Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, en diversas ocasiones y en este mismo espacio, he señalado que la corrupción es uno de los principales problemas que laceran a nuestro país, siendo una práctica muy arraigada entre los mexicanos, tanto en gobernantes como en los propios ciudadanos, la cual provoca importantes mermas al país, en lo económico y también en lo social.

Esta semana, el Congreso de la Unión celebró un periodo extraordinario de sesiones con el objeto de aprobar el dictamen mediante el cual se expiden tres Leyes que vendrán a constituir el marco jurídico que regule el llamado “Sistema Nacional Anticorrupción”, refiriéndome a las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Recordemos que, en mayo del año pasado, se realizó una reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, modificándose el artículo 73 de la Carta Magna y con ello se dotó de facultades al propio Legislativo Federal para expedir las Leyes Reglamentarias del denominado “Sistema Nacional Anticorrupción”. Después de un año, estos instrumentos jurídicos han sido creados y así finalmente se cumple con este deber legislativo.

A decir del propio dictamen, “el Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido por el Constituyente Permanente como el parteaguas en los esquemas de coordinación para combatir la corrupción y eficientar la prestación del servicio público. Se pensó como la piedra angular que vendría a dar plena efectividad a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, a través de la coordinación entre los diferentes órdenes e instancias gubernamentales, y por supuesto, con una amplia participación de la sociedad civil”.

Gracias a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se crea el Comité Coordinador de dicho sistema, como instancia responsable de lo siguiente:

  • Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno.
  • Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
  • Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
  • Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
  • Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización.
  • Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

El mencionado Comité Coordinador estará integrado por siete miembros, siendo los que a continuación se enumeran:

  • El Titular de la Auditoría Superior de la Federación.
  • El Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
  • El Titular de la Secretaría de la Función Pública.
  • El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
  • Un representante del Consejo de la Judicatura Federal.
  • Un representante del Comité de Participación Ciudadana, órgano integrado por ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Este último será quien presida el Comité.

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer y ejecutar lo siguiente:

  • Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
  • Sus obligaciones.
  • Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
  • Los procedimientos para su aplicación.

Cabe destacar que, dentro de esta última Ley, está comprendida la iniciativa ciudadana popularmente conocida como la #3De3, que obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones de situación patrimonial, de conflicto de interés y la fiscal, por lo que resultan engañosos y tendenciosos todos esos comentarios de la opinión pública y en las redes sociales que apuntan a que este tema no fue contemplado en este andamiaje jurídico del “Sistema Nacional Anticorrupción”, esperando que estas nuevas normas, instituciones y procedimientos sean eficaces para tener un gobierno más transparente, honesto y que rinda cuentas claras, mientras que los particulares también deberán abstenerse de verse involucrados en actos de corrupción.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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