Por: Octavio Díaz García de León

@octaviodiazg

Felicidades a los ciudadanos de Estados Unidos que festejan la independencia de su país

 

En días pasados se agotó la gasolina y el diésel en el estado de Aguascalientes. Zacatecas corrió la misma suerte y una parte de Jalisco también, afectando a la ciudad de Guadalajara. En el estado de Aguascalientes la mayoría de las gasolineras cerraron al agotarse sus existencias, después de que largas filas de vehículos, en algunos casos de varias cuadras y con tiempos de espera de más de dos horas, terminaron con el abasto de combustible.

Creo que no hay antecedentes en la historia reciente de nuestro país en donde dos estados estén a punto de la parálisis por la falta de gasolina, pero el problema afecta también a Puebla, Jalisco, Tlaxcala, partes de Guanajuato y San Luis Potosí. Si bien México por décadas ha sido exportador de petróleo, es un productor ineficiente e insuficiente de gasolina; sale más barato comprarla en el extranjero que producirla en México. Pero ha demostrado ser aún más ineficaz para cuidar los ductos que transportan el combustible.

Ya desde octubre del año pasado se reportaban problemas de abasto en Aguascalientes y a principios de enero hubo ya una pequeña crisis. En esta ocasión desde principios de junio se advertían señales de que la cosa podía empeorar y ya para mediados del mes el problema estaba francamente declarado. Lo increíble es que a pesar de que desde hace meses se advierte que hay un problema grave de abasto, haya llegado el día en que efectivamente se agotaron las existencias de gasolina y diésel. Esta fue una crónica de una crisis largamente anunciada sin que las autoridades pudieran impedirlo.

Los habitantes de la ciudad de Aguascalientes son especialmente dependientes del uso de coches. Por lo extendido de la ciudad, por las buenas vialidades con que cuenta, por tener un servicio de transporte público limitado ya que no llega a todos los rincones de la mancha urbana, sino solo a las vialidades más importantes, el automóvil se ha vuelto una necesidad y su uso es clave para el funcionamiento de la ciudad. El impacto que esta situación puede tener en la capital y el resto del estado puede ser muy importante si no se le atiende con celeridad.

De acuerdo a diversas notas periodísticas, el problema se origina por el robo de combustibles a los ductos de Pemex. Ello ocasiona que no se pueda distribuir la gasolina por esa vía y se tenga que hacer por medio de pipas, con el peligro inherente de transportarlo de esa forma y la imposibilidad de abastecer conforme al consumo requerido. De acuerdo a esas mismas notas, el problema parece estar centrado en el estado de Hidalgo de donde salen los ductos de la refinería de Tula aunque el problema es muy grave también en Tamaulipas y Veracruz, entre otros.

¿Qué pasa en esas entidades que reportan una alta incidencia de tomas clandestinas? Que la delincuencia organizada opera sin mayor problema para ordeñar esos ductos y nuevamente es capaz de poner en jaque a la actividad económica de una buena porción del territorio nacional. Por otra parte, es una muestra nuevamente de la incapacidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública para contener uno de los problemas más graves que aquejan al sector energético. ¿De qué sirve la reforma energética si el Estado Mexicano no es capaz de garantizar la seguridad de las operaciones de su propia empresa petrolera? ¿Qué les espera a los inversionistas extranjeros? ¿Se les permitirá contratar ejércitos mercenarios como cuando operan en Irak y otros lugares de alto riesgo? ¿Estaremos viendo la llegada a nuestro territorio de los herederos de la empresa Blackwater –de triste memoria por sus abusos y ahora llamada Academi–, a Haliburton y a otros mercenarios que florecieron en la década después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos?

Lo preocupante es que el robo de combustible haya llegado a tal extremo de poner en entredicho la viabilidad de dos estados y en problemas a varios más. Seguramente las alertas de seguridad nacional ya se encendieron, pues una situación de desabasto generalizado de gasolina puede afectar no solo la actividad económica sino los servicios de seguridad, de salud, de emergencia y provocar gran malestar entre la población, poniendo en riesgo a las instituciones del Estado si la situación se prolonga en exceso.

De acuerdo con información de Pemex, a la otrora paraestatal le roban alrededor de 27,000 barriles diarios de gasolina con un costo de 17 mil millones de pesos anuales. Entre 2013 y 2014 se estima que las pérdidas ascendieron a 33,500 millones de pesos. De enero a octubre de 2014, se perforaron más de 2,481 tomas clandestinas que representan un tercio más respecto a 2013. Estas pérdidas, según Petróleos Mexicanos, corresponden a 7.5 millones de barriles y su precio ronda 1,160 millones de dólares.

Lo que vivimos en Aguascalientes y Zacatecas estos días, es prueba de que la delincuencia organizada sigue operando con impunidad un negocio sumamente lucrativo en el que participan funcionarios corruptos de la ex paraestatal y otras autoridades cómplices. Una vez más, el reto para el Estado Mexicano es recobrar los espacios perdidos ante la delincuencia organizada: en este caso los ductos que llevan los combustibles y normalizar el abasto de combustible de inmediato.

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