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Agencia Reforma

WASHINGTON, EU 14-Jul .- A sólo semanas de que comience la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), grupos de agricultores estadounidenses y legisladores de Estados rurales están enviando un mensaje al Gobierno del Presidente Donald Trump: dejen a la agricultura fuera de esto.
Trump ha culpado al TLCAN (“el peor acuerdo comercial de la historia”, según sus palabras) por la pérdida de millones de empleos manufactureros y ha prometido inclinarlo a favor de Estados Unidos.
Sin embargo, para los agricultores estadounidenses, el pacto de 23 años asegura el acceso a mercados estables y lucrativos en México y Canadá, que ahora representan más de la cuarta parte de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos.
Ahora temen que este acceso pueda convertirse en una moneda de cambio en los esfuerzos por conseguir un mejor trato para los fabricantes estadounidenses.
“Quizás algunos otros sectores de nuestra economía reciban mejores condiciones, y a cambio de eso se reanuden las tarifas agrícolas”, dijo Joe Schuele, portavoz de la U.S. Meat Export Federation, en Denver, Colorado.
Otra preocupación es que la mera incertidumbre sobre las negociaciones comerciales abiertas podría empujar a México hacia proveedores alternativos de granos, productos lácteos, carne de vacuno y cerdo.
México se volvió aún más crucial después de que el retiro de Trump del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), negociado por el ex-Presidente Barack Obama, echó por tierra las esperanzas de los agricultores de tener libre acceso a más mercados.
La próxima semana, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, describirá los objetivos del Gobierno en las negociaciones del TLCAN al Congreso, y la industria agrícola ha aumentado la presión en las últimas semanas para que sus intereses formen parte de la lista de Lighthizer.
Operando bajo el U.S. Food and Agriculture Dialogue for Trade (USTR), más de 130 grupos de materias primas y gigantes del sector agrícola han bombardeado al Gobierno desde que Trump asumió el cargo con llamadas y cartas, comentarios públicos y reuniones directas con funcionarios de alto rango.
“Nuestra primera solicitud es que no se haga daño”, afirmó Cassandra Kuball, que encabeza el USTR.