En toda competencia y en cualquier circunstancia se debe dar el máximo esfuerzo y procurar lo mejor de sí mismo, que si el triunfo favorece qué bien y si es lo contrario queda la satisfacción de que por lucha no quedó, resumiría la penúltima apuesta que librarán panistas y priístas por la gubernatura del estado.

Unos y otros se esforzaron por alcanzar la victoria, que en un 66% tiene ganada el Partido Acción Nacional, en función de la constancia recibida por Martín Orozco Sandoval como gobernador electo y la ratificación de su victoria que hizo la Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial de Aguascalientes.

Sólo falta el otro 33% a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que de ser favorable a la causa albiceleste dará por cerrado el expediente, de lo contrario, de aceptar el máximo órgano que hubo faltas graves que ameriten la revocación y ordene nuevas elecciones, la coalición Aguascalientes Grande y Para Todos, que integraron el PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, recuperará espacios que por ahora tiene perdidos.

Del dictamen que emitió la SAE el jueves pasado en sesión pública se podrá estar a favor o en contra de ello– que obedece a lo que defienda cada quien -, pero es una respuesta que sólo admite aceptar o bien recurrir a la siguiente instancia, que en este caso es el Tribunal Electoral federal.

Los magistrados de la institución local, Rigoberto Alonso Delgado, Alfonso Román Quiroz y Enrique Franco Muñoz, declararon como inconsistentes las causales de nulidad manifestadas en la impugnación de la Coalición, como fueron la ilegibilidad de Martín Orozco por el proceso penal que tiene abierto en su contra, la intervención de la iglesia católica, entrega de despensas del Ayuntamiento de Aguascalientes y rebase en topes de campaña.

El voto unánime en la SAE demostró que ninguno de sus miembros encontró un elemento a favor de los demandantes, lo que validó el logro alcanzado por MOS, que por cierto estaba tan seguro del fallo que viajó a Estados Unidos, en donde conoció el desenlace.

Por su parte, la ex candidata priísta Lorena Martínez dijo que en el Tribunal está la última palabra, por lo que el mismo jueves anunció que solicitará la revisión en espera que encuentre elementos legales que pudieron no haber considerado la SAE.

Fundamenta su interés en que ha habido varios asuntos que los estados emiten una sentencia y el TEPJF la anula, por lo tanto pidió no adelantar vísperas y dar tiempo al tiempo, al reiterar que hubo violaciones constitucionales que fueron debidamente acreditadas y no se tomaron en cuenta.

En este compás de espera lo único que les queda a todos los involucrados, es recordar las palabras del extinto gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, que en las postrimerías de su mandato dijo que no sentía nostalgia, puesto que había que estar preparado “para ser, para no ser y para dejar de ser”.

Por lo que corresponde al señalamiento que hizo el presidente de la SAE, Enrique Franco, que los magistrados “ni se venden ni tienen color”, es una declaración que busca acallar imputaciones que les hacen de que tienen afinidad azul, aunque su declaración está dentro de la lógica, dado que nadie vende bolillo frío, porque aún cuando fuera cierto tendría que acreditarse la acusación, lo que se antoja difícil que suceda ya que son versiones sin rostro. Es común que quien pierde un juicio que creía ganado, no se detenga a analizar si falló en las pruebas, simplemente se va por la vía más fácil que es la de aporrear la ética del juez para dejar en duda su calidad moral.

BENEPLÁCITO LECHERO

Mientras al reloj oficial le quede cuerda el gobernador José Carlos Lozano de la Torre seguirá aportando elementos favorables, como el vivido el jueves pasado en San Francisco de los Romo, con el anuncio de que se invertirán 60 millones de pesos para una planta secadora de leche y la ampliación en 32 mil litros diarios el volumen de compra de Liconsa a productores lecheros, adicionales a los 55 mil que entregan.

Son de los asuntos que a nivel nacional han ocupado la atención, debido a la demanda de los ganaderos para que les adquieran más producto y al mismo tiempo se reduzca la importación de leche en polvo, que acusan, es una competencia a la que difícilmente pueden vencer, dado que las tiendas transnacionales se encargan de su comercialización.

Un planteamiento de larga data era contar con una planta secadora y aunque se hacían trámites no lograban su cristalización, siendo hasta que Lozano de la Torre logró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destinara el recurso, lo que fue notificado por el titular de esta dependencia, José Calzada Rovirosa, en la visita que hizo a esta entidad.

El titular de Agricultura destacó que la planta secadora podrá contribuir a darle salida al excedente de leche y beneficiar a los agroproductores, lo que fue posible, dijo, gracias a la insistencia de Lozano de la Torre, que en cuantas oportunidades tenía tocaba el tema, a sabiendas que la situación financiera del gobierno federal pasa por una etapa difícil, pero solicitando que se tuviera en cuenta para que en la primera oportunidad destinara la inversión, lo que fue posible en esta ocasión.

De la misma manera, sostuvo Calzada Rovirosa, el gobernante no cejó en su empeño de que aumentara el volumen de compra de Liconsa, lo que se logró en la reciente firma del convenio que beneficia a hombres y mujeres del campo al ampliar la compra en los centros de acopio de Granjas Fátima y de Pabellón de Arteaga.

Una gira de trabajo fructífera fue la que realizó el responsable de la Sagarpa, al incluir en sus anuncios la inversión especial de 25 millones de pesos destinados al fortalecimiento de los programas de huertos familiares y de desarrollo comercial de la agricultura familiar.

Dicen que esto no se acaba hasta que se acaba, por lo que el gobernador Lozano sigue con la cortina en todo lo alto confiado en que todavía queda cuerda para favorecer a los aguascalentenses.

CAE UNA FALACIA

Con la entrega de los textos gratuitos que se hará en los próximos días termina una campaña negra que se difundió en las redes sociales y fue aprovechada por algunos partidos políticos para exigir una explicación, al considerar que el gobierno federal tenía previsto venderlos a partir del nuevo ciclo escolar.

Este hecho de alguna manera influyó en el resultado de las elecciones del 5 de junio, ya que los padres de familia estaban molestos al considerar que afectaría fuertemente su economía, pero las autoridades en todo momento negaron que fuera a ocurrir, sin embargo los detractores no cejaron en su empeño, al insistir que tenían elementos para probar sus dichos.

En el caso de Aguascalientes, se entregarán libros y uniformes gratuitos a 286 mil alumnos, lo que se hará en cada escuela y a la que acudirán a recibir las prendas que van en paquetes personalizados, entregándose a los padres de familia previa identificación, lo mismo que los 2 millones de libros que también será en paquete con el nombre del alumno o alumna.

Con lo descrito se echa por tierra a lo divulgado por una cantidad extraordinaria de mensajes que circularon en las redes sociales, que hacían mención que como parte de la reforma educativa los libros de texto tendrían que ser adquiridos por los padres de familia, lo que fue refutado en múltiples ocasiones por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al citar que los libros de texto han sido gratuitos desde su creación en 1960 y lo seguirá siendo, exhortando a padres y profesores a que si alguien lucra con su venta o solicita algo a cambio sea denunciado para que sea castigado.

La enseñanza que deja este episodio es tener mucho cuidado de lo que se lee en las redes sociales para no ser sorprendidos, ya que una mentira tantas veces repetida afecta y puede dejar secuelas en el estado anímico de la población.

ENTRE LA NIEBLA

De manera gráfica el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ejemplificó la labor de los marinos con la que lleva a cabo el presidente Enrique Peña Nieto, al citar que ante las turbulencias mundiales, entre ellas las financieras, pondrá conducir al país a un sitio seguro.

A lo anterior debe agregarse que también enfrenta vientos de proa, con arremetidas que buscan minar el tejido familiar mediante divulgaciones sin sustento y a las que debe hacerle frente, no obstante las dificultades para convencer a la opinión pública que hay quienes tienen como pasatiempo manipular la información.

Durante la ceremonia de graduación de la Escuela Naval Militar, que encabezó el mandatario nacional, Videgaray destacó que de la misma forma como a veces cielos y mares “son un reto para quienes conducen a la Armada”, hoy el presidente Peña Nieto enfrenta como “capitán de navío, un mundo turbulento”.

Dijo que México resiste distintas turbulencias, que sin duda el escenario financiero y económico internacional presenta un reto, pero debe haber plena confianza que el Presidente de la República  lleva al país a buen puerto.

“Así como estos jóvenes que hoy se gradúan habrán de conducir navíos a buen puerto, ante las tormentas, usted así lo está haciendo, señor Presidente, como capitán de este gran barco, este barco que se llama México, y cuente usted con estos jóvenes que hoy se gradúan y con todos sus colaboradores, para seguir sirviendo con usted esta gran nación”, sostuvo el titular de Hacienda.

Por su parte, Peña Nieto, acompañado de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, subrayó que la generación 2011-2016 de guardiamarinas han adquirido los más altos valores navales de honor, deber y patriotismo, además de cualidades cívicas y morales como la generosidad, la solidaridad y la fraternidad.

Confió que los oficiales que egresaron “sabrán portar con dignidad el sable de mando que hoy reciben, es un símbolo de su vocación de servicio a la sociedad, de su compromiso con la carrera de las armas y de su lealtad institucional a la República”.

Por cuanto hace a los vientos de proa, Peña Nieto ha llevado a cuestas una campaña de desprestigio que tiene como finalidad socavar a la institución presidencial, sin que se conozca quien o quienes están atrás de esta maniobra.

Después de la “revelación” de la compra-venta que hizo la señora Angélica Rivera de Peña de una residencia en la capital del país y de lo que quedó plenamente demostrado que fue una operación legal, ahora el periódico británico The Guardian difundió que la esposa del Presidente utiliza una propiedad en Florida comprada a una compañía que presuntamente tiene a futuro hacer contratos con el gobierno federal.

En la nota The Guardian señala que su trabajo es producto de una investigación, sin embargo el mismo medio reconoce que el inmueble fue adquirido por la señora Rivera en 2005, cuando trabajaba para la principal empresa de televisión de México. El medio pretende hacer una conexión entre ella y la propiedad contigua, al considerar que el poseedor podría hacer algunos negocios con el gobierno mexicano.

El mismo día que se conoció el comentario, la Presidencia de la República rechazó que la Primera Dama use una propiedad de una empresa que compite por contratos con el gobierno de México: “Es falso que el departamento referido sea el hogar de la señora Rivera en Florida. Ella misma hizo público que en 2005 adquirió una propiedad distinta a la que refiere la nota, en el mismo edificio”, puntualizó el comunicado que firma el vocero presidencial Eduardo Sánchez.

Sostiene que “en la nota se afirma que el señor Ricardo Pierdant es un contratista ‘potencial’ del Gobierno, sin ofrecer un solo dato, documento o declaración que la sustente. Es una especulación a todas luces dolosa. Lamento que The Guardian oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que confirmar la veracidad de su información”, puntualiza, además negó que el medio haya contactado a la oficina de la Presidencia para abordar el reportaje.

Pese a que la información no tiene sustento, diputados y senadores de oposición exigen una “investigación” para saber si hay “conflicto de intereses” con la citada finca, lo que habla del nivel que hay en el Congreso cuando se le da más crédito a lo que sólo menciona como fuente a una trabajadora del edificio que se identificó como “María”.

SÓLO APLICAR LA LEY

El amparo contra autoridades gubernamentales que interpuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no es para buscar indemnización ni condonación de impuestos, sino la aplicación de la ley en los estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha provocado pérdidas multimillonarias con sus bloqueos y manifestaciones.

En estas condiciones, señaló el presidente de ese organismo, Gustavo de Hoyos Walther, espera que para el 20 de septiembre, fecha en que el juez Onceavo de Distrito en materia administrativa en la ciudad de México, citó para una audiencia constitucional, las autoridades responsables remitan en su totalidad los informes requeridos por el juzgador para emitir una resolución.

De manera paralela presentaron la queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Enrique González Pérez, dándole seguimiento con las reuniones de los equipos técnicos y personal de este organismo “para impulsar esto”, apuntó.

“Lo que está pidiendo el sector empresarial es simple y sencillamente el restablecimiento del orden y la legalidad, no hay ninguna negociación con el gobierno de algún beneficio a los empresarios,  simple y sencillamente estamos en nuestro papel de ciudadanos intentando un medio de defensa que está previsto en la ley. A diferencia de quienes toman la justicia por su propia mano, nosotros confiamos y respetamos los medios formalmente establecidos”, aseguró el directivo en la entrevista con El Universal.

Dijo que el juicio de garantías contra la omisión de las autoridades a retirar los bloqueos de la CNTE se pretende que ni el magisterio ni algún otro grupo impida el libre tránsito de los habitantes, el funcionamiento de puertos, aeropuertos y vías férreas, o que bloqueen vialidades a entradas a oficinas públicas y comercios.

En la demanda se estimaron violados los derechos a la libertad de tránsito, libertad de comercio y trabajo, la rectoría económica y la protección de la propiedad privada e inviolabilidad del domicilio, además de la conservación que debe realizar el gobierno de las fuentes de empleo de los ciudadanos, en virtud que nadie puede ejercer violencia para reclamar un derecho.

El lunes 8 de agosto fue una fecha de suma importancia para el sector privado de Oaxaca, al haber convocado a un paro total de actividades en protesta por los daños económicos que les ha causado el movimiento magisterial disidente, sin embargo la crónica de El Universal demostró que no existe cohesión entre sus integrantes, ya que parte de los comercios del centro histórico no se sumaron.

Hubo una marcha por el centro hasta la casa de gobierno, en donde colocaron cartulinas para exigir diálogo y atención, pero no fueron recibidos y optaron por retirarse.

De cualquier manera, por la mañana los dirigentes Benjamín Hernández Gutiérrez, de Coparmex, y Ester Merino Badiola, de la Alianza Empresarial y Comercial, leyeron un manifiesto en el que demandan que el gobierno federal resuelva ya el conflicto, que se restablezca el Estado de Derecho y el libre tránsito por las carreteras.

“Lo convocamos a usted, secretario de Gobernación, para que se traslade a Oaxaca, conozca de primera mano la situación que padecemos y se tomen las decisiones pertinentes e inmediatas para rescatar la actividad social, económica y cultural de nuestro estado. La obligación de un gobernante está donde es convocado y llamado por la gente. Por lo mismo, esperamos su respuesta afirmativa a este punto en particular”.

Aunque afirman que están en contra de manifestaciones y bloqueos, los demandantes recorrieron varias calles para pedir ser escuchados y atendidos por el gobierno, a la vez que por la tarde transportistas de camiones de volteo bloquearon la avenida Juárez, frente a la residencia oficial, para pedir una mesa de trabajo pero no lograron su objetivo.

La única respuesta del gobierno estatal, a cargo de Gabino Cué, es un comunicado en el que reconoce que a 5 mil millones de pesos aproximadamente ascienden las pérdidas económicas en 86 días de paros y bloqueos de los profesores, al mismo tiempo minimizó la participación del paro empresarial al considerar que únicamente intervinieron 830 negocios, lo que representa 2.9% de los 28 mil 998 comercios instalados en el municipio de Oaxaca de Juárez y 0.47% de los 117 mil 954 unidades económicas del estado.

ODIO JAROCHO

Pocas veces se había visto un rencor extremo como el que se demuestran el gobernador de Veracruz, Javier Duarte y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, con sendas demandas entre sí ante las procuradurías estatal y federal para que investigue el presunto enriquecimiento ilícito que uno y otro ha cometido.

Luego de que Yunes Linares dio a conocer un catálogo de propiedades que posee el mandatario saliente, tanto en Veracruz como en la capital del país, al igual que varios de sus colaboradores, y de amenazar con que en cuanto rinda protesta los enviará a la cárcel, Duarte contraatacó al involucrar a todo el clan familiar de Yunes en la adquisición y posesión de 26 inmuebles.

Presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República por “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, por un monto de 400 millones de pesos, lo que hizo de manera directa o a través de su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y de sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, así como de cuatro empresas familiares: Veracruzana de Bienes Inmuebles, Praxislong, Corporativo Yunes Márquez y PDIC Consultoría.

Al entregar los documentos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Duarte aseguró que las propiedades son producto de actividades ilícitas, por lo que se debe conocer el origen de los recursos utilizados, su procedencia y los beneficios que se han obtenido desde su adquisición.

Días después la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Veracruz, denunció ante la PGR a Miguel Ángel Yunes Linares por “ejercicio abusivo de funciones y lavado de dinero”.

En el expediente se contabilizan 113 operaciones financieras comprobables entre 2008 y 2011 por 116 millones 596 mil pesos, las cuales se llevaron a cabo entre la empresa Consupago, perteneciente al Grupo Chedraui y las firmas Corporate Linkage, S.A. de C.V. por 30 millones 255 mil pesos y Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V. por 86 millones 331 mil pesos, ambas firmas propiedad de la familia Yunes Márquez.

En la denuncia, la Sección 32 acusa al gobernador electo de Veracruz, por el Partido Acción Nacional, de haber aprovechado su cargo como director general del ISSSTE y acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores “para posteriormente, de manera ilícita, recibirlos a través de empresas propias y familiares como supuestas comisiones”.

La forma de operar se explica en el escrito entregado ante la PGR: “Una vez que el ISSSTE y demás entidades públicas entregaban el dinero de las retenciones a la empresa Consupago, se tiene conocimiento de que le transfería recursos a título de comisión a las empresas Cobranza y Recuperación S.A. de C.V. e Intermediación Corporativa  S.A. de C.V. en las que el propio Miguel Ángel Yunes Linares, su cónyuge e hijos son accionistas y miembros del Consejo de Administración”.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 32 del SNTE, Javier Martínez del Ángel, encargado de presentar la denuncia, declaró que la investigación inició desde noviembre del año pasado, en la que incluye expedientes de “muchos profesores que solicitaron un crédito personal a través de Consupago y después se vieron atrapados por tasas de interés que superaban 180% (…) Los intereses muy altos no les permiten liquidar su adeudo, de cada 100 pesos que pedían, les cobraban 50 pesos de intereses y solamente un peso va a dar al capital. Se les descontaba el costo del préstamo a través de la nómina del ISSSTE y de la nómina de la Secretaría  de Educación estatal”.

Yunes Linares se fue con todo en contra de Javier Duarte y ahora enfrenta dos juicios por los mismos delitos de los que acusa al gobernador, lo que hace presagiar que aún después de que rinda protesta como titular del Poder Ejecutivo seguirá sentado en el banquillo.