Por: Octavio Díaz García de León
Twitter: @octaviodiazg

En México no existe una buena comprensión de lo que es la Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional vigente tiene que ver más con la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Consejo de Seguridad Nacional que con un concepto amplio que incluya el papel de las fuerzas armadas. Es una Ley de alcance limitado y hace falta que se actualice.

Se puede definir a la Seguridad Nacional como el conjunto de acciones encaminadas a garantizar la integridad del Estado: proteger a su población, a su territorio y a sus instituciones de las amenazas externas (otras naciones y grupos terroristas sin nación) o internas (grupos subversivos y separatistas, entre otros).

En los países con influencia mundial tales como los países desarrollados de Europa, Rusia, China, Japón y Estados Unidos, en países cuya existencia está amenazada por sus vecinos como Israel, Irán, India, Pakistán y las dos Coreas o países con amenazas separatistas como España y Gran Bretaña, sus ciudadanos y gobernantes tienen claro lo que implica garantizar la seguridad nacional.

Pero en México hay muchas distorsiones derivadas de la falta de comprensión en esta materia. Por ejemplo, algunos burócratas federales invocan razones de seguridad nacional para no tener que licitar la adquisición de bienes y servicios porque prefieren adjudicar contratos a sus empresas o personas favoritas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contempla entre las excepciones para no llevar a cabo una licitación, las de seguridad nacional. Por ejemplo, se justifica esta excepción en casos de compra de armamento, equipo de intervención telefónica o la compra de vehículos para actividades de inteligencia. Pero es menos justificable la adjudicación directa del contrato, por razones de seguridad nacional, en el caso de la construcción del nuevo hangar presidencial. Una cosa es reservar la información de los planos y las instalaciones del mismo, lo cual se justifica, y otra asignar el contrato directamente a la empresa de un contratista amigo.

También existe una proliferación de instancias de seguridad nacional, no solo porque se facilita asignar contratos discrecionalmente, sino también para no cumplir con la Ley del Servicio Profesional de Carrera que requiere que los puestos de Dirección General hasta Jefe de Departamento sean concursados. Como dicha Ley no aplica a las instancias que pertenecen al sistema de seguridad nacional, se aprovecha para nombrar directamente a los funcionarios sin hacerlos concursar. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existen 11 instancias de seguridad nacional, 5 en la Secretaría de Hacienda y 4 en la Secretaría de Relaciones Exteriores (http://www.cisen.gob.mx/snSSNacTema4.html). No estaría de más revisar si se justifican todas estas instancias.

En materia de transparencia ocurre lo mismo. La Ley en la materia prevé el reservar información si se justifica por razones de seguridad nacional. Pero invocar dicha excepción para negar las bitácoras de vuelo de aeronaves que utilizan funcionarios para cuestiones personales, es torcer el espíritu de la Ley. (Ver: http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2015/08/golpe-la-transparencia.html)

También existen las partidas para gastos de seguridad nacional, las cuales han crecido en forma importante. En 2007 ascendían a $395.2 millones de pesos (MDP) (Partidas 3823 y 5802, Cuenta Pública 2007) y en 2015 se habían presupuestado $4,930.8 MDP (Partidas 33701 y 55101, PEF), o sea un crecimiento de 1,247%. Y es que los gastos asociados con esta partida no se hacen públicos ni se fiscalizan de forma adecuada. Con este crecimiento y la falta de rendición de cuentas sobre el mismo se corre el riesgo de que este tipo de gastos se convierta en el equivalente a la antigua “partida secreta” que usaba de forma discrecional el Presidente de la República.

Finalmente, también asociado con el concepto de Seguridad Nacional está el pago por riesgo a funcionarios. Este pago se contempló como una compensación extraordinaria para aquellos servidores públicos que exponen su vida en sus actividades cotidianas, como pueden ser policías, agentes del CISEN y otros funcionarios que exponen su vida al realizar su trabajo. Pero es menos creíble pensar que los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, los ministros de la Suprema Corte, o Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Ver: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=723180&md5=f0e6af23f14d50c578350a8f9e5fe3dc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe) reciban un pago por riesgo. Los dispositivos de seguridad que les protegen con choferes, guardias, escoltas y camionetas blindadas son más que suficientes. Este gasto ha crecido 3,621% entre 2007 y 2015, pasando de $34.3 MDP a $1,242.2 MDP (Partida 15902, ver Cuentas Públicas y PEF) y se ha desvirtuado el espíritu del pago convirtiéndose más bien en un jugoso sobresueldo.

La confusión en el concepto de Seguridad Nacional no para allí. Otro aspecto lamentable es que se haya puesto a realizar labores de custodia carcelaria a agentes del CISEN, lo cual se evidenció en el caso del Chapo, cuando las labores del CISEN no tienen nada que ver con actividades de vigilancia de cárceles. El lamentable secuestro del delegado del CISEN en el Estado de México pudo deberse a que se haya puesto a esta institución a realizar labores de seguridad pública relacionadas con el narcotráfico. Lo mismo sucede con el uso del Ejército Nacional y de la Marina Armada de México en labores policiales. Hace falta acabar con la confusión y usar los conceptos, instituciones y herramientas legales de seguridad nacional para lo que fueron creados, pues de continuar estas distorsiones, se podría afectar a la seguridad nacional.

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