El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, señaló que los actos de embargo contra usuarios del servicio de agua potable por incumplimiento en el pago, son legales, al tratarse de un adeudo de naturaleza civil.

Enfatizó que la CEDH no puede intervenir sobre estos actos, pues la ley garantiza el abastecimiento mínimo, pero no señala, bajo alguna circunstancia, que no se deba pagar por este servicio si existe un adeudo.

Consideró que el incumplimiento en el pago de manera persistente por quienes sí pueden hacerlo, es un tema que debe analizarse para establecer criterios que mejoren el cumplimiento de la ley que garantiza el acceso, sin que esto se malinterprete como el acceso al vital líquido de forma gratuita.

Subrayó que la prestación del servicio de agua potable implica un costo que debe ser cubierto, aun cuando el suministro se considere un derecho fundamental, que debe cumplirse para todos, sin menoscabo para quienes sí pagan por ella, contra los que deciden no pagar por el servicio.

Agregó que por esta razón, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, han fijado postura clara en el sentido de que cada persona debe recibir al menos 50 litros diarios en forma asequible y accesible, sin que esto establezca la gratuidad.

Recordó que en su momento se planteó la instalación de medidores especiales por parte de la concesionaria, que podrían ayudar a fin de que las personas que no tienen el recurso para cubrir el servicio del agua, estén limitadas al abasto mínimo, sin que se llegue a generar un adeudo mucho mayor, en razón de que deban pagar si consumen un nivel mayor al que establece la ley.

Asimismo, enfatizó que la operatividad legal de la concesionaria está avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que comenzó la operación del servicio en la capital, y cuenta con las facultades para asumir las medidas coercitivas de pago contra sus deudores.