Salvador Rodríguez López

Mientras que en el Congreso del Estado imitan al Quijote, el entramado jurídico se mantiene sin cambios, pese a que hay nuevas figuras delictivas que exigen definir grados de responsabilidad de los infractores y las sanciones correspondientes.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, precisó que hay nuevas modalidades criminales que exigen una revisión de la legislación penal, principalmente el uso de las tecnologías y las redes sociales, ya que a la hora de definir cuando hay delito y de qué manera se debe castigar, resulta que no aparece en las disposiciones, lo que pone en un dilema a los jueces.
Señaló que mediante el uso de dispositivos electrónicos, tanto particulares como instituciones pueden participar en conductas que pueden causar daño, sea a una persona, a un organismo empresarial o educativo, a la administración pública y en general, todos pueden ser objeto de una ofensiva y que, a la hora de que llegue ante el juzgador, tenga que dirimirse en base a lo que está en la ley.
Mencionó que el problema radica desde las llamadas con fines de extorsión, que han perjudicado a gran número de personas en los últimos años, lo mismo que al saqueo de fondos en cuentas bancarias con el uso ilícito de datos personales, “hasta las agresiones hacia todo tipo de personas, sin distinguir edad o condición social”.
En estas condiciones, lo que plantea el magistrado Ponce Sánchez es determinar lo que en derecho procede, para ello tiene que haber una reforma a la ley que incluya los nuevos tipos de delitos, lo que le dará la confianza necesaria al afectado de que el infractor recibirá el castigo que merece.
En materia legal es indispensable ir un paso adelante, por lo que se requiere reconocer que la tecnología es parte de la vida diaria y que así como hay quienes la utilizan para bien, otros buscan un provecho negativo, lo que impacta en sentido emocional, social y económico.
Sobre el particular, el especialista en delitos cibernéticos y redes sociales de la Policía Federal, Ricardo Alexis García López, afirmó que el Poder Legislativo “le está fallando” a la sociedad, por lo que es urgente una legislación nacional ante la incidencia de actos ilícitos cometidos mediante la tecnología, que sin duda alguna avanza más rápido que las leyes.
Manifestó que robos, fraudes, usurpación de identidad, amenazas y pornografía infantil, son entre otros los delitos que derivan del uso de la electrónica, por lo que tiene que incluirse en el marco jurídico las nuevas figuras delictivas.
Es el caso del saqueo de cuentas bancarias, apuntó, lo que se hace por medio de la banca electrónica, “es una acción de la que todos hemos tenido conocimiento y en la cual las investigaciones señalan muchas veces al propio personal de las instituciones bancarias en áreas específicas”.
Afirmó que “son trabajadores que tienen acceso a la información necesaria para poder vaciar las arcas de los cuentahabientes”, por lo que sugirió que en cuenta electrónica sólo se tenga el dinero para los pagos que se harán al banco durante el mes, evitando las inversiones en esta modalidad bancaria, como una medida preventiva.
García López sostuvo que por regla general “los bancos se defienden o culpan al propio cliente de no conservar la secrecía de cuenta y datos personales, cuando en el fondo son los empleados bancarios de áreas específicas quienes suelen tener un papel protagonista en estos delitos”.
En las redes y en los dispositivos electrónicos se detectan sitios dedicados a la corrupción de menores e incitación al suicidio, y quienes están atrás de estos delitos son personas con nombre y apellido que deben castigarse, por lo que en este y en todos los demás casos se trabaja en coordinación con las autoridades fiscales y jurisdiccionales del país para la vigilancia y sanción de cada una de las conductas delictivas, aunque para ello, reiteró, hace falta incluir en la ley las nuevas acciones agraviosas.

SON INDISPENSABLES
La enseñanza que se imparte en planteles particulares forma parte del sistema nacional de educación, labor que está plenamente reconocida en el Artículo Tercero Constitucional, que en los incisos II, III, IV y V establece los criterios a que deben sujetarse quienes están en este marco.
El tercer apartado señala que los planteles particulares “…deberán cumplir los planes y los programas oficiales”, sin que se destaque la obligación de la Secretaría de Educación Pública de hacerle saber los cambios que tengan lugar, sólo advierte que “El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares”.
La presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Guadalupe de la Cerda González, declaró que ninguna autoridad educativa les ha presentado la invitación para que participen en el programa piloto del nuevo modelo que se aplicará en el ciclo 2017-2018.
Por lo anterior han hecho acopio de información vía internet, lo que permite a los colegios prepararse y capacitarse por sí mismos y estar listos para cuando se inicien las clases, con lo que estarán a la par de las escuelas públicas.
Está claro que la educación privada es indispensable en el país, ya que sin ella la SEP no sería capaz de atender al 100% la demanda de los niveles básica y profesional, por ello resulta inexplicable que se le subvalore y luego le exija el cumplimiento de las modificaciones que tienen lugar.
De la Cerda González subrayó que en los últimos nueve años las instituciones privadas en Aguascalientes han crecido mil por ciento, asimismo en 1985 había 20 colegios y actualmente son 160 de educación básica, preparatoria y universidades. Se observa que la matrícula en varios municipios es no sólo de niños y jóvenes de familias pudientes, sino que ha crecido el número de otros sectores que buscan que sus hijos asistan a estos planteles, que se distinguen por su calidad, lo que se logra por razón del diálogo permanente que hay entre padres de familia, educadores y directivos, que asegura elevar el nivel académico y una mejor formación personal.
A nivel nacional son 43 mil 801 escuelas privadas, tanto preescolares como primarias y secundarias, de acuerdo al Sistema Nacional de Información y Estadística de la SEP y las diez entidades que concentran el mayor número de estos planteles son: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Baja California.
Otro dato relevante es que en los últimos 10 años el número de alumnos inscritos en escuelas privadas se incrementó 8.52 puntos porcentuales, mientras que la matrícula en las escuelas públicas aumentó 1.3 puntos porcentuales, lo que algunos analistas atribuyen a las ventajas que ofrecen desde hace tiempo, con la enseñanza de idiomas y por las relaciones sociales que pueden tener desde pequeños y que les servirán en su vida adulta.

TODOS PAREJOS
Como en todo, hay quienes critican a las futuras profesoras por negarse a que la Normal “Justo Sierra” sea mixta, pero otros defienden su postura por considerar que esta disposición no es para todos, ya que hasta la fecha no se menciona que la Normal del Estado vaya a admitir alumnos, como tampoco la de San Marcos, Zac., tenga previsto incluir mujeres. Por cierto que este conflicto ha retrasado el nombramiento del director o directora del plantel, que a estas alturas ya debería estar trabajando en organizar el nuevo año lectivo.