Saúl Alejandro Flores

En las dos semanas anteriores transcribí los artículos de la iniciativa de Ley y ahora como lo anticipé haré a los comentarios al respecto, pasemos pues a ello.

He manifestado que esta iniciativa indudablemente presenta un avance y plantea esquemas que permitirán solucionar varios problemas del sector, mismos que son severos y que demandan acciones inmediatas es decir, ya no se puede postergar el diseño y ejecución de una política hídrica definida y contundente.

Con relación al aspecto financiero el caos y anarquía ha destacado en el sector porque no se le ha dado la seriedad requerida al esquema tarifario, en la mayor parte de los municipios persiste la visión de extender la mano y esperar apoyos de los gobiernos federal y estatal, pero no ha habido intención proactiva por generar recursos, aunado a la falta de disciplina financiera, es sabido la predominante práctica de que las oficinas, áreas, unidades o dirección de agua, son la caja chica del gobierno municipal en turno, de esa manera financian cualquier emergencia en el municipio hasta las coronaciones de sus reinas en sus correspondientes ferias, pero no se emplean en establecer políticas de sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos, la Ley de 2004 que es la vigente, introdujo el principio: “lo del agua al agua”.

En lo personal reitero que veo avance, pero se queda corto en la iniciativa de Ley en el aspecto de ofrecer una vertebración de un eje que articule toda la política hídrica nacional, en donde un sistema o subsistema financiero sea ese brazo, a su vez conformado por un subsistema tarifario, como habrán podido constatar en la transcripción que realicé se menciona un sistema nacional de información del agua, que trabajaría a la par para alimentar y facilitar la funcionalidad del sistema tarifario, pero aquí hay las siguientes connotaciones que considero oportuno comentar.

En su primer borrador de esta iniciativa que apareció por allá del 2004 meses después de publicarse la ley vigente, se consideraba resaltar el fortalecer y dejar en claro y de ser necesario emitir una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional en su fracción III, inciso a), referente a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en el cual se manejó la sistematización de la política del sector en el ámbito de los servicios y sobre todo el tema de la regulación y los entes reguladores, luego en 2007 se continuó en el Senado con la intención de retomarlo y crear el Instituto Nacional de Agua Potable, y una serie de esquemas y políticas financieras que pudiera brindar esa tan esperada y ansiada eficiencia en los organismos operadores a nivel nacional.

Finalmente, se llegó después de muchas discusiones y con la incorporación del concepto del derecho humano al agua, así como de la mayor concientización respecto a la carencia de agua, huella hídrica y agua virtual, en adoptar esa visión, se ponderó el derecho humano al agua, y se modificó aquel proyecto previo, para quedar en la actual iniciativa que proporciona un esquema de coordinación tarifaria, sincronizado con las políticas hacendarias, más que un tema regulatorio y financiero, que veo aún débil.

Desde mi perspectiva este debe ser un subsistema del sistema financiero, que además de mecanismos debería de establecer a este nivel las bases que debería considerar el reglamentos, así como los diversos componentes que debería conformar ese subsistema financiero y su brazo tarifario, puesto que con tarifas no se puede desarrollar un sinfín de proyectos de infraestructura y acciones que son necesarias no sólo para lograr el puntual y eficiente servicio de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento, pues no se debe ver sólo el tema de abasto, sino la integralidad que reviste el proceso o ciclo de la llamada agua urbana, emprender las acciones que faciliten además el cabal cumplimiento o garanticen el derecho humano al agua, más allá de la simple y fácil acción de dotar agua a través de pipas.

Debe recordarse que se ha propuesto avanzar en el tema de coberturas aún desde antes que se empezara con la visión del derecho humano al agua, entonces, considero que este capítulo debe buscar cómo articularse con las decisiones nacionales más allá de la coordinación fiscal, ir hacia la coordinación la infraestructura, planeación y ejercicio de las políticas públicas del sector agua, describir a sus correspondientes componentes y sobre todo establecer los criterios o fórmulas para el establecimiento de tarifas y la respectiva actualización tarifaria, lo anterior para brindar la certeza jurídica que requiere cada usuario.

Este esquema serviría para que los entes reguladores puedan tener un referente al momento de emitir su correspondiente dictamen y que a su vez la resolución tenga un peso para poder hacerlo cumplir. No manifiesto en lo personal objeción alguna a los conceptos y mecanismos establecidos en el capítulo que se transcribió en las dos colaboraciones anteriores, simplemente porque no hay nada igual en la ley anterior y eso facilitaría el desarrollo proporcionando la disciplina en cada una de las fases que comprende un sistema tarifario, además de unificación en los criterios, garantizando un buen uso, además y esto es digno de rescatar, ello puede garantizar un aspecto olvidado y tan necesario que es el control de los dineros y su transparencia, ahora tan cuestionado, ya que por desgracia los escándalos mediáticos a nivel nacional desvían la atención de una seria y delicada situación que se presenta en los gobiernos estatales y municipales me refiero a la corrupción y desvío de fondos, misma que pasa desapercibida, pero que es un grave problema, al sistematizar y poner orden se lograría evitar y controlar esta situación. Porque recuerden amables lectores que estas son acciones tendientes que favorecerán para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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