Por las respuestas del dirigente seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Armando Valdez Herrera, se intuye que le resulta embarazoso abordar el asunto correspondiente al informe del comité ejecutivo anterior.
Aunque es parte de sus responsabilidades exigir al Comité Ejecutivo Nacional que entregue el producto de la investigación, se atrinchera en señalar que mientras no le envíen el escrito no tiene otra opción que esperar.
“Nos decían en el Comité de Vigilancia y Transparencia y Rendición de Resultados que es la maestra Mirna Saldívar la responsable de ya haberlo pasado al departamento jurídico”, afirmó Valdez Herrera en una entrevista para este Diario, por lo que debe haber un enorme trayecto entre una oficina y otra como para que se tarde dos años en que se conozca el veredicto que reclaman los profesores de Aguascalientes.
Cabe recordar que el Congreso Extraordinario de la Sección Uno del SNTE que tuvo lugar en 2014, no aprobó el último informe de la dirigente Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, por lo que al mismo tiempo que entró en su lugar Mario Armando Valdez, el pleno determinó que se abriera una investigación para conocer el manejo que tuvo la dirigencia que concluyó.
Desde distintos frentes se ha reiterado la exigencia para que se clarifique dicha gestión, pero a casi 24 meses nada ha cambiado y así lo reconoce el secretario general cuando cita: “Las cuentas siguen pendientes, no se ha informado al magisterio de Aguascalientes sobre qué sucedió con el informe de finanzas del comité pasado”.
Para echarle más sal a la herida, Francisco Javier Flores, dirigente de la organización “Cimientos del Magisterio”, señaló que las finanzas de la Sección Uno siguen en la opacidad desde hace tres años. Afirmó que no hay transparencia del último año de ejercicio de Juana Alicia Espinosa de los Monteros ni en los dos años que lleva Mario Armando Valdez en el cargo, al no haber rendición de cuentas sobre las aportaciones directas que hacen el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y el gobierno federal, “como parte de prerrogativas y financiamiento a fondos y fideicomisos operados por el Sindicato para créditos de vivienda, entre otras prestaciones de financiamiento”.
Flores sostuvo que no se convoca al pleno de delegados y representantes, por lo tanto no hay informes del estado que guardan las finanzas y el patrimonio de la organización, “tenemos más de tres años que no se da un informe financiero en Aguascalientes, habemos grupos que sí queremos transparencia; la maestra Juana Alicia, a la que se hizo la auditoría, ya hasta pidió licencia en el Congreso del Estado”.
Por su parte, Herrera Valdez asegura que sí le preocupa no tener ya aquí el documento definitivo de Espinosa de los Monteros Ortiz, máxime que “hay quienes dicen incluso que yo estoy encubriendo esa situación, pero definitivamente yo no tengo nada que esconder, es un trabajo que hemos venido haciendo de transparencia, de rendición de cuentas”, sin embargo en ningún momento respondió a la acusación que hace Cimientos del Magisterio, de que tampoco él rinde cuentas.
Si no lo hace a nivel local menos se aventuraría a comentar del manejo que le da el CEN a los casi 4 mil millones de pesos anuales, que según Francisco Javier Flores, se obtienen de las cuotas sindicales, a pesar de que es una obligación estatutaria que lo conozcan todos los agremiados.
Aunque es una de las organizaciones más combativas del medio sindical, hasta la fecha ha sido tolerante con el destino que le dio la pasada directiva a las finanzas y lo que ha hecho la actual, salvo algunas voces que periódicamente exigen esclarecimiento a cada una de esas cuestiones.

PODRÍA ALARGARSE

De hecho no hay una fecha fatal para el fallo del Tribunal Electoral federal, por lo que cada quien tiene su propia versión de cuándo se sabrá si procede o no la impugnación en contra del gobernador electo Martín Orozco Sandoval, a la que se agrega la más reciente, de que podría ser hasta después del 4 de noviembre.
Lo anterior se publicó en El Universal el lunes pasado, al citar la reportera Carina García, que el pleno actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría dejar al que le suceda varios pendientes, entre ellos los juicios de revisión constitucional electoral, en los que se impugna la validez de los resultados electorales emitidos en seis entidades, se trata de Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa y Puebla, en donde las tomas de posesión serán del 1 de diciembre de este año y hasta el 1 de febrero de 2017.
Sostiene que antes de que concluya su gestión el 4 de noviembre, el Tribunal le daría prioridad al menos 208 millones de pesos de multas impuestas en seis estados con relevos en el gobierno entre septiembre y octubre y las relativas a la asamblea constituyente de la ciudad de México, además de las apelaciones en materia de fiscalización, en las que está involucrado un presunto rebase de topes de campaña.
Al no existir un plazo límite para las demás impugnaciones, como los juicios de revisión en los que se impugna la validez de los resultados electorales en seis entidades, podrían dejar que los nuevos magistrados sean los encargados de resolverlos y esto traería como consecuencia que en el curso del mes de noviembre sea cuando se tenga el dictamen a nivel estatal
Para los involucrados en los citados juicios debe ser mortificante el compás de espera, en función que cada día aparece una manifestación distinta, cuando lo que más ansían es que ya se supiera la sentencia, pero mientras ésta no llegue seguirá la incertidumbre sobre la mesa.

MAYOR CAMPO DE TRABAJO

El inicio de clases en las universidades debería ir acompañado de un programa de apoyo a las empresas para que diversifiquen los propósitos laborales, de manera que encuentren acomodo los egresados del mayor número posible de carreras, cumpliéndose así un objetivo toral de aprovechar al máximo los nuevos recursos humanos.
Es común que en el sector privado se le de preferencia a las licenciaturas tradicionales y esto provoca que crezca la demanda entre los jóvenes, pero hay otras que son igual de importantes y que deben tener su propio espacio en el mundo del trabajo.
La presidenta de la Comunidad de Profesionistas Sociales y Humanistas, Carmen Susana García, considera que cientos de egresados quedan en el “limbo” laboral, por lo que al no encontrar empleo se desperdicia sus conocimientos y al mismo tiempo lo invertido en su preparación no tuvo ningún fruto.
Una solución sería una mayor vinculación entre las empresas y las universidades y otra, crear un incentivo para que los negocios que incluyan en su nómina a titulados de ese tipo de especialidades, lo que les permitiría que conozcan plenamente el trabajo que desempeñan.