Este miércoles, 30 de noviembre, concluye la gestión del gobernador José Carlos Lozano de la Torre y a partir de mañana la historia se encargará de juzgar el trabajo que desempeñó durante los seis años que estuvo al frente de la administración estatal.

De los funcionarios de primer nivel que iniciaron y no llegaron al final son: Miguel Romo Medina, secretario de gobierno; Javier Aguilera García; jefe de gabinete; el contralor general Alberto Solís Farías; el secretario de Seguridad Pública, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy; el procurador de justicia Felipe de Jesús Muñoz Vázquez; el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Oscar Augusto López Velarde Vega, y el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, Isidoro Armendáriz.

Algunos se fueron por razones personales, otros obligados por las circunstancias o pasaron a ocupar una delegación federal y sólo Romo Medina quedó como senador de la República, cargo que hasta la fecha cumple.

Entre los que sí aguantaron el paso están Jorge Ramón Durán Romo, secretario del Medio Ambiente; José Francisco Esparza Parada, titular de la Secretaría de Salud; José Alejandro Díaz Lozano, secretario de Finanzas; Carlos Alejandro Alba Felguérez, presidente del Patronato de la Feria de San Marcos; Carlos Alberto Ruvalcaba Arellano, coordinación de Planeación y Proyectos; Irma Gabriela Garza Rodríguez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Antonio de la Cerda González, director de Capacitación para el Trabajo; José de Jesús García Campos, director general del Instituto del Deporte; Rodolfo González Farías, director general del Hospital Miguel Hidalgo; Dulce María Rivas Godoy, directora general del Instituto Cultural; Guillermo Alejandro Saúl Rivera, director general del Instituto del Agua; Víctor Vera, secretario particular y Marcial Alfredo Díaz Reséndiz, director de Servicios de Apoyo.

Los compromisos aceptados por el ingeniero Lozano de la Torre el uno de diciembre de 2010 fueron: una gran alianza social contra la pobreza; informar puntualmente sobre los resultados; un gobierno honesto; realizar auditorías constantes; no más negocios desde el gobierno; una justa política tributaria; frenar la evasión y elusión fiscal y que no habría persecución ni impunidad.

En presencia de los miles de invitados, entre ellos el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora y del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, afirmó: “Propongo una gran alianza social con dos objetivos concretos: salvar de la pobreza extrema a 13 mil familias y beneficiar a otras 50 mil familias para que eleven sus condiciones de vida con base en un enfoque integral y no asistencialista”.

De su programa de gobierno, CLT estableció que impulsaría el empleo, el crecimiento económico y la competitividad de la planta productiva, mayor seguridad pública y humanización de la justicia, lo que permitirá eliminar rezagos sociales y acercar a los beneficios generales a los que menos tienen.

A 72 meses de distancia los aguascalentenses podrán calificar qué fue lo que cumplió y cuáles fueron los alcances de su administración. Las loas y críticas que se expresen serán parte del epitafio que acompañen la última página de un libro que se cierra y que como toda obra humana tendrá elementos suficientes para el comentario.

AUMENTA LA HERENCIA

Tener presencia más allá del período constitucional es el sueño de todo funcionario y no hace falta que lo ratifiquen en el cargo, basta con plantear un programa de interés social y, de alguna manera, forzar a la siguiente administración para que lo lleve a cabo.

Esto es justamente lo que hacen en la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Aguascalientes, que ya le tiene chamba a la alcaldesa electa Teresa Jiménez, con 119 proyectos de electrificación, que a decir del titular de esa área, Héctor Anaya Pérez, no hubo los recursos federales para concretarlos.

A tres años reconoce que 50 comunidades y rancherías continúan sin acceso a los servicios de energía eléctrica y de alumbrado público, por lo que más de 600 familias, que en promedio significan 3,900 habitantes, alumbran sus hogares con velas y otro tipo de aparatos, pero la vía pública está a obscuras con todo lo que esto representa.

En pleno Siglo XXI, calificado como el de los grandes avances tecnológicos, las viviendas están como en tiempos de la Revolución, aunque en su descargo el funcionario asegura que el 99.6% de la población total del municipio cuenta con ese tipo de servicios.

Lo que se pretende con la entrega del expediente es que la nueva administración lleve a cabo la inversión, lo que será posible si se tienen los recursos, que como se sabe la Federación anunció un recorte a las partidas estatales y municipales, hecho que obligaría a que se haga con fondos propios.

Es difícil que la futura alcaldesa se sustraiga de la necesidad que tienen las familias de contar con energía en su casa y en la calle, pero habrá quien, desde el pasado, asegure que se hizo porque se dejó todo armado, lo que más bien sería una falta de planeación, ya que si desde el principio de este trienio se sabía de esa exigencia debió haberse cumplido y no sólo hacer los estudios.

ELIMINAR EL REZAGO

Los nuevos diputados están como los que les antecedieron, llegan con grandes proyectos para que la sociedad los conciba como distintos, pero a final de cuentas caen en la misma actitud, tan es así que no se fijaron como meta eliminar los asuntos en cartera, sino de presentar sus propias iniciativas.

En total fueron 104 asuntos los que recibieron, algunos tan antiguos que tienen más de ocho años, lo que la lógica dicta que sean dictaminados para dejar limpio el archivo, pero desde su origen se les consideró como una “papa caliente”, por lo que se fueron quedando y ahí siguen hasta estos días.

En la pasada LXII Legislatura estuvo a punto de salir la Ley de Protección a la Vida y a la Maternidad y la Ley de Sociedad Civil en Convivencia, pero en ambos casos les temblaron las corvas a diputadas y diputados, que a lo más lejos que llegaron fue señalar que se hacían estudios y sopesar qué era lo mejor para la colectividad, aunque en el fondo hubo temor a las reacciones de los grupos de derecha e izquierda, que han presionado para que se aprueben o rechacen, según el punto de vista de cada quien.

También están sobre el escritorio la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que por la importancia que revisten deberían de ser aprobadas a la mayor brevedad, lo mismo que la Ley del Seguro del Desempleo y la Ley Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes, misma que debería existir desde hace bastante tiempo teniendo en cuenta que es una institución con más de 100 años de creada.

Otras iniciativas que están en la lista de espera son la de Ley de Protección al Migrante, las reformas a las leyes de Vialidad, de Salud y de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y modificaciones al Código Civil y a la Constitución local, entre otras.

En lugar de eliminar el atraso lo primero que hicieron algunos miembros de la LXIII Legislatura fue presentar iniciativas, que seguramente tienen importancia, pero sería preferible que los 27 se repartieran los 104 expedientes, correspondiéndoles menos de cuatro a cada uno y en un plazo perentorio entreguen el dictamen correspondiente. Sería de mayor beneficio para ellos y para la sociedad, a tener el traspatio lleno de expedientes viejos.