Por Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaFortalecer el mercado doméstico, a partir de elevar el poder de compra de los mexicanos, nos permitiría disminuir la vulnerabilidad de nuestra economía, sujeta actualmente a los vaivenes externos. De acuerdo a la última encuesta del Banco de México, los especialistas consideran que más de la mitad de los obstáculos al crecimiento económico están fuera de nuestro control (25% el petróleo, 26% la economía y finanzas mundiales).

En este sentido, la mejor vía para consolidar un mercado interno es crear condiciones legales, fiscales, laborales e industriales que incentiven a las empresas para la generación de empleos suficientes, formales, productivos y bien remunerados, como ahora reconocen la OCDE, el Foro Económico de Davos, el Banco Mundial y hasta el propio FMI. Además de garantizar la seguridad y el estado de Derecho, el punto de arranque es establecer un salario mínimo digno, como lo definen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

Mientras en los países desarrollados están preocupados por su creciente desigualdad social, en México todavía parece atrevido exigir públicamente una política explícita de elevación salarial. Hay quienes insisten en repetir tesis neoliberales simplistas que dejaron de ser válidas hasta para los propios organismos financieros internacionales. Argumentan, por ejemplo: “Subir los salarios por decreto es populista y absurdo, ya que genera inflación, la cual es un impuesto injusto”. O también: “No es relevante cuánto ganas, sino lo que puedas adquirir con esos recursos”. Y, finalmente: “Si se obligara a aumentar los salarios quebrarían los patrones y disminuirían los empleos, generándose una gran concentración de la riqueza y la depauperización de amplias capas de la población”.

La realidad es que por haber contenido y disminuido los salarios reales durante las últimas tres décadas, México enfrenta ya todos los males que esos analistas temen que ocurrirían si subieran los salarios:

1) alta concentración de la riqueza: el 1 por ciento más acaudalado ha acumulado más de la mitad de la riqueza nacional (Oxfam);

2) mala distribución del ingreso: el 10 por ciento mejor posicionado gana 30 veces más que el 10 por ciento más bajo de la población (OCDE);

3) depauperización: el 43 por ciento de la población no alcanza a pagar la canasta alimentaria básica con el salario conjunto de los miembros de la familia que trabajan; sobreviven gracias a las remesas de sus parientes en Estados Unidos (Coneval);

4) insuficiencia de empleo: dos millones de mexicanos desempleados, cuatro millones de subempleados y seis millones de “desesperanzados” (ya ni siquiera buscan empleo aunque lo necesitan y están disponibles) (Inegi);

5) alta mortandad de las empresas: el 40 por ciento de los negocios quiebra antes de cumplir su primer año, por falta de mercado para sus productos (Inegi);

6) mediocre crecimiento económico: entre dos y tres por ciento de tasa anual, apenas arriba del crecimiento demográfico (Inegi);

7) bajo producto per cápita (PPC): menor a diez mil dólares al año, lo que nos sitúa abajo del lugar 70 en la tabla internacional (Banco Mundial); y

8) la bomba de las pensiones: sólo un tercio de los mexicanos tienen derecho a pensión, y ésta será equivalente a un tercio de lo que perciben en activo. Si no aumentan los empleos de calidad, ¿cómo hará el país para proteger en el futuro cercano a la creciente cantidad de adultos mayores?

Durante estos treinta años supusimos que bastaba con contener los salarios para atraer enormes flujos de inversión extranjera directa (IED), pero el volumen promedio anual apenas ronda los 22 mil millones de dólares, incluyendo reinversiones, un tercio de lo que recibe Brasil. Los montos de IED mejoraron sólo cuando vendimos a los extranjeros los bancos hace algunos años, o la Cervecería Modelo en 2013 y Iusacell/Unefon en 2015. Estos cambios de propiedad no generaron desarrollo al país.

Le apostamos al motor de las exportaciones, y, efectivamente, ha habido sectores muy dinámicos como el automotriz y aeroespacial, que acceden fácilmente al mercado estadounidense, pero su contenido nacional es menor al 20 por ciento. Generan poco empleo (se requiere hasta un millón de dólares de inversión por empleo) y, además, la mayoría de los 700 mil trabajadores ocupados en la industria automotriz realizan actividades automatizables de maquila o ensamblaje de piezas.

Nissan presume que “los obreros mexicanos son tan productivos como los japoneses”, pero les paga diez veces menos en la planta de Cuernavaca y veinte veces menos en la planta de Aguascalientes que en Japón, lo que relativiza el concepto de “productividad”.

México se ha estancado alrededor del lugar 40 de 61 países en el Índice Global de Competitividad del IMD Business School. Sale bien evaluado en estabilidad de precios, pero mal en infraestructura básica, tecnológica, científica, educación, salud y medio ambiente. El más grave es el rubro de educación, donde nuestro país ocupa la posición 58.

Fincar la competitividad del país en salarios bajos nos condena a un subdesarrollo económico estructural. En cambio, apoyar en serio la competitividad de las empresas, requiere consolidar las reformas en contra de los monopolios en sectores clave (electricidad, gasolina, comunicaciones, telecomunicaciones, bancos), así como un combate eficaz a la inseguridad, la corrupción y la impunidad, vicios que aumentan gravemente los costos de hacer negocios en México.

jesusalvarezgtz@gmail.com

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