Sin honestidad y eficiencia no hay impuestos que alcancen

Por Jesús Álvarez Gutiérrez

Gracias a la Reforma Fiscal, los contribuyentes mexicanos pagarán este año impuestos por 2.7 billones de pesos que equivalen a 56% de los ingresos totales de la Federación, el mayor porcentaje en la historia del país.

A través de gasolina cara y un mayor impuesto sobre la renta (ISR), las clases medias y las medias bajas han absorbido gran parte de este esfuerzo fiscal, enorme pero insuficiente para asegurar al país unas finanzas sanas. Propiciar otro brinco a los impuestos sin haber cortado de raíz la inequidad fiscal, la corrupción y el abuso, sería contraproducente. Suecia funciona bien con impuestos de 50% porque tiene un gobierno honesto y eficiente; no es el caso de México.

Los ingresos tributarios de Hacienda saltaron de representar el 8.4 % del PIB en 2012, al 13.5% en 2016, o sea, 5.1 puntos porcentuales adicionales. De acuerdo a los análisis de Enrique Quintana y Leo Suckerman, esos 5.1 puntos equivalen a un billón de pesos. Lamentablemente, casi 48% de ese dinero se perdió con la caída en el precio y la producción de petróleo; otro 17% se ha destinado al incremento del pago de pensiones; un 13% se ha esfumado en participaciones que entrega la Federación a los gobiernos estatales, donde abundan las historias de fraudes, abusos y corrupción (hay que recordar que los gobernadores controlan a los diputados quienes a su vez autorizan el PEF cada año); un 12% del billón extra recaudado se ha destinado a pagar el servicio de la deuda (la deuda ha subido al doble en diez años); finalmente, no es exagerado afirmar que buena parte del último 10% del billón de pesos producido por la Reforma Fiscal se ha diluido en burocracia e ineficiencia gubernamental.

Algunos analistas sugieren implementar nuevos aumentos del ISR a partir de focalizar a contribuyentes que tengan, por ejemplo, ingresos superiores a tres millones de pesos anuales, lo cual afectaría a menos del 2% de las familias. Se trata de propuestas concretas pero de alcance limitado. Con sentido ético y práctico, México tendría que avanzar sistemáticamente hacia la eliminación total del fenómeno de la evasión y elusión fiscal propiciada por las grandes corporaciones, que puede llegar a representar 600 mil millones de pesos anuales.

Por otra parte, la política fiscal debería acompañarse de una estrategia integral de bienestar social y recuperación del poder adquisitivo de la población. Sin embargo, temeroso de un disparo inflacionario, el Banco de México ha convertido la contención salarial en la variable ancla de la estabilidad macroeconómica, provocando que siete millones de mexicanos tengan un salario mínimo de 73 pesos al día, el peor de América Latina. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en contubernio con líderes obreros y empresariales, opera en contra de la justicia y del sentido común.

Hasta el Secretario del Trabajo reconoce que el salario mínimo ha perdido 75% de su poder adquisitivo en las últimas tres décadas. Los investigadores Dale Belman y Paul Wolfson (2014) han demostrado que el descuido de los salarios mínimos ha introducido graves distorsiones al conjunto de la economía. Los salarios mínimos deberían servir para establecer una línea de civilización, es decir, emitir una “señal” acerca del valor de lo más importante que poseen los hombres y mujeres de una sociedad: su trabajo. Una señal para que ninguna negociación laboral ocurra por debajo del umbral que distingue a la empresa moderna de la tienda de raya porfirista o de la esclavitud.

El especialista Ricardo Becerra ha demostrado en múltiples estudios que los aumentos salariales prudentes no tienen efectos negativos en el empleo, y en ningún caso provocan una inflación mecánica como supone el Banco de México. Y también advierte que no hay política social que alcance mientras el mercado produzca pobres, o sea, mientras se pague por debajo de la línea de pobreza extrema.

Sin embargo, siguen aumentando los empleos mal remunerados mientras desaparecen las plazas con sueldos altos. Hace diez años, la cifra de mexicanos con salarios por encima de diez mil pesos mensuales era de cinco millones; ahora llega a tres millones, en tanto que 32 millones de trabajadores ganan menos de seis mil pesos mensuales.

Aquí hemos reiterado muchas veces la tesis no ortodoxa de que México no crece a pesar de las reformas porque ha equivocado su estrategia de inserción en la economía global. Hasta ahora se sigue basando en ofrecer bajos salarios como incentivo a la inversión extranjera directa, por lo cual los beneficios se concentran en los propietarios del capital, sin derrama significativa sobre los trabajadores ni fortalecimiento del mercado interno.

Los enclaves de la industria automotriz son ejemplo de cómo puede haber inversiones sin que se produzca derrama tecnológica ni se generen polos de desarrollo regional. Según cifras del Inegi, y cálculos del especialista Gerardo Esquivel, sólo el 5% del valor agregado de la actividad económica en el sector automotriz se distribuye como pago al factor trabajo; el otro 95% lo acapara el factor capital.

En otras ramas industriales de la economía mexicana, el factor trabajo puede representar hasta el 27% del valor agregado de la actividad económica. En los países desarrollados en general el factor trabajo alcanza entre el 65 y el 70% del valor agregado total.

No podemos tolerar que sea el efecto de la devaluación del peso en las remesas el único factor que explica que no se haya caído el consumo doméstico. Mejorar la calidad y equidad fiscal y laboral permitirá en el futuro cercano a los mexicanos un verdadero repunte de la demanda y el fortalecimiento del mercado interno. Y de pasada nos libraremos de la pesadilla del abominable Trump.

— Belman, D. y Paul Wolfson (2014). What Does the Minimum Wage Do? en W.E. Upjohn Institute, recuperado de  http://research.upjohn.org/up_press/227/ el 24 de oct. 2016

jesusalvarezgtz@gmail.com

http://heraldo.mx/tag/ciudad-viva