Como se presagió a principios de año, las elecciones que tendrían lugar el 5 de junio se decidirían en los tribunales, lo que para muchos era entonces un afán amarillista, sin embargo el jueves pasado se hizo realidad al haber sendas demandas para que se revise los resultados en sus distintas acepciones.

En estas condiciones se llegó a lo que en años se vivió en la lucha libre, de todos contra todos y sin límite de tiempo, lo que era la delicia de las galerías que gozaba cómo caían uno a uno los gladiadores del cuadrilátero hasta que quedaba sólo el triunfador.

La coalición “Aguascalientes Grande y para Todos”, que forman el PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza, impugnaron la elección de gobernador con el argumento que el PAN ganó gracias al apoyo que recibió de la iglesia, lo que a su juicio es una violación a la Constitución General de la República y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), además de que presuntamente la campaña de Martín Orozco gastó más de lo autorizado y hubo intromisión del Ayuntamiento de Aguascalientes.

Luego que hace ocho días recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, Orozco Sandoval pidió darle vuelta la página de la elección y sumar esfuerzos de todos los aguascalentenses con el propósito de “escribir una nueva historia para la entidad”, invitación que se vio truncada al día siguiente, el lunes, con el anuncio que hizo la abanderada aliancista Lorena Martínez Rodríguez, de que apelarían a la justicia electoral para anular la elección.

“Vamos a recurrir a las instituciones legales que velan por la vigencia de los derechos políticos, para asegurarnos que el proceso electoral del pasado 5 de junio, para la elección de gobernador, se haya llevado a cabo en estricto apego a la Constitución y a las leyes electorales”, dijo la priísta ante centenares de militantes.

La solicitud de anulación se entregó el jueves, último día para cumplir con el procedimiento, anexando las pruebas que obran en su poder y que esperan sean suficientes para anular el resultado, lo que de no concretarse aquí, como primera instancia, se irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aunque en un principio el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que no se uniría a la impugnación para “no hacerle el caldo gordo” a los aliancistas, finalmente se decidió hacerlo por considerar que el clero debió mantenerse ajeno al proceso electoral y al intervenir fue para respaldar los intereses de Acción Nacional.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también entró en el refuego por las mismas razones que Morena, sin embargo cabe mencionar que este partido no presentó candidato a gobernador, por lo tanto no es directamente afectado con dicho resultado y esto llevaría a que se declare improcedente su razonamiento, ya que no afecta los intereses jurídicos del actor. Es factible que lo haga porque si se logra anular podría beneficiarle y recuperar el registro que como partido perdió el domingo anterior, al recabar menos del 3% de la votación total, misma situación que está el Partido del Trabajo, aunque éste, al ir en la coalición, sí puede decirse perjudicado.

El Partido Acción Nacional esperó hasta el último momento para determinar el camino a seguir, por lo que una vez que el PRI y sus compañeros de viaje acordaron ir en contra del triunfo panista a gobernador, impugnó los resultados en los municipios de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, ganados por el PRI solo, en el primero de ellos, y por la Coalición en el otro, con un candidato de Nueva Alianza.

A su vez, Nueva Alianza refutó el triunfo del Partido de la Revolución Democrática en Pabellón de Arteaga y el Partido Verde, que compitió solo en los once ayuntamientos, impugnó el resultado de Asientos, ganado por la coalición.

A la medianoche del jueves anterior, en que se cerró el plazo para recibir los reclamos de los contendientes, la autoridad electoral tenía documentado 24 casos, que involucran el resultado de la elección de gobernador, de la presidencia municipal de Aguascalientes y otros ayuntamientos y del reparto de diputaciones y regidurías por la vía “plurinominal”.

La respuesta del órgano electoral local y – casi – obligadamente del tribunal federal no tiene una fecha fatal, por lo que será cuestión que se armen de paciencia los implicados porque se tendría en semanas o meses, dependiendo del trabajo que tengan en cada instancia, sin olvidar que en caso de que se llegue hasta la toma de posesión y no se haya resuelto, lo podrán hacer los electos, pero si se resuelve en su contra tendrán que dejar su lugar hasta que sea un caso cerrado.

EXIGE LO QUE NO HACE

Para el presidente del comité estatal del PAN, Paulo Martínez, la impugnación que presentó el PRI y sus aliados en contra del resultado de la elección de gobernador, es una “falta de respeto a la voluntad ciudadana” y se trata “de un acto desesperado y poca resignación por los malos resultados obtenidos”.

Sostiene que “los argumentos que están comentando unos y otros no tienen fundamento, son patadas de ahogados, literalmente, quieren ganar en la mesa lo que no pudieron hacer en las urnas”, lo cual no le corresponde definir a él ni a los opositores, sino a las autoridades correspondientes.

Está en todo su derecho de objetar a quienes tratan de echar abajo lo que logró el domingo, pero no predica con el ejemplo, porque hizo lo mismo en dos municipios donde el resultado fue adverso a la causa blanquiazul ¿o acaso no merece “respeto la voluntad ciudadana” de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos?.

¿Paulo Martínez López cómo calificaría la impugnación que presentó el candidato del PAN Jorge Luis Preciado en contra del resultado de la elección de gobernador en Colima y que el tribunal federal anuló el 23 de octubre de 2015? El principal argumento que presentó fue la injerencia del gobierno estatal en los comicios, al intervenir el secretario de Desarrollo Social del estado, Rigoberto Salazar y el procurador Marcos Santana.

El magistrado del Tribunal Electoral Federal, Salvador Nava, sustentó su apoyo a la anulación a que estaba acreditada la violación a la ley electoral por ambos funcionarios, y “si no se anula esta elección por esa prueba, no se va a anular ninguna y no tiene sentido tanta norma, tanta institución, tantos años avanzando en el sistema electoral”, explicó.

En el fondo el directivo del PAN pretende que se aplique aquello que se haga la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre, por lo que es un derecho total, absoluto, único en Colima, pero no en Aguascalientes, en donde quien lo haga merece la anatematización.

HACEN SU SHOW

El presidente local de Coparmex, Francisco Javier Ruiz López, se ha convertido en un crítico de senadores y diputados federales, en obediencia a las directrices de su presidente nacional, Gustavo A. de Hoyos Walther, censura que ha subido de tono en los últimos días a raíz de la aprobación de la ley 3de3 que no fue de su agrado, máxime que se incluyó que toda persona física o moral que reciba recursos públicos debe presentar el mismo paquete de declaraciones que los funcionarios públicos.

Los empresarios rechazan que se les meta al mismo costal, si acaso aceptarían que se supervisara el recurso público pero no a toda una empresa, no obstante, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) Enrique Solana Sentíes, señaló que es “correcta” la decisión de los legisladores, porque “si pedimos de los funcionarios públicos y políticos que hagan su declaración patrimonial, fiscal y de intereses debemos hacerlo nosotros, no le veo inconveniente”.

Para mostrar su rechazo a lo avalado por el Congreso de la Unión, un nutrido grupo de hombres de negocios llevó a cabo el viernes pasado una protesta en la columna del Ángel de la Independencia de la ciudad de México, exhibiendo una cartulina que sostuvo sobre su pecho el dirigente nacional, en que exigía “alto a la corrupción”.

El Universal conceptuó de “inédito” que el lugar preferido de campesinos, maestros disidentes, estudiantes y cualquier grupo con un reclamo social, fuera “tomado” por los empresarios.

VIVIENDA DIGNA

El mayor interés de la actual administración es construir viviendas accesibles y que ofrezcan calidad de vida y dignidad a las familias, señaló el presidente Enrique Peña Nieto, al destacar que bajo este modelo se han construido en poco más de tres años un millón 100 mil viviendas.

Las condiciones en que se ha realizado este programa son opuestas a las aplicadas por el sexenio pasado, en que la política de vivienda fue hacer miles de casas que luego fueron abandonadas por estar lejos de los centros de trabajo, concluyéndose en hacer algo distinto y con base a lo que la sociedad pedía.

Durante el acto que tuvo lugar en Mineral de la Reforma, Hidalgo, para la entrega de títulos de propiedad y escrituras, el mandatario dijo que además de haberse construido un millón 100 mil viviendas, se han entregado 2.3 millones de apoyos, principalmente créditos, para comprar casas nuevas o usadas, o para realizar mejoras a las existentes.

En una crítica a la forma como operó el anterior gobierno esta labor, Peña Nieto calificó de “impensable”, pero ocurrió, ya que se edificaban viviendas con características “no propias y no dignas” con una sola recámara para las familias beneficiadas. “Efectivamente, se construyó mucha vivienda, vivienda que hoy está deshabitada porque a la gente le resultaba mucho más caro trasladarse desde ahí hasta su trabajo”.

Son casas que fueron abandonadas y que no ayudaron a resolver el problema de vivienda del país, que los beneficiados dejaron de pagar “porque ¿cómo pagar el crédito de una vivienda que está abandonada, lejos y con una distancia mayor de donde están trabajando? En caso de ocupar esas viviendas la gente pagaban más en transporte que por la vivienda misma, así de absurdo era lo que estaba ocurriendo”.

En respuesta a los planteamientos hechos por los potenciales beneficiados se decidió cambiar la política nacional de vivienda y uniformar voluntades entre las entidades públicas que apoyan en la materia, evitando que hicieran esfuerzos aislados, al encontrarse que “no había un criterio unificado de qué hacer para asegurar que la vivienda que se construyera fuera de calidad digna para las familias que la recibieran”, apuntó.

Resaltó que su primera orden en el sector fue establecer normas uniformes para todas las dependencias federales que apoyan la vivienda, como Infonavit, Fovissste, Sedatu y Conavi, “toda esta vivienda, los subsidios están orientados bajo un mismo criterio: que la vivienda se construya en lugares mucho más cerca de donde hay un trabajo; en lugares que tengan los servicios básicos de transporte, de entretenimiento, de recreación, cerca de espacios educativos para sus hijos”.

En la misma ceremonia el titular del Poder Ejecutivo informó que se abatió el rezago de más de 153 mil expedientes en el Registro Agrario Nacional, con lo cual se trata que no sólo se atienda el rezago, sino de establecer un mecanismo menos burocrático para que los trámites se realicen con más facilidad, por lo que hoy los trámites ante ese organismo no tardan más de 60 días en beneficio directo de los interesados.

Sostuvo que en breve iniciará la transferencia, vía Sedatu, de 2 mil 600 millones de pesos, correspondientes a 2014 y que forman parte del Fondo Minero. En este marco, apuntó, “muy pronto espero estar con algunas comunidades para presenciar cuáles son las obras de impacto social que derivan del Fondo Minero”.

.

ENFADO EMPRESARIAL

La aprobación que hizo el Senado de la República de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas – también conocida como ley 3de3 -, no fue del agrado de una parte del sector patronal, al considerar que no cumple con los propósitos que planteó junto con varias agrupaciones ciudadanas.

Como ha sido la constante desde que pasaron al activismo social, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) puso en entredicho a los legisladores “que le quedan a deber” a la sociedad y dejan en claro que no están a la altura de las necesidades de la población.

Lo que más les turbó fue que los senadores incluyeran que toda persona física o moral que reciba recursos públicos o celebre contratos con los tres niveles de gobierno presente sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.

Eso no lo tenían contemplado los promotores de la iniciativa ya que sus baterías se enfocaban sólo hacia los servidores públicos, pero como dijera uno de los legisladores, en la corrupción también se da entre dos o más personas, tanto el que ofrece algo a cambio de un servicio como el que recibe una dádiva por hacerlo, por lo que combatir ese mal tiene que ser en todos los sentidos.

Por ello se introdujo que cualquier particular que ejerza recursos públicos o contrato bajo cualquier modalidad con entes de la administración pública federal, estatal o municipal deberá presentar las tres declaraciones, además una declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación correspondiente.

Se acordó, por mayoría, que las declaraciones patrimonial y de intereses sean públicas, salvo en los casos que consideren que ello afecta la vida privada, también se determinó que el Comité de Participación Ciudadana proponga los formatos para la presentación de las declaraciones y que los rubros que pudieran afectar a los funcionarios queden en resguardo de las autoridades.

Pese al deslinde de responsabilidades de lo aprobado por parte de los grupos senatoriales del PAN y el PRD, al citar que “por el cálculo político del PRI-PVEM se haya dado la espalda a la sociedad” y que metieron el tema de los empresarios como “reacción de la clase política contra el sector privado”, pasaron por alto que fue el senador del PAN Fernando Salazar el que propuso en abril pasado obligar a las personas físicas, morales y sindicatos que manejan o reciban recursos públicos a presentar sus declaraciones al igual que los funcionarios. A la hora de la votación hubo ausencia de varios de sus miembros o que estuvieron presentes y no votaron en contra, o que a la hora de la votación se ausentaron, lo mismo la bancada del PT que tampoco votó, por lo que por mayoría pasaron las iniciativas.

En respuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, declaró que “se ha querido confundir a la sociedad con que hicimos una ‘iniciativa light’ de la ley de 3de3 y es todo lo contrario, porque se aprobó lo que nos mandaron los ciudadanos”.

A su vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción, senador Pablo Escudero (PVEM), refutó comentarios del especialista Juan Pardinas, quien desacreditó el esfuerzo legislativo y diferenció las sentencias con las emitidas por el investigador del CIDE, Mauricio Merino, quien calificó como la mejor legislación en la materia en 10 años: “El doctor Merino dice que en la última década es la mejor reforma que ha existido, que va a ser una parteaguas para este país, que es una reforma inédita, que es una reforma fuerte, que es una reforma que va a permitir combatir la corrupción”.

Ante la postura empresarial, el senador Escudero Morales aseveró que la corrupción va siempre en dos vías, por lo que es necesario corregir el problema, por ello, “si el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, nosotros se lo vamos a recordar. Este no es un conflicto exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también”.

Ante los resultados que hubo, los hombres de negocios se encaminan a la Cámara de Diputados para que esta instancia modifique lo que hizo el Senado, aunque los votos de la oposición no alcanzarían para lograr ese fin.

MISMA RECETA A LA CNTE

El gobierno federal está dispuesto a imponer la reforma educativa al precio que sea, por lo que las mismas acusaciones por las que envió a la cárcel a la presidenta del SNTE Elba Esther Gordillo Morales se las aplicó a Rubén Núñez Gines, líder de la CNTE.

La diferencia está en la réplica de los agremiados de uno y otro grupo. Con la SNTE no hubo ningún reclamo en función que quienes quedaron al frente del Sindicato eran los más cercanos a la señora Gordillo, por lo que no convenía hacer olas, lo contrario ocurre con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que llevan a cabo toma de carreteras y ciudades con el daño que provocan a la economía de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

El 26 de febrero de 2013 Elba Esther Gordillo fue detenida, al ser acusada de presuntos desvíos de fondos para su uso personal, correspondientes a las cuotas sindicales, lo que a decir del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, las “múltiples operaciones” alcanzan una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos. Desde esa fecha está tras las rejas quien fue presidenta del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que la convirtió en una de las mujeres más poderosas de México.

Rubén Núñez fue apresado el 12 de junio de 2016 y los delitos que le imputan son operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos provenientes de los agremiados a la Sección 22 de la CNTE. La procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realizaron una investigación que permitió a la PGR el arresto en la ciudad de México.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera, dio a conocer que la investigación, lo mismo que el proceso que enfrenta el secretario de Finanzas Aciel Sibaja, detenido en abril pasado, es por una posible obtención ilícita de 132 millones de pesos. El sábado 4 del presente mes fue detenido Francisco Villalobos, secretario de Organización de la Sección 22, además de otros cuatro dirigentes internados en penales desde el año pasado.

Luego de la detención de Rubén Núñez, la dirección política del CNTE anunció la defensa jurídica y política de todos sus compañeros recluidos, además se posesionaron de cruces carreteros que tiene varados a cientos de vehículos.

Al mismo tiempo el partido Morena, en voz de su presidente Andrés Manuel López Obrador, refirmó su alianza con el magisterio disidente y que va más allá del plano electoral, por lo que notificó el inicio de acciones políticas y legales para exigir la liberación de los líderes de la CNTE. Aseveró que los cargos que se les atribuyen es una “campaña de desprestigio” ante la cual “Morena apoyamos, respaldamos bajo cualquier circunstancia la lucha del magisterio”. Lo que les hacen a los dirigentes, reiteró, “es un hecho cobarde y de corte dictatorial, propio de rufianes”, por lo que para el domingo próximo encabezará una marcha, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México, en apoyo a esa demanda.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se equivocan quienes buscan interpretar que las detenciones de Rubén Núñez y Francisco Villalobos como cuestiones políticas conectadas con el movimiento magisterial. Están sujetos a proceso al estar relacionados con la distracción de recursos de profesores en Oaxaca, por lo que no cabe mezclar esos asuntos.

Por su parte, el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramón Álvarez Retana, señaló que “la Coordinadora (CNTE) es la falsedad y la mentira absoluta”, al valerse de una estrategia de mentiras y a base de sembrar miedo para conseguir apoyo a su movimiento. Aseguró que les infunde temor a los profesores al decirles que si se evalúan van a perder su trabajo o plaza si tienen un resultado insuficiente en el examen.

“Dicen que con la reforma educativa se acaba la gratuidad de la educación, no hay nada más mentiroso, la gratuidad está consagrada en la Constitución. También que no habrá libros gratuitos, pero el libro de texto continuará siendo gratuito (…), la estrategia de la CNTE va conduciendo a la preservación de los intereses personales y de grupo, independientemente del nivel de aprovechamiento que tengan los niños, para la Coordinadora, la existencia de aviadores es lo más normal, que con el gasto público yo pueda privilegiar mi condición y pueda generar condiciones iguales a mi familia” y es por ello la lucha que libran en las calles, lo que no se va a permitir, por lo que a pesar de todo lo que se encuentre en el camino la reforma educativa seguirá adelante, concluyó.