Para ser candidato a un cargo de elección popular basta recibir la bendición del partido que se trate y en el caso de los “independientes” tener los recursos económicos que le permita estar a la par que los demás. Ninguno presenta un examen previo a su registro, que permita conocer si tienen los conocimientos necesarios para ocupar el puesto, sólo se les pide que cumplan los requisitos previstos en la ley, misma que no exige demostrar talento ni experiencia.

Por lo anterior arriban al Congreso del Estado y a los ayuntamientos varios que no tienen ni idea de las obligaciones que adquieren, ciñéndose al principio que no son “todólogos”, por lo que llegado el momento contratarán asesores que se encarguen de fijarles el rumbo a seguir de los temas correspondientes, con lo que pueden dedicar su tiempo a la “grilla” que es, en esencia, lo que más les atrae. No se preparan para estudiar, analizar y debatir los asuntos, lo que provoca que en las sesiones se enzarcen en altercados que sólo divierten o soliviantan al anfiteatro, pero en el fondo no deja ningún provecho a la sociedad.

Mientras que a los profesores les exigen que presenten periódicamente exámenes de actualización, los aspirantes a los más elevados cargos públicos pasan como Juan por su casa y a lo largo de su ejercicio no tienen que acudir a una sola evaluación.

Para aspirar a ser gobernador, presidente municipal, regidores, síndicos y diputados locales, el Código Electoral del Estado señala que deben estar inscritos en el Padrón Electoral y contar con credencial para votar con fotografía; no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de manera formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la elección; no puede ser candidato durante la ejecución de una pena corporal, y por resolución o sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos.

La Constitución Política del Estado de Aguascalientes prevé que para ser diputado se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener veintiún años cumplidos el día de la elección, y haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él, no menor de cuatro años inmediatamente anteriores al día de la elección.

Para ser gobernador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, y nativo del estado o con residencia efectiva en él no menos de diez años inmediatamente anteriores al día de la elección; estar en pleno ejercicio de sus derechos, y tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección. No puede ser gobernador el ministro de culto, salvo que dejare de ser ministro con la anticipación y en la forma que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución General de la República; tampoco puede ser gobernador por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la fecha del auto de formal prisión; durante la extinción de una pena corporal, y por resolución o sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos; quien haya desempeñado ese cargo por elección popular, el servidor público sea cual fuere el origen de su designación a menos que se separe de su cargo noventa días antes de la elección; el ciudadano que hubiere ocupado el cargo de gobernador provisional o interino, o aquel que cualquier denominación hubiera suplido las faltas temporales del gobernador, así como el ciudadano que con carácter de gobernador sustituto supla la falta definitiva del gobernador, no podrá ser electo o designado como gobernador en cualquiera de sus formas, si no han transcurrido dos años de que cesó en sus funciones, y no podrá ser electo gobernador para el período inmediato, el ciudadano que haya desempeñado ese cargo por designación distinta a la elección popular.

Para ser presidente municipal, regidor o síndico se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener 18 años cumplidos el día de la elección, ser originario del municipio o tener residencia en él no menos de dos años, inmediatamente anteriores al día de la elección; no pueden ser electos para ocupar esos puestos quienes desempeñen cargos públicos de elección popular, sean de la Federación o el Estado, ni quienes estén en funciones en el Poder Judicial del Estado y las distintas dependencia y oficinas federales, estatales y municipales, a menos que se separen noventa días antes de la elección.

Como se puede observar, en ninguna parte de la Constitución se ordena que los postulantes a cualquiera de los cargos descritos deban comprobar que conocen cuáles son las funciones que se proponen desempeñar, no obstante que en ellos se deposita el destino y la ruta que deba transitar la sociedad.

Lo anterior suscita que asuman compromisos que difícilmente van a poder cumplir, ya que en algunas cuestiones sale totalmente de su esfera, como diputados, regidores y síndicos, que podrán ser gestores ante la autoridad para la atención de una obra o servicios públicos, pero no dar por descontado que se llevarán a cabo. Al no hacer efectivo genera la irritación y el reclamo popular, cuando bien puede explicar en campaña que sus atribuciones serán otras y que en todo caso la petición se haga ante el interesado en ser presidente municipal.

Ciertamente, en una democracia no puede haber cortapisas ni barreras para que cualquier ciudadano ocupe un cargo de elección popular, pero al menos podría pedírsele que demuestren pericia y no que sobre la marcha aprenda.

ACTITUDES OPUESTAS

Mientras que a nivel nacional está en trámite la autorización para que los adictos a la marihuana puedan portar hasta 28 gramos, en Aguascalientes se decomisa la (poca) mercancía que llevan vendedores ambulantes que carecen de permiso municipal.

Son cuestiones incomprensibles, porque en tanto a unos les permitirán dedicar todo su tiempo para que gocen de sus “churros”, a otros los persiguen hasta lograr quitarles la canasta o la caja en que ofrecen los productos, cuyo monto no rebasa los quinientos pesos, pero cuyas ganancias les sirve para irla pasando.

Aunque es una situación común en cualquier época del año, es más notorio durante la Feria Nacional de San Marcos por el número de personas de aquí y de otras partes del país que buscan allegarse unos pesos, sin imaginar que los verificadores de reglamentos municipales están al asecho para confiscar lo que llevan.

Lo más lamentable es que quien vive este problema lo dejan sin posibilidades de trabajar, orillándolo a pedir limosna o que robe para comer, cuando lo justo sería que al carecer del famoso permiso se le informe que debe pagar la plaza, que es una cantidad que aportan los tianguistas. En caso de no tener dinero, que se le retire del lugar, pero sin quitarle el sustento.

Hacerlo de ninguna manera pondría en riesgo las finanzas municipales y en cambio se demostraría un acto de misericordia. Es cuestión de mirar lo que venden, básicamente semillas de calabaza, dulces, chicles, chocolates y otras mercancías similares, y calcular cuánto se pueden ganar al día, concluyéndose que lo hacen porque no tienen otra posibilidad. Son personas que quieren ser útiles, que no quieren vivir a expensas de los demás sino de su propio esfuerzo, por lo mismo se les debe dar facilidades para que desempeñen su labor y no hacerlas sentir como si fueran delincuentes.