar exámenes y pasar la prueba de confianza, publicándose por nombre y cargo los puntos que obtuvo cada quien.

Sylvia Schmelkes repitió lo que se ha hecho costumbre en distintos niveles: que la evaluación “no está hecha para despedir” profesores, que en todo caso la prueba es compleja e integral, “mas no difícil”, toda vez que tiene el propósito de que los alumnos aprendan más al ser “una realidad que el sector educativo no está a la altura de las necesidades de aprendizaje”, por lo tanto se debe profesionalizar a los docentes.

Del mismo modo aseguró que los derechos de los preceptores están totalmente a salvo, puesto que tienen tres oportunidades para obtener un resultado favorable, y en caso de que no sea así, de ser calificados como “insatisfactorio” o “no idóneo”, entonces se les pide que dejen el grupo, “pero no se les despide, ya que se preservarán sus derechos laborales”.

Contrario a lo anterior, la Ley General del Servicio Profesional Docente, del 11 de septiembre de 2013, prevé en su Capítulo VIII sobre la Permanencia en el Servicio, que se deberá evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, lo que será obligatorio cumplirlo, por lo que habrá tres oportunidades y en caso de que el personal “no alcance el resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se dará por terminado los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidades para la Autoridad Educativa o el Organismo Desconcentrado, según corresponda” (Art. 53).

Ni una sola línea establece que serán reacomodados en actividades administrativas como se ha venido manejando, y tampoco determina que las autoridades educativas y de los organismos desconcentrados sean evaluados, lo único que manifiesta es que éstas son las encargadas de hacer las evaluaciones a los docentes.

Mientras no se reforme la citada legislación y la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 128, seguirá vigente la advertencia y que ha sido la razón para llevar a cabo las movilizaciones, aunque cabe esperar que no se llegue al despido al tener tres posibilidades, además que quien imparte clases es porque estudió la carrera, no es alguien que llegó de la calle y le dieron un gis y un borrador para que trabajara de profesor.

Se percibe que el rechazo está por la forma con que las autoridades han manejado el asunto de enseñanza-aprendizaje, al afirmar que la educación básica en México “está por los suelos” y que esto es culpa de los docentes, cuando de ser cierto, sería una cuestión multifactorial. No se puede condenar a más de un millón de trabajadores por los errores de unos cuantos, ni se debe encasillar el sistema nacional por los problemas registrados en algunas entidades, o por el comportamiento que asumen algunas secciones sindicales que están lejos de ser el común del profesorado.

Esta falta de empatía entre la SEP y sus trabajadores propicia ausencia de confianza, que se trabaje bajo tensión, cuando lo que más se requiere es una identificación explícita entre ambas partes para un mayor desempeño de las labores y así tener mejores resultados.

CANACAR ACUSA A PEMEX

En seguimiento a las denuncias que ha hecho aquí Roberto Díaz Ruiz, expresidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), sobre los problemas que enfrentan para la distribución de combustible, lo cual provocó fuertes problemas en nueve entidades federativas; el organismo fue más allá al acusar al subdirector de Distribución y Refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex), Francisco Fernández Lagos, de actuar de manera arbitraria.

Mediante un desplegado la Canacar señala que se les ha marginado en la actualización de tarifas, lo que no se hace desde hace dos años; en cambio, ha sido benigno con el carrotanque (ferrocarril), ya que con éste “sí lo ha tratado bien el Ing. Francisco Fernández Lagos e incluso le acaba de actualizar la tarifa correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015 en 0.25%”, a pesar de que no ha cumplido con lo que se comprometió a transportar.

En el escrito hay algunos puntos interesantes, como el que se refiere al desabasto de gasolinas, al establecer la Canacar que Pemex argumenta que se debe a las tomas clandestinas, delegando la responsabilidad al gobierno federal, “lo cual no es creíble porque el producto que se extrae de las tomas clandestinas se queda en el mercado nacional, a menos que la delincuencia lo esté exportando”.

Según la Canacar, “la causa del desabasto de gasolinas se debe a la mala programación del paro de las refinerías de Salamanca y Cadereyta y a la pésima logística” que aplican Fernández Lagos, Jorge Madrigal Salgado, gerente de Transporte Terrestre; y Jorge Elías Capitanachi Dagdug, encargado del Despacho de la Subgerencia de Programación y Control.

También atribuyen el problema al mal estado en que se encontraban los ductos de Salamanca-Zamora, Magdalena-Culiacán y Pajaritos-Villahermosa, por lo que los sacaron de operación, además que falta que revisen con detalle la operación de ductos de Brownsville, Texas-Reynosa, Tamaulipas, por las fuertes fugas que registran, éstos sí, por las tomas clandestinas.

Por último, dejan entrever que algo turbio se “cocina”, al citar que se hizo la compra de carrotanques chinos y su cancelación, de lo que más adelante comentarán una vez que concluya la auditoría que llevará a cabo un despacho legal sobre las tres mil hojas del expediente que tienen en su poder, que podría derivar en que hay ardides.

Aunque es un asunto entre la Cámara y la Asociación de Empresas Transportistas al Servicio de Pemex-Refinación y la empresa gubernamental, lo medular para los ciudadanos está en las razones que hay para que falte gasolina y Diesel, y que lo denuncian quienes están al día de lo que hay en la trastienda.