Cecilia de Santos Velasco

El presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo se amparó ante la Justicia Federal, a través de una resolución administrativa, para suspender provisionalmente la inhabilitación por dos años y destitución del cargo que el Congreso del Estado le pretende imponer en el vigente segundo periodo extraordinario de sesiones, a causa de las reiteradas violaciones a los artículos 40 y 134 de la Constitución Política durante el pasado proceso electoral.
Tras recibir la notificación del Juez de Distrito, el presidente de la mesa directiva de este segundo periodo extraordinario, diputado Jorge Varona Rodríguez informó que se analiza el amparo federal para acatar las disposiciones de las autoridades jurisdiccionales y determinar si se puede o no deliberar el punto de acuerdo, presentado y aprobado por la Comisión de Gobierno, durante este periodo de sesiones.
Por su parte y desde la postura del alcalde Juan Antonio Martín del Campo, consideró que el Congreso del Estado pretendió sancionarlo sin respetar su derecho de audiencia, el principio de legalidad y el debido proceso, motivo por el cual acudió a la justicia federal para solicitar el respeto a sus garantías, y el Juez de amparo determinó que no se tomará ninguna decisión por el Congreso, hasta que sea revisado el procedimiento por el Juez.
El equipo jurídico del primer edil aclaró que ésta es una resolución administrativa, no electoral. Si el Congreso del Estado quiere votar el punto de acuerdo, entonces se enfrentarán a problemas con la justicia federal.
Esto, porque la Ley de amparo, en su artículo 262, establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión.
En la fracción tercera se dispone que quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
Por su lado, el legislador Jorge Varona Rodríguez reconoció el derecho del alcalde Juan Antonio Martín del Campo de proceder en los términos de ley en su legítima defensa.
No obstante reiteró que toda violación a la Constitución de la República es grave. El primer edil cometió 10 violaciones a la Constitución de la República, en los artículos 40 y 134. Y sobre todo que fueron violaciones de forma reiterada, deliberada, sistemática, entonces eso lo hace mucho más grave a su criterio, dijo.
Finalmente si este punto de acuerdo llega a la discusión del pleno, dijo que los legisladores de todas las fracciones parlamentarias analizarán y votarán a conciencia cada uno de los diputados, conforme crean pertinente; a criterio del PRI sí se sustenta.
Dijo que este punto de acuerdo no es un juicio político. Ya lo juzgó el tribunal electoral al declararlo responsable de los actos que se le imputaron, cuya instancia ordenó al Congreso, aplicar una sanción relativa al artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, una de carácter administrativo.
Cuando se vote este punto de acuerdo, se requiere mayoría relativa, es decir 14 votos, es decir, la mitad más uno. No es juicio, por lo tanto no se requiere mayoría calificada, sostuvo.
Para el próximo 31 de octubre del 2016, habrá una audiencia con el Juez de Distrito y ahí el juez tomará una determinación y también el Congreso del Estado actuará conforme a derecho.