Cada vez que alguien cuestiona el porqué hay dos organismos para ejercer las mismas actividades, uno federal y otro estatal, y en algunos casos hasta uno municipal, no hay una respuesta sólida, debido a que sale sobrando cualquier argumento para que coexistan, lo que indefectiblemente choca con la austeridad y el uso razonable de los recursos públicos, de lo que tanto se habla en los discursos.

Es el caso de los cuerpos electorales que con todo y las enmiendas a la ley para presentarlos como algo novedoso, a final de cuentas es más de lo mismo, con un control férreo a nivel nacional que llega al extremo de llegar a reducir o nulificar a los institutos locales.

Las elecciones que tendrán lugar en Aguascalientes el próximo 5 de junio, al igual que en otras 11 entidades, deberían estar bajo el dominio de la autoridad local, al menos eso es lo que se supone, pero ya se demostró en Colima el pasado 17 de enero, durante las elecciones extraordinarias para gobernador, que el Instituto Nacional Electoral (INE) no confía por lo que tomó el mando, al grado que la mayoría de los consejeros, encabezados por su presidente, estuvieron en este estado hasta que concluyó la jornada.

Es indudable que el INE se atribuye ese derecho en base a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que en su artículo 121 expresa que el Instituto tiene atribuciones especiales si se considera que en una elección local existan diversos factores sociales “que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impide por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Local competente, o que no existan condiciones políticas idóneas por injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad”.

Previamente, el artículo 120 manifiesta que el INE podrá asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Locales Electorales, “en términos del inciso A) del Apartado C, de la Base V del Artículo 41 de la Constitución” (el cual dispone que corresponde al Instituto designar al consejero presidente y a los consejeros electorales de los organismos públicos locales en las entidades federativas).

La cuestión radica en que si el INE es el que nombra o destituye a los funcionarios electorales locales y si fuera el caso se arrogará la ejecución de todo el proceso, como sucedió en Colima, ¿cuál es el objetivo de que existan?, porque si actúa de esa manera es porque no tiene confianza en su capacidad y honestidad, aún cuando para recibir el nombramiento de consejeros deben “gozar de buena reputación”, además el organismo local “gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones”, rigiéndose por los principios de “certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”.

A pesar de toda la letanía que se tiene para que permanezcan los órganos locales, el INE tiene una Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, adscrita a la Secretaría Ejecutiva que debe proponer a la Comisión de Vinculación los lineamientos, criterios y disposiciones que emita el Instituto y que delegue a los organismos locales, además de elaborar el calendario y el plan integral de coordinación para los procesos electorales de las entidades federativas, entre otras facultades.

Se ordena que los organismos locales gocen de “autonomía e independencia en sus decisiones”, pero claro está, siempre que acaten lo que les ordena el INE, porque si quieren actuar en forma libre serán desconocidos y vendrán otros que sí obedezcan.

La semana pasada, en el acuerdo del Consejo General del INE, se determinó las funciones para el desarrollo de los procesos electorales que tendrán lugar en este año en 12 estados, en primer término la capacitación electoral y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, entre otras, así como actualizar el padrón electoral.

LIBERTAD ANTICIPADA

La administración estatal y los diputados concluyen este año el período para el que fueron electos, lo que podrían aprovechar para plantear una iniciativa – y aprobarla a la mayor brevedad -, para que recobren su libertad los que delinquieron por primera vez y se encuentran sujetos a proceso o cumplen una sentencia, o están cerca de concluir la pena.

En otros tiempos se concedía esa prerrogativa el 15 de septiembre o antes del 24 de diciembre, pero por razones ignoradas se acabó esa tradición, lo que podría retomarse en beneficio de quienes por necesidad o inducidos actuaron ilícitamente, contribuyendo de esta forma a despresurizar los penales de hombres y mujeres, que aún cuando se diga que ninguno rebasa el número establecido debe ser muy difícil para los primo-delincuentes estar ahí.

De manera particular hay personas sin antecedentes penales, que han sido detenidas con violencia y que por no tener para pagar los honorarios de un abogado deben seguir ahí, cuando bien podría revisarse su expediente para encontrar alguna forma jurídica que les ayude a salir, que sería el caso de las mujeres sorprendidas cuando pretendían introducir marihuana o cualquier otra sustancia que pidió el marido o el amigo interno en el Cereso, o de los choferes que a bordo de sus unidades llevaban alguna cantidad de estupefaciente y lo desconocían, ya que en esta actividad es común la contratación para trasladar un vehículo sin que se les informe lo que llevan.

Consistiría en una libertad condicionada ya que tendrían que ir a firmar el libro, pero para los que se beneficien sería de gran alivio ya que pueden retomar el ritmo de su vida, al lado de su familia y con el compromiso de no volver a tropezar con la misma piedra. Es una experiencia que seguramente no querrán volver a tener.

Podría aprovecharse para solicitar un informe de los que están en prisión por no tener para el pago de la fianza y que el Estado absorba la aportación, siempre que sean asuntos en que el indiciado se comprometa a resarcir el daño causado en un tiempo determinado.

OMISIÓN

El hecho no está en que se dejó de ejercer un monto de 200 millones de pesos sino determinar quién actuó con negligencia, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sólo informó que no se concluyeron los proyectos para construir la ampliación de las carreteras de conexión a las comunidades de Milpillas y El Cuervero, ambas en el municipio de Calvillo. El delegado de esa dependencia, Luis Gonzalo Esparza Parada, señaló que contaba con el registro de Hacienda, pero en su momento se carecía de elementos para asignar el recurso, al no contar con el expediente de costo-beneficio ni se había liberado el manifiesto de impacto ambiental. “Al cierre del año (2015) ya se tenía el proyecto completo con la inscripción y costo beneficio, pero por tiempo el dinero ya fue recogido por Hacienda”. Al regresar el recurso al erario el único camino que queda es volver a realizar el trámite y esperar a que se autorice para 2017, lo que sin duda afecta a los usuarios de ambos ramales. Lo que sigue en el aire es saber en dónde estuvo la falla, quién la cometió, si hubo sanciones y qué medidas se adoptarán para que no vuelva a ocurrir, con esa ni con ninguna otra obra.