La renuncia o fallecimiento del titular de una dependencia pública se cubre con la designación de alguien ajeno a la misma, y por regla general el que llega lo hace sólo para cumplir el período inconcluso, lo que indefectiblemente genera que exista un antes y un después en las actividades que tienen lugar, en detrimento de los servicios que reciben los ciudadanos.

Es algo que se vive en la Fiscalía General del Estado y de lo cual mencionó el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Francisco Frausto Ruiz Esparza, al citar que puede evitarse con que el relevo cubra un nuevo ciclo.

El planteamiento que presentó en entrevista para este Diario fue reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que defina qué procede al momento en que se da una ausencia definitiva – como sucedió el pasado 28 de febrero con la dimisión del fiscal Óscar Fidel González Mendívil -.

Consideró que no tiene caso nombrar un fiscal por once meses, ya que no tendrá tiempo para hacer un programa o para corregir vicios o tratar de sacar el rezago, en cambio está expuesto a las críticas ante lo que no pueda resolver.

En estos casos, lo que debería hacerse ante la ausencia definitiva es que quien sea nombrado lo haga por un ciclo completo y así pueda diseñar un plan, del que deberá responder ante la sociedad, en lugar de seguir con el viejo esquema de concluir el lapso del que ya no está.

Como agregado a lo manifestado por el líder de los abogados, cabe destacar que quien llega trae a “su gente”, que al igual que su jefe, despachan los asuntos en cartera y atienden sobre la marcha lo que se presente, mientras tanto los demandantes de justicia deben esperar a que se acomoden en sus escritorios y cuando menos se espera ya terminó la fase, por lo que habrá que esperar a que se nombre al siguiente.

Aunque ya se hizo la designación a favor de René Urrutia de la Vega, aprobado por el pleno del Congreso del Estado en la sesión que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, queda sobre la mesa el planteamiento de Francisco Frausto Ruiz Esparza, que de entrada no recibió la atención de los legisladores, pero que tiene sustento al establecer que es importante valorar el mecanismo de este tipo de nombramientos, que por cierto también debería hacerse en otras áreas en circunstancias similares para favorecer el servicio público.

Como elemento adicional a la proposición que hizo el litigante, está que en todas las candidaturas a un cargo de esa índole se conozca públicamente su perfil profesional y su filiación política, ya que para la Fiscalía sólo los diputados supieron algunos datos y en base en ellos se hizo la selección final, pero sin que la sociedad esté al tanto de sus estudios, su experiencia y práctica profesional, si ha trabajado como abogado defensor en juzgados o su labor se circunscribe a la burocracia.

Tampoco hay una convocatoria abierta ni se pide la opinión de especialistas locales, sólo se califican porque es un acuerdo que se da entre los legisladores y que avala el Ejecutivo, lo que marca una distancia entre el recién nombrado y el resto de la comunidad.

PAPA CALIENTE

De entrada, el nuevo fiscal encontró sobre su escritorio el caso de los policías estatales sujetos a investigación por la muerte de un comerciante, al que presuntamente detuvieron y cuatro días después apareció su cadáver en un baldío.

La aprehensión se produjo el 2 de marzo, por lo que la madre de José Julián Nájera Pedroza, que radicaba en la comunidad de Calvillito, presentó denuncia de desaparición forzada y asesinato de su hijo, en contra de policías estatales, al asegurar que había sido detenido desde esa fecha.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Martínez Castuera, dio a conocer que 9 policías bajo su mando fueron citados a declarar sobre esos hechos, pero dos no se presentaron y tampoco regresaron a su trabajo; de los siete que sí acudieron dos quedaron detenidos.

Es un asunto que atrajo la atención social ante el temor de que Aguascalientes se convierta en una agencia de los actos violentos que casi a diario suceden en varias partes del país, en donde los uniformados están involucrados en parte de los hechos.

Por momentos hubo un respiro ante el anuncio que hizo el 7 de marzo la entonces encargada del despacho de la Fiscalía, Griselda González Morales, de que se actuaría en contra de los responsables al estar en curso las investigaciones correspondientes.

A partir de entonces no se ha vuelto a informar sobre el particular, por lo que después de 18 días que se registró la desaparición del comerciante es tiempo de que la Fiscalía de a conocer en qué grado se encuentra el proceso, que si los policías no fueron los culpables se conozca cuál fue el sustento de la dependencia y los avances que hay para dar con los responsables.

Son cuestiones que surgen debido a los antecedentes de impunidad que existen de otros asuntos, como el ocurrido en 2015 de un policía municipal capitalino que asesinó con una “llave china” a un presunto asaltante, en las inmediaciones del Teatro Aguascalientes. En lugar de imponerle un castigo hubo una defensa a ultranza del Ayuntamiento, que con una campaña en medios buscó sensibilizar a la opinión pública que se trató de un “accidente” y que además esa persona era un “delincuente”.

En cuestión de dos semanas se le echó tierra al asunto, sin embargo en el mismo año otro policía aplicó la misma “llave china” a otro detenido que también murió por estrangulamiento y al igual que el anterior encontró el cobijo de la autoridad municipal.

La entidad avanza aceleradamente en los casos de tortura, ya que tan sólo el año pasado hubo 470 denuncias ante la Fiscalía y hay siete investigaciones en contra de policías municipales de Aguascalientes acusados del mismo delito, lo que exige el compromiso de los gobernantes de reordenar la función policíaca, antes de que vuelva a vivirse las jornadas aciagas de 2006 y 2007, con varios policías fallecidos y otros aprehendidos por presumiblemente estar relacionados con el crimen organizado.

Aún es tiempo de cerrar el paso a la “operación cucaracha”, que por más que se diga que aquí no ocurrirá, está comprobado que la delincuencia organizada está presente con las muertes periódicas de narcomenudistas y la distribución de droga en casi todo el estado.

El nuevo fiscal viene de Guanajuato, donde en diez años que trabajó en esa entidad conoció de lo que son capaces los cárteles, por lo que si quiere dejar huella en los once meses que estará en el cargo debe trabajar a marchas forzadas y con hechos demostrar que su trabajo es efectivo.

VIANDANTES EN PELIGRO

Entre la calle Morelos y Allende, a la entrada del estacionamiento de El Parián, el paso para los peatones está convertido en una trampa debido a las “bolas” que han surgido en  el piso, lo que es de mayor dificultad para las personas mayores que de pronto se van de bruces ante los “globos” del asfalto. El conocido comerciante Lino Padilla ha sido testigo de cómo dos señoras fueron víctimas de ese problema, por lo que pide a la autoridad municipal que disponga la nivelación correspondiente, incluso que aproveche la regeneración que se hace a la calle Primo Verdad y devuelva la estabilidad a esa parte tan transitada.