* Las corporaciones ahora se denominarán “Instituciones Policiales”
 * En manifestaciones, se evitará la confrontación con los participantes

En sesión de la Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el diputado Enrique Juárez Ramírez, se aprobó el dictamen que contiene la Iniciativa de la Ley de Uso de la Fuerza en el estado.
Se busca evitar la brutalidad y garantizar que los elementos policiacos actuarán bajo los principios legales para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar la impartición de seguridad en la entidad.
Se atenderá el lenguaje de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para referir como “Instituciones Policiales” a toda instancia que realice actividades policiales, además de evitar clasificar armas de acuerdo al Artículo 10 de la Constitución, la extensión de los principios sobre el uso legítimo de la fuerza y sus niveles de tres a seis, siendo éstos congruencia, oportunidad, proporcionalidad, legitimidad, necesidad e idoneidad.
La legítima defensa se remite al Artículo 27, Fracción II del Código Penal para el Estado. Sobre el uso de armas se establece que los funcionarios encargados las emplearán en defensa propia o de alguien más, peligro inminente de muerte o lesiones graves o la de evitar un delito grave que amenazara una vida, detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
También debe darse información inmediata a las personas aseguradas como el motivo de la detención; que es considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario; que tiene derecho a declarar o guardar silencio, y en caso de que decida declarar, tiene derecho a no inculparse; que tiene derecho a un defensor de su elección y si no cuenta con uno, el Estado se lo proporcionará.
En lo referente a el uso legítimo de la fuerza y manifestaciones, se estableció que el Estado debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público y la actuación debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o confrontación con los manifestantes, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Juárez Ramírez refirió que en las responsabilidades de superiores jerárquicos consideraron que es jurídicamente válido establecer que serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento, de que el policía bajo su mando haya cometido una falta como ocurriría si hace uso indebido de la fuerza y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.
Las corporaciones consideradas por esta normatividad son los cuerpos operativos de protección civil estatal y municipales, los cuerpos de bomberos y rescate, las empresas de seguridad privada, de similar naturaleza que operen o se instalen en el estado y los cuerpos de guardias forestales adscritos en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y el Instituto del Medio Ambiente del Estado. En este punto clarificó que los elementos operativos de las Corporaciones Auxiliares de Seguridad, cuando deban hacer uso de la fuerza en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del estado, deberán hacerlo conforme a lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a los principios, niveles en el uso de la fuerza, técnicas, métodos y demás reglas que permiten el Uso Legítimo de la Fuerza.
La reparación de daños por hacer uso indebido de la fuerza contempla lo establecido en el Artículo Primero de la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas, que en el artículo 27 comprende la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
Será el Poder Ejecutivo el encargado de emitir el reglamento de este nuevo ordenamiento, y las Instituciones Policiales deberán emitir sus respectivos manuales de técnicas para el Uso Legítimo de la Fuerza, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de que inicie su vigencia el reglamento.