Noé García Gómez

El robo está tipificado como un delito, y es sin duda uno de los delitos más cometidos en nuestro país y el mundo, la tentación de tomar algo ajeno en circunstancias que se piensan favorables despierta la ambición por poseerlo y sacar provecho. En un país como el nuestro, que la corrupción y la impunidad corroen el sistema político se pensaría que los delincuentes pueden evadir las sanciones fácilmente, pero hay un sector de la población que indica que no es así.

México está construido en la desigualdad y los contrastes, así lo dice el último reporte de las OCDE, que cataloga a nuestro país como el más desigual entre sus miembros. Ese fenómeno del trato diferenciado y la desigualdad también se da en la persecución y sanción de los delitos, en la aplicación de la justicia. La realidad de nuestro país indica que actualmente hay 55.3 millones de personas que se pueden considerar con algún grado de pobreza según la Coneval y con una tendencia a la alza, ya que del 2012 al 2014 aumentaron en 2 millones.

Según reportes de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF existen alrededor de 7 mil personas en el país que purgan condenas de hasta 10 años de cárcel por robar comida, la mayoría madres de familia que acuden a centros comerciales y hurtan productos como mantequilla, yogurt, leche, pan, carne o pollo, donde la constante en sus declaraciones es la falta de dinero para alimentar a sus hijos y familia.

Este delito se conoce como robo famélico que consiste en la sustracción de productos de primera necesidad, sin emplear los medios de violencia física o moral, y se apoderan de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Este tipo de delito habitualmente lo cometen personas de escasos recursos en tiendas departamentales de las grandes cadenas. Estas empresas tienen la política de llamar a la policía y presentar denuncia, y son las que tienen mayor tasa de éxito en la persecución y condena de este tipo de delitos.

Se puede leer y escuchar algunos medios especializados en el periodismo policiaco, de casos donde personas en nuestro estado, son capturadas por robar alimentos. Recuerdo dos en especial; el primero dos mujeres robaron leche en polvo y una charola de carne; el otro caso de una mujer que fue sorprendida por intentar sustraer leche, medicinas y toallas íntimas, ambos casos fueron situados en el mismo nivel de espacio de vivales profesionales, y sin ninguna consideración o versión de las inculpadas. Estas personas no solo enfrentan un proceso legal, sino ya fueron condenadas mediáticamente sin ser siquiera procesadas.

Moralmente se tiene que reconsiderar dicha condena, la mayoría de las religiones tienen algunas consideraciones para el robo por necesidad, por ejemplo el catolicismo en su Catecismo dice “El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes si el dueño no podría negarlo con razones sólidas, y si su negativa fuera contraria al destino que Dios ha dado a los bienes materiales para remediar las necesidades de todos los hombres.” (cf GS, 69, 1)

A nivel federal el Código Penal Federal especifica dicha circunstancia para tener alguna consideración cuando se comprueba que se apropió de algún producto para satisfacer sus necesidades, entonces no se le aplica pena; pero las grandes tiendas buscan atribuirle otras circunstancias como el hecho de que estén acompañadas o tengan algún tipo de objeto que lo puedan hacer pasar como arma (cintos, cortaúñas etc.) para pedir que se constituya una agravante y así iniciar el proceso y sentencia.

Creo que el delito de robo debe ser perseguido, pero también no criminalizar la pobreza y más en las circunstancias del país, el delito se tienen que sancionar en función y en proporción del daño causado. Es increíble cómo grandes defraudadores al erario público o delincuentes desconsiderados estén libres o purgando penas irrisorias, en cambio los pobres están sobrepoblando las cárceles y sin ninguna política de reinserción social.

En el caso de Aguascalientes nuestra legislación penal no establece ninguna consideración para el robo por necesidad o robo famélico, algo que nuestros diputados deberían contemplar. En una primera instancia se debería eximir de la pena con el simple hecho de devolver lo sustraído o reparar el daño, en una nueva circunstancia con la aplicación de trabajo comunitario.

Lo ideal sería vivir en un país que genere las condiciones de un combate efectivo a la pobreza y que esta circunstancia no orille a nadie al robo por necesidad, pero en tanto no se dé esto, se tiene que adecuar nuestras legislaciones para una mejor valoración.