Aunque en el comité ejecutivo estatal del PRD nunca tienen prisa, hoy sus directivos pueden respirar más tranquilos, gracias a que en 2016 el Partido Acción Nacional se encargará de hacer el trabajo conjunto una vez que firmen el convenio de coalición.

En tanto que aquí deshojan la margarita y dicen no estar seguros si irán con los panistas, en el Comité Nacional hay avances en 10 de los 12 estados que tendrán elecciones para gobernador, principalmente en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Tamaulipas y se pretende incluir a Hidalgo y Tlaxcala, además de Colima que repetirá comicios.

La llegada de Agustín Basave a la presidencia del CEN, en lugar de Carlos Navarrete, no significa cambio alguno en el esquema político-electoral, al seguir las alianzas con el PAN que han sido sumamente criticadas por ser polos opuestos en principios, objetivos y prioridades.

Bajo este marco los perredistas nuevamente irán enganchados al carro azul, que en 2013 colocó a los tres candidatos a las alcaldías de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo y sólo dejó a sus socios la diputación de Calvillo, que obtuvieron gracias a los votos panistas.

Para el año próximo habrá elecciones de gobernador y la renovación de los 11 ayuntamientos y del Congreso del Estado y por lo que se observa serán pocos los espacios que tenga el PRD, aunque su ganancia será similar a la actual, ocupar puestos de tercer nivel en la estructura administrativa y seguir pavoneándose a nivel nacional de ser cogobierno.

Aún cuando a nivel estatal los comités de cada partido se pueden pronunciar a favor de esa liga, como ya lo hicieron en Veracruz, lo cierto es que deben contar con el aval de los nacionales que debe vigilar el proceso, para ello se encuentran en pláticas a fin de determinar lo que procede en cada entidad y cómo será la partición de las candidaturas, que es la parte más delicada ya que lo que ceda cada quien será reprochado por los interesados en esos lugares.

De lo que no escapa el Partido de la Revolución Democrática es de estar a expensas de lo que ordene y haga su coligado, que designa a los principales cargos, como ocurrió hace cinco años con los gobernadores Rafael Moreno Valle, en Puebla: Mario López Valdez, en Sinaloa, y Gabino Cué, en Oaxaca, que el perredismo considera como propios no obstante que en el caso de los ex priístas Moreno Valle y López Valdez se dicen panistas, incluso el poblano está en plena pre-precampaña a la Presidencia de la República.

Luego de que el PRD designó una comisión de alianzas, que se encargará de analizar los casos en cada estado, en fecha próxima citará a los directivos locales para determinar los pasos que deben darse, sin embargo no es mucho lo que derive en esa reunión puesto que el techo electoral perredista es ínfimo en comparación con el que tiene Acción Nacional, de ahí que sólo cabría llegar a los acuerdos de las tareas que le corresponda en las campañas.

Cuando se dan este tipo de pactos es porque uno de los avenidos no puede actuar por sí mismo, por lo que debe aceptar las condiciones que le impongan y una de ellas son las candidaturas, reflejo del nulo trabajo que tiene, lo que se debe a que en cuanto termina la elección se tira en la hamaca y bajan hasta que se aproxima la siguiente, de ahí que es sumamente difícil que puedan captar el interés del electorado, que a final de cuentas es el juez de los partidos. La poca cosecha de votos obliga a seguir enganchados al carro que les ayude a no caer en el abismo, esto es, que no pierdan el registro y ante todo los generosos recursos mensuales que reciben del erario estatal.

ENGAÑOSA RECUPERACIÓN

A la par que los líderes sindicales guardan “prudente” silencio, legisladores federales aseguran que con la desindexación del salario mejorará el ingreso de los trabajadores, sin embargo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro de la Serna López, se encargó de aclarar que esto no significa un aumento salarial, sino la supresión de referencia salarial a trámites y cuantificaciones de multas.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva, aseguró que la reforma constitucional para desvincular el salario mínimo de multas, impuestos, pagos y prestaciones, permitirán darle un giro decisivo a la política económica y que sea un paso a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Con lo anterior se creará la Unidad de Medida y Actualización para sustituir al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia de pagos, obligaciones y créditos previstos en ordenamientos federales y locales. Es un acuerdo que dijo, contribuirá a establecer una política de recuperación gradual del poder adquisitivo de los obreros “y que puedan comer tres veces al día”.

Lo que se ha mencionado en el Congreso federal no es explicado en los sindicatos, por lo que el trabajador desconoce si realmente le va a ser benéfica la desvinculación y en qué medida, por lo que bien harían los dirigentes en solicitar información a sus centrales para que divulguen lo que realmente vendrá.

El que se adelantó a los sucesos fue el líder empresarial Pedro de la Serna, al afirmar que por este simple hecho no habrá un incremento al salario, por lo que cada quien seguirá recibiendo su ingreso normal y únicamente se elevará conforme al porcentaje que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), que es algo que ocurre a principios de año, y en base a la productividad que cada empresa tenga, lo que también es común en los contratos colectivos de trabajo.

El siguiente paso es enviar el dictamen a los congresos estatales para su aprobación, lo que esperan que ocurra antes de que la CNSM defina los incrementos para 2016, para ello el directivo del CCEA exhortó a los diputados locales a actuar con prontitud favoreciendo el cambio económico que se persigue.

CONTROL DE CONFIANZA

Como resultado de los hechos en que se han visto involucrados policías municipales de Aguascalientes, al derivar en tres fallecimientos que pudieran tener su origen en un exceso de atribuciones, crece la exigencia social para que sean más efectivos los exámenes de ingreso a la corporación.

No obstante, para el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, se debe reformular el esquema de control de confianza que se aplica a los policías y que el polígrafo deje de ser la “prueba reina”, para enfocarse al estudio socioeconómico, que debe hacerse antes, durante y al renunciar.

A la fecha el control de confianza se hace al ingreso y para la permanencia en el trabajo y consta de cinco pruebas obligatorias: médica, toxicológica, socioeconómica, psicológica y poligráfica, esta última conocida como el “detector de mentiras”, que para Sales la relevancia debe enfocarse hacia el ambiente social y económico en que vive y vaya de acuerdo a su ingreso salarial.

El mismo funcionario se pronunció por modificar el esquema de ingreso y permanencia, al ser un disparate que se expulse a un policía por tener “perfil de bebedor” cuando esto se debe acreditar, o por otras causas que dejan fuera a elementos con varios años de servicio.

De haber una modificación al control de confianza podría incluirse la obligación de informar pormenorizadamente el porqué el policía no aprobó el examen, no que a la fecha sólo les dicen que no lo pasó y queda fuera, además de reincorporar a su trabajo a quienes han sido acusados injustamente, como ha ocurrido en administraciones pasadas en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde desde el primer nivel hasta el elemento de a pie han sido detenidos por presuntamente estar inmiscuidos con el crimen organizado, pero meses después son exonerados, sin embargo, a pesar de su inocencia no los readmiten, lo que en términos claros es un abuso de autoridad de quien niega ese derecho.