Gran polémica ha ocasionado el dictamen recién aprobado, sobre reformas a la Ley de Estacionamientos, con el objetivo de que este servicio sea gratuito en los centros comerciales; el dictamen fue avalado por la Comisión de Transporte Público del Congreso, con cuatro votos a favor, de los diputados Lourdes Dávila Castañeda, Verónica Sánchez Alejandre, Jesús Eduardo Rocha Álvarez y Salvador Dávila Montoya; y uno en contra, el del legislador Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba.
Hay dos posturas, una se refiere a que los clientes no deben pagar cuota, mientras consuman bienes o servicios; la otra, que este tipo de negocios puede ampararse, al afectarse sus intereses, porque un cliente pueden dejar todo el día su vehículo en el aparcamiento a cambio de adquirir “una chuchería”, aunque hay los que hacen fuertes compras.
El promovente de la iniciativa, diputado Oswaldo Rodríguez García, refirió que la propuesta que reforma la Ley de Estacionamientos de Vehículos para los Municipios del Estado, se remonta a la ley de 1989, que contemplaba la obligación de los negocios de brindar estacionamiento a sus clientes de forma gratuita.
Consideró que de ninguna forma se atenta contra la propiedad privada, por el contrario, se atiende el interés público.
Se busca regular un conflicto de utilidad pública, dado que la Ley de Estacionamientos original expresa claramente que los estacionamientos “públicos gratuitos” son “los establecidos en las áreas, inmuebles, edificaciones o instalaciones que se utilizan fuera de la vía pública para el estacionamiento y/o guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales, centros comerciales, de espectáculos y de trabajo”.
Explicó que desde 1989, cuando se aprobó la ley, la autoridad municipal, al otorgar cada permiso de cobro de estacionamiento a cada negocio, reiteradamente actuó contra la legislación, por lo que esta nueva medida será un freno a una violación sistemática de la ley.
“Inicialmente, se buscó que las empresas que hubieran generado derechos, otorgaran dos horas gratuitas de estacionamiento a los ciudadanos que realizaran una compra o adquieran algún servicio, sin embargo, el Ayuntamiento acordó con los propietarios instituir un pago excluyendo las primeras dos horas, y aun así los empresarios no respetaron la medida al generar un trámite engorroso para los consumidores que acudían a los centros comerciales”, subrayó.
Por esta razón, añadió, nos remontamos al texto original de 1989 para hacer efectivo que el estacionamiento sea gratuito sin condiciones, ni trámites adicionales.
Sabemos, dijo, que se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia privilegie a los empresarios y desobedezca el mandato constitucional del artículo 27 que claramente señala: La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Aclaró que se respeta integralmente la propiedad privada, y en ningún momento se ve amenazada la libertad de comercio, como se ha querido argumentar.
Reiteró que esta reforma no actúa contra el comercio, al contrario, lo estimulará en la medida de que no se añadirá el cobro de estacionamiento a la decisión de realizar alguna compra: este cambio legal tampoco afecta a los estacionamientos que brindan exclusivamente ese servicio.